El gobierno, fábrica de políticos millonarios

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Son incontables los casos de personajes que se vuelven multimillonarios de la noche a la mañana mientras ocupan cargos públicos. Están, claro, los impresentables Javier Duarte en Veracruz o César Duarte en Chihuahua. Ambos priistas. 

Pero cómo olvidar al panista Guillermo Padrés, quien pasó dos años en la cárcel y enfrenta acusaciones por defraudación fiscal y delincuencia organizada o el extraño enriquecimiento de Jorge Luis Preciado, diputado panista que se construyó un hotel con la estética de un castillo medieval y que llegó a ser candidato a gobernador de Colima.

Y qué tal los fracasos y escándalos consecutivos de los políticos del PRD en Michoacán que hasta fueron exhibidos por su cercanía con la delincuencia organizada. ¿Quién no recuerda a Leonel Godoy que hoy está en Morena o a su hermano que metieron en una cajuela a la Cámara de Diputados para que tomara protesta y tuviera fuero?

Los ejemplos cunden y son de políticos de todos los partidos. Pero nadie representaba mejor a la corrupción de la clase política mexicana, en el ideario colectivo, que el expresidente Enrique Peña Nieto. 

Y el destino finalmente alcanzó a quien fuera presidente de México entre 2012 y 2018. La semana pasada supimos, en voz del exlíder del movimiento estudiantil de 1968 y eterno parlamentario, Pablo Gómez, que están investigando desde hace dos años a Peña Nieto y que le encontraron movimientos millonarios que ameritaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero.

La historia de Peña Nieto es una de las más bizarras de la historia política nacional. En el año 2004, poco antes de que se definiera la candidatura a gobernador del Estado de México por parte del PRI, nadie, ni siquiera él, pensaba que pudiera conseguir la candidatura y, luego, llegar a la presidencia.

Sobrino del exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo -quien es padre del actual gobernador- y de Arturo Montiel, su antecesor en ese estado, Peña Nieto nació en Atlacomulco, sede del grupo político fundado por Carlos Hank González, el cacique de padre alemán que fue regente del entonces Departamento del Distrito Federal y que, desde ahí, construyó un imperio empresarial y político. 

Fue impuesto como candidato del PRI por Arturo Montiel, entonces gobernador del Estado de México, quien construyó su candidatura desde que lo impulsó para ser diputado local, coordinador del PRI en el Congreso del estado y presidente de la Junta de Coordinación Política.

Una anécdota poco conocida del entonces precandidato Peña Nieto es que, como parte de la gira en medios que inició para hacerse de la candidatura, buscó reunirse con los directores de todos los periódicos impresos de la época. Uno, particularmente priista y salinista lo rechazó y mandó a dos subalternos a comer con él.

Al finalizar la comida, Peña los invitó a seguir la velada en un table. Ambos rechazaron la invitación, pero la imprudencia de quien llegaría a ser presidente quedó evidenciada.

Peña Nieto fue arropado por una clase política y empresarial empecinada en evitar a toda costa que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia en 2012. Le construyeron imagen, campaña y hasta familia. Pesaban sobre él las acusaciones infundadas de haber asesinado a su esposa, Mónica Pretellini. Era un político viudo que terminó casado con la máxima estrella de la televisión de principios de los 2000, Angélica Rivera.

Pero a Peña se le quebró el sexenio luego del brutal evento en el que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de que se diera a conocer la famosa Casa Blanca en la que vivían él y su ahora exesposa. Nunca se recuperó.

Terminó por entregar la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, aunque le cedió el poder desde que el tabasqueño ganó la elección. No son pocas las voces que aseguran que hay un pacto entre el actual mandatario y su antecesor para impedir que Peña pise la cárcel

Para darnos una idea, los movimientos irregulares detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera del lopezobradorismo, que habrían beneficiado al expresidente superarían la escandalosa suma de $10,000 millones de pesos en transferencias y contratos a una empresa ligada al priista. Pero es hasta ahora que se dan a conocer.

La acusación tiene muchas lecturas: por un lado, si hubo pacto con AMLO parecería haber llegado a su fin. Por otro, podría ser solo otro de los distractores a los que nos tiene acostumbrados este gobierno. Y finalmente, quizás estamos viendo el principio de una guerra sin cuartel por el gobierno del Estado de México, que se definirá el año que entra y, por supuesto, el 2024.

En este contexto, al final quienes pierden son otra vez las y los mexicanos, pues tenemos que presenciar cómo se hace pedazos la clase política que finge que hace todo para que nada cambie, mientras nos insisten en que todo está cambiando.

En Cuestione estamos convencidos de que se debe respetar la ley, que quien haya cometido un delito debe ser investigado y llevado ante la justicia. Y que pague. 

Quisiéramos no solo que se redujera la lista de políticos que amasan fortunas en un sexenio que a empresarios exitosos les puede tomar generaciones alcanzar. Necesitamos que esa lista deje de existir.

Se tienen que acabar los tratos en lo oscurito, y las negociaciones con los fiscales. Que se cumpla la ley y que caiga quien tenga que caer.

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