Controlar el precio del gas atenta contra la libertad económica
La última semana de julio el gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía, publicó un acuerdo para regular los precios máximos del gas licuado de petróleo, el famoso gas LP, que ha resultado sumamente polémico.
Los primeros en protestar fueron, por supuesto, los empresarios de la industria gasera: desde los distribuidores hasta los comisionistas (o cilindreros, como también se les conoce) y las confederaciones patronales, encabezadas por Coparmex, advirtieron de los riesgos de imponer controles de precios para la economía mexicana.
Aunque la intención del gobierno de buscar precios bajos para los energéticos beneficiaría a la población, el método que están utilizando puede tener repercusiones perjudiciales para la calidad de vida de las personas.
Imponer controles a los precios desde el gobierno puede ser contraproducente por diversos motivos. Uno de ellos es el desabasto que se puede producir cuando los precios máximos están por debajo de lo que los consumidores están dispuestos a pagar. Lo que harán los consumidores es acaparar todo el producto que sean capaces de almacenar y esto podría hacer que se terminaran los inventarios de las empresas y por tanto generar desabasto.
Otro efecto adverso de poner precios máximos es que a las empresas podría salirles más caro producir qué vender. Es decir, si el costo de producir el gas es más alto del que lo pueden vender, la decisión lógica sería dejar de producir y, entonces, también podría crearse desabasto.
Además, fijar precios desde el gobierno es contrario a los valores de una sociedad que cree en la libertad económica. Cuando decimos que México es una sociedad económicamente libre, lo que estamos imaginando es un país en el que todas las personas trabajen, produzcan, compitan e inviertan como quieran, siempre que respeten las leyes.
El control de precios anunciado por el gobierno se suma a la noticia de la creación de Gas Bienestar, una empresa estatal de distribución de gas LP que también es una mala noticia. Sabemos que el Estado no es un buen empresario, o por lo menos es algo que el Estado mexicano no se ha cansado de mostrar en los últimos años con empresas sumamente endeudadas como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad.
Además, para los empresarios particulares es imposible competir con empresas estatales porque aunque sean pésimamente mal manejadas, no quiebran porque el gobierno les puede seguir inyectando todo el capital que requieran. El gobierno también puede privilegiar que se compren los productos de las empresas estatales antes que los de las privadas o incluso cambiar las reglas si no favorecen a sus compañías.
Por todas estas razones, esta semana en Cuestione estaremos analizando cuáles son las consecuencias de tener empresas estatales ineficientes y que generan corrupción, desincentivan la iniciativa y la innovación de particulares y acaban siendo botín de grupos políticos.
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