El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha colocado en la agenda pública el dilema del pacto federal en México. El concepto de un país conformado por una unión de estados soberanos, aliados en una federación, ha entrado en un punto de conflicto sobre los límites del poder central y la independencia de los gobiernos locales.
Nuestra Constitución establece, en su artículo 40, los alcances legales de cada una de estas instancias de poder. Sin embargo, como la experiencia nos ha demostrado, las leyes son flexibles y se van doblando según la concentración de influencia de cada momento histórico.
Durante el largo reinado del priismo todopoderoso, los gobernadores sabían que al final del día le tenían que responder al presidente de la República. No hacerlo podría destruir las aspiraciones políticas futuras de cualquier gobernador, gracias al poder absoluto de la presidencia sobre el Congreso.
Algunos estados soñaron, y amenazaron, con independizarse de México y crear estados propios. Fueron advertencias reiteradas, pero siempre lejos de la realidad: la interdependencia en el país es grande y la posibilidad de un desenlace violento era demasiado peligrosa.
Los tiempos fueron cambiando lentamente. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hubo la llamada “concertacesión”. Lo que significó en los hechos fue que los acuerdos políticos del PAN con el presidente permitiesen que en algunos estados en los que había ganado un priista, con acusaciones de fraude electoral, el poder se entregase a un panista. Esto le dio al salinato una fuerte influencia dentro de ese partido y le permitió aprobar reformas que le eran prioritarias.
Pero tras la victoria de Vicente Fox en el año 2000, las cosas cambiaron. El PRI mantenía el poder en la mayor parte de los estados del país, y sus gobernadores se convirtieron en la fuerza dominante de su pequeño reino.
Fox se vio obligado a conciliar y buscar puntos de acuerdo, pero siempre tuvo tensión con los gobernadores. Su solución fue, en muchos casos, soltar los hilos del poder y dejarlos operar a sus anchas. El resultado eventual fue el crecimiento de la fuerza del crimen organizado en muchas regiones del país.
En efecto, a pesar de que las leyes son claras sobre el alcance del fuero local y federal, el narco aprovechó la debilidad del federalismo para ganar influencias regionales. Cuando Felipe Calderón llegó al poder le quedó claro que solo con una forma de guerra podría recuperar control del territorio nacional.
Los resultados de la guerra contra el narco son de sobra conocidos, y los seguimos padeciendo: una violencia disparada, una militarización creciente y miles de víctimas civiles.
Esto, en gran medida, por la falta de coordinación clara entre los estados y el gobierno central. El nombramiento de los “Superdelegados” fue la estrategia del actual gobierno para tener un pie e influencia en cada uno de los estados.
Con la pandemia, han vuelto a surgir las acusaciones mutuas. Los estados tomaron decisiones contra las recomendaciones que salían de Palacio Nacional, y desde ahí acusaban a los estados de no estar haciendo bien su trabajo. Conforme la COVID-19 fue causando más daño, las recriminaciones entre estados gobernados por otros partidos y la presidencia crecieron.
Por supuesto, el proceso electoral ha disparado las tensiones. Desde el oficialismo se denuncian prácticas irregulares por parte de gobernadores que apoyan a candidatos de sus partidos, mientras que los mandatarios locales señalan al Ejecutivo de intervenir en los procesos de sus estados.
El caso de Cabeza de Vaca es solo la punta del iceberg de una crisis creciente: la disputa política entre un gobierno federal que acumula mucho poder, un poder judicial cuya independencia está en duda y unos gobiernos estatales que ven su supervivencia en la balanza: o se alían con el presidente o se van a un conflicto sin un desenlace predecible.
Un eventual choque de poderes entre el Senado, que podría buscar desaparecer los poderes y el congreso de Tamaulipas podría terminar en una crisis constitucional. Peor aún, la intervención de las fuerzas armadas para ejecutar una orden de aprehensión podría derivar en violencia entre instituciones de seguridad.
Es un problema complejo que no acepta respuestas fáciles. Es por esto que, esta semana en Cuestione, analizaremos no solo la coyuntura actual de conflicto entre poderes, sino también la historia de desencuentros entre la federación y los estados, los desafíos que representa para la estabilidad del país y las lagunas legales que permiten que esto suceda.
Y lo haremos porque, al final, somos mexicanos y mexicanas. La división entre nosotros solo nos hará más frágiles.
