¿Quién decide qué es bueno y qué es malo para nuestra salud? ¿Quién dice cómo te debes alimentar o los productos que puedes consumir? ¿Quién aprueba o desaprueba las medicinas y vacunas que pueden curarte?
Todo esto lo hace una oscura dependencia del gobierno que se llama Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y que pertenece a la Secretaría de Salud. Y sí, ahora su jefe es Hugo López-Gatell, el mismo que también es responsable de la estrategia fallida contra la COVID-19.
En principio, la Cofepris es una buena idea: necesitamos que alguien se encargue de hacer las pruebas para decirnos qué medicinas funcionan bien y asegurarse de que están hechas con la calidad necesaria. También alertarnos sobre cuáles no nos convienen.
También hace todo el sentido que una instancia pública nos informe sobre cuáles alimentos podemos comer con seguridad y cuáles otros no tienen los nutrientes necesarios para alimentarnos con calidad.
Sin embargo, como hay una serie muy amplia de factores que pueden poner en riesgo la salud, la Cofepris se ha vuelto un monstruo que regula desde temas relativos a las medicinas que se pueden recetar en el país hasta el uso de plaguicidas y fertilizantes, o la publicidad de alimentos ultra procesados.
Esa amplitud de funciones ha hecho que Cofepris tome, muchas veces, decisiones que ponen en riesgo la salud de las personas e, incluso, han costado vidas. Tal fue el caso de una medicina esencial para curar el cáncer: el Metotrexato.
A partir del caso de una niña que murió tras consumir el medicamento, la Cofepris le prohibió a Pisa, la empresa farmacéutica que produce el medicamento, seguir haciéndolo. Sin embargo, ese mismo fármaco es vital para el tratamiento de muchas personas que vieron mermada su salud a partir de una decisión irreflexiva de la autoridad.
Y esa no es la única regulación errada de la Cofepris. El etiquetado de alimentos y medicinas es otra de sus decisiones, cuando menos, polémicas, que ha sido cuestionada por desincentivar la competencia, violar instrumentos legales de derechos de autor y propiedad industrial o afectar el comercio exterior.
Otra desaseada actuación de la Comisión fue cuando se tardó cinco días en informar sobre el robo de medicamentos contra el cáncer que se habían importado de Argentina. Después de esperar meses para poder darle medicinas a sus hijos, las autoridades les pidieron a las madres y padres de niños con cáncer que fueran ellos quienes informaran sobre el robo. Los papás contestaron alarmados que exigían a las autoridades que fueran ellas quienes informaran y hasta entonces la Cofepris emitió un comunicado.
Dicho sea de paso, hasta el momento no han logrado solucionar la escasez de medicamentos contra el cáncer en México.
En Cuestione estamos a favor de que la población mexicana tenga seguridad sobre las medicinas y alimentos que consume. También estamos de acuerdo en que es necesario que haya una autoridad pública que haga pruebas sobre los medicamentos nuevos y apruebe los que se pueden usar y los que no.
Lo que no es correcto es que una autoridad con tanto poder tome decisiones que van en contra de la salud de la gente, sus libertades o incluso la economía del país.
Pensamos que, por lo delicado de sus funciones, la Cofepris no puede hacer las cosas a la ligera y menos extralimitarse en sus atribuciones. Y más cuando esta Comisión será la encargada de evaluar y aprobar las vacunas contra la COVID-19. Dada la emergencia, tendrá que hacerlo rápido y eficazmente, porque de ello depende la vida y la economía de millones de personas.
Por eso, esta semana estaremos investigando todos los escándalos en los que se ha visto envuelta esta Comisión, poniendo especial énfasis en las regulaciones que han puesto en peligro la vida de las personas y las que han alterado el mercado en perjuicio de empresas y consumidores.
Editorial de la semana pasada: Terrorismo fiscal: ese gran enemigo de las libertades
