La Carta Magna

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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese documento fundamental, del que siempre hemos escuchado y sin embargo conocemos poco. Sabemos que es crucial en nuestro sistema político, y que es producto de la Revolución Mexicana. Pero rara vez tenemos claro cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana.

En su momento, la Carta Magna que hoy nos rige fue innovadora, ya que fue de las primeras del mundo en incluir derechos sociales, como la autonomía, la libertad y la igualdad ante la ley. Además, definió nuestra división de poderes y tipo de gobierno.

Pero como se planteó en Cuestione la semana pasada, cuando hablamos de cómo los políticos han secuestrado la política, tenemos que subrayar que también han secuestrado las leyes. 

Hoy hablábamos de la Constitución porque el Ejecutivo está buscando hacer una contrarreforma a los artículos que rigen las leyes energéticas, lo que ha causado un amplio debate.

Abordar esa discusión nos exige entender un poco mejor cómo funcionan los cambios a ese documento fundamental y por qué debe importarnos.

Cambiar la Constitución no es sencillo y no debe serlo: está diseñada para que solo cuándo haya un amplio acuerdo entre fuerzas políticas y sociales se pueda llevar a cabo. Así, necesita una mayoría calificada en el Congreso – dos tercios de los votos – y que sea ratificada por al menos la mitad más uno de los congresos de los estados.

Eso tiene sentido porque evita que mayorías simples puedan alterar el sistema político y con ello, la realidad de las personas que viven en nuestro país. También prevé evitar abusos autoritarios de los gobiernos, colocando un candado que exige buscar acuerdos con otras fuerzas políticas.

No es que no se pueda cambiar: la Constitución ha vivido cientos de ajustes, modificaciones y adecuaciones. Lo que tampoco está necesariamente mal. Muchos de ellos han sido para ponerla al día con los cambios en el mundo o ajustarla a acuerdos internacionales. Eso es normal y pasa en todos los países democráticos.

Hay que entender que todas las leyes que nos gobiernan día con día, en todas nuestras actividades, están emanadas de la carta magna. Por eso si se determina inconstitucional penalizar el uso de la marihuana o la interrupción del embarazo, eso implica que jueces y congresos hagan los cambios necesarios para tomar decisiones acordes a la ley fundamental.

Sin embargo, hoy la Constitución está convertida en un arma política. Morena perdió, en la última elección, la posibilidad de cambiarla solo con sus aliados, el PT y el Partido Verde. Ahora, para empujar su agenda, específicamente la energética, tiene que buscar apoyos en otros partidos. Y el PRI ha sido su objetivo fundamental. 

Pero el problema radica en que más que estar buscando un gran acuerdo nacional, debatido y procesado, lo que se quiere es imponer una visión del mundo que responde a las convicciones del oficialismo.

Y en lugar de hacerlo a través del diálogo, lo hace desde la amenaza de la exposición pública de quienes se opongan. Más allá de los pros y contras que pueda tener la reforma propuesta, lo que sabemos es que es un cambio que afectará a las empresas, a las finanzas del Estado y las cuentas que pagamos los consumidores.

Por eso es preocupante que el debate esté secuestrado por la política y que no exista una discusión técnica y económica de qué es lo que más le conviene a nuestro país. 

Esto no significa que las leyes no se puedan mejorar, o que se deban ajustar para responder mejor a las necesidades de la gente. Pero sí nos demuestra que nuestra clase política sigue más empecinada en ganar el debate que en buscar el bien común. 

Y para eso, hay que dialogar. Hay que escuchar y hay que llegar a acuerdos. Porque solo en conjunto, sin imposiciones y amenazas, se puede alcanzar esa idea que será mejor para las personas de nuestro país. 

Unos quinientos años antes de Cristo un político y profesor griego, Isócrates, dijo que “la Constitución es el alma de los estados”. No estaba equivocado: en ella está nuestra convicción democrática, social y política. 

Es por eso que debe dejar de ser parte del juego político y volver a ser lo que los constituyentes de 1917 querían: una que garantice un pueblo con libertad, con derechos plenos y con todas las oportunidades para progresar.

La editorial de la semana pasada: Los políticos nos robaron la política a la ciudadanía

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