Los contrapesos entre los poderes de la República -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- no existen por accidente: son un requisito indispensable en cualquier democracia mínimamente saludable.
En los países en que estos contrapesos han dejado de existir inevitablemente ha habido una concentración excesiva de poder, en general del Ejecutivo, que ha mermado las capacidades democráticas de los Estados. Después, ha llevado a derivas autoritarias, como se ha visto en Venezuela y más recientemente en El Salvador, pero también en muchos otros países del mundo.
Hoy, en nuestro país, esos contrapesos están bajo amenaza. Primero, porque tenemos un poder Legislativo al servicio del presidente, con una frágil alianza de oposición que a duras penas logra contener los cambios constitucionales. En las leyes secundarias, sin embargo, no hay ninguna verdadera capacidad de hacerles frente.
Y quienes legislan del lado del gobierno, en prácticamente todos los casos, aprueban las leyes que vienen del Ejecutivo sin revisarlas ni debatirlas realmente. Las avalan en automático, convirtiendo su labor en un mero trámite burocrático.
Así, en los últimos años -y no solo en esta administración- el poder judicial ha cobrado una importancia particular. Es de las pocas instancias que tienen capacidad de frenar, a través de amparos, leyes que afectan a la ciudadanía o al medio ambiente, o que violentan los derechos de las personas.
De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la última parada a algunas leyes que violentan la Constitución o la herramienta final para contener los abusos de las autoridades. Esto lo vimos, por ejemplo, en el caso de la ex cuñada y sobrina del Fiscal Alejandro Gertz Manero, que solo detuvo su persecución cuando la SCJN le puso un alto.
En los últimos tiempos, la Corte ha estado muy ocupada enfrentando casos de alta visibilidad que le han confrontado con el Ejecutivo. Durante esas discusiones el presidente no dudó en presionar abiertamente a ministros y ministras, llenarlos de adjetivos y cuestionar su integridad.
Es en ese contexto que la diputada Reyna Ascencio, de Morena, presentó una reforma de ley que limitaría las capacidades de la SCJN de invalidar o interpretar a nuestra Carta Magna. La argumentación es explícita: busca limitar el “poder político” de la Corte para garantizar la preeminencia del Ejecutivo por sobre el poder Judicial.
Especialistas nos han explicado que la iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar, pues pretende modificar una ley reglamentaria sin realizar un cambio de fondo a la Constitución. Además, no ha contado con el apoyo pleno del presidente López Obrador, que no la rechazó pero se deslindó de ella.
Sin embargo, lo que esta ley nos muestra es la tentación autoritaria de debilitar un poder que puede contener a un gobierno que de por sí es muy poderoso. Y la ironía es que difícilmente se podría alegar que la SCJN como está conformada hoy en día es rebelde. De hecho, ha avalado o no ha detenido muchas de las propuestas del Ejecutivo.
Avaló en su momento, con una maroma retórica, el plebiscito para juzgar a los expresidentes; no frenó la prisión preventiva oficiosa hasta ahora, y no declaró inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica.
Así que si bien ha detenido algunos excesos, no es un poder que se pueda considerar confrontado con quienes nos gobiernan. Pero aún así, el solo hecho de que podría eventualmente hacerlo, molesta en el oficialismo.
Molesta lo suficiente como para querer cambiar las leyes a fin de reducir la capacidad de la corte para realizar su trabajo, lo cual es un riesgo latente y presente para nuestra democracia.
Es fundamental que como ciudadanía pongamos mucha atención a estos esfuerzos que van contra la división de poderes y levantemos la voz para contenerlos.
No es un tema menor. No es un problema “técnico” ni de expertos. Es la esencia de la democracia en nuestro país.
Debemos protegerla.
