La grave crisis de los derechos humanos

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La semana pasada México se conmovió con el asesinato de Victoria, la mujer salvadoreña que fue asesinada por policias en Tulum. Esta tragedia nos recuerda lo que vivimos desde hace tiempo: una crisis de derechos humanos en nuestro país. 

Cotidianamente se suman historias nuevas de abuso de poder estatal en perjuicio de la población. Historias que, aunque no siempre son noticia, reflejan que en México la violación de nuestros derechos se da de forma general y sistemática.

En 2014, 67% de las personas en México creía que la violación de derechos humanos en el país era frecuente; 13% conocía a alguien maltratado por el Ejército, y 37% conocía a alguna persona maltratada por la policía.

Y aunque para la ciudadanía estos abusos sí son visibles, pareciera que para las autoridades no lo son. Los gobiernos siguen sin hacerse responsables de garantizarnos seguridad y el desempeño de las fuerzas de seguridad del Estado es tan cuestionable que gran parte de la gente desconfía de quienes deberían cuidarnos.

Lo que sucedió en Quintana Roo despertó, de nueva cuenta, el debate sobre la escasa inversión del gobierno en capacitación y protocolos para los elementos de las fuerzas de seguridad, y también hizo visibles las carencias que tenemos en materia de derechos humanos.

Y es que los ejemplos de violaciones de derechos humanos por parte del Estado son demasiados y desde hace muchísimos años.

En el gobierno de Ernesto Zedillo, un grupo de hombres armados asesinaron a 45 personas, en la comunidad de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Esto pasó hace 23 años y hasta el momento el Estado no ha hecho nada para castigar a los responsables de esta masacre.

En 2006, un grupo de las fuerzas del orden público golpeó brutalmente a habitantes de San Salvador Atenco, en el Estado de México. A este episodio se le conoce como uno de los actos de violencia policial y de tortura más emblemático de la historia moderna en México. 

La llamada guerra contra el narcotráfico y el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad nacional, que impulsó la gestión de Felipe Calderón, inició una espiral de violencia y atropellos a las garantías ciudadanas que nos persigue hasta el presente.  

En la madrugada del 30 de junio de 2014, elementos de seguridad mataron a 22 personas que se encontraban durmiendo en una bodega del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Este evento fue catalogado por la organización Human Rights Watch como la peor masacre de civiles en el sexenio de Enrique Peña Nieto.  

Sobre este caso, hace unos días, se dio a conocer que fueron detenidas siete personas que presuntamente participaron en dicha matanza. 

Ese mismo año, pero tres meses después, se dio a conocer una serie de eventos violentos en Ayotzinapa, Guerrero. El conocido caso Iguala, en el que 43 estudiantes desaparecieron.  

Estos eventos, y otros más, nos demuestran que México enfrenta un entorno crítico en el respeto y vigencia de los derechos humanos como consecuencia de la inseguridad, la violencia y la falta de cumplimiento y aplicación de la ley. Estas arbitrariedades son el resultado de la corrupción, la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas que nuestros gobiernos llevan a cuestas.

No podemos seguir permitiendo que existan miles de personas desaparecidas, casos de tortura, desplazamiento forzado, explotación y abuso a migrantes, la existencia de fosas clandestinas, el aumento de violencia de género, la trata de personas, así como ataques y homicidios contra periodistas.

Corresponde al Estado mexicano, primero, reconocer esta grave crisis de derechos humanos; después aceptar las recomendaciones de los organismos especializados en la defensa de nuestros derechos para cumplirlas a cabalidad y finalmente, reconocer el arduo trabajo de la sociedad civil y la prensa, pues ambos juegan un papel importante en la denuncia de los casos donde prevalecen los abusos de poder.

Porque no podemos olvidar que el trabajo de las organizaciones civiles y los medios de comunicación ha sido crucial para visibilizar estas arbitrariedades, que han forzado a que los distintos gobiernos tomen acciones y busquen reparar el daño que sufrieron las víctimas.

Sin ellas y ellos difícilmente estos lamentables hechos podrían darse a conocer o atenderse.

Es por ello que esta semana en Cuestione estaremos revisando los casos históricos de violaciones a los derechos humanos, porque masacres como la de Acteal, Atenco, Ayotzinapa y los feminicidios en Tulum no deberían repetirse nunca más. 

Es necesario terminar con toda una serie de injusticias que existen en nuestro país. Es urgente que se acabe la impunidad y se dejen de trivializar las violaciones graves a los derechos humanos.  

Es una deuda más que el Estado tiene con las y los mexicanos.

Esta es la más grande deuda que tiene el Estado con los mexicanos 

La grave crisis de los derechos humanos que se vive en México 

Es urgente que se dejen de trivializar las graves violaciones a los derechos humanos. Los gobiernos siguen sin hacerse responsables de garantizar nuestra seguridad. Es una deuda más que el Estado tiene con las y los mexicanos.

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