La semana pasada volvió a suceder: el gobierno juntó a los empresarios para que compraran boletos de lotería. Ya había sucedido con la famosa rifa del avión, y ahora fue con un sorteo que entregará varios terrenos. Pero el trasfondo es más complejo: para mucha gente, fue visto como un acto de extorsión.
¿Por qué? Porque los empresarios necesitan al gobierno. Pero el gobierno también necesita a los empresarios. En cualquier economía funcional, los dos sectores quieren crecer, funcionar y avanzar juntos, por el bien de la sociedad. Actos como este mandan la señal equivocada.
La señal que se busca es una de confianza y apoyo.
Como recientemente sucedió en Estados Unidos donde el senado de ese país aprobó -en un inédito consenso bipartidista- una millonaria ley de política industrial para reducir la dependencia que se tiene con China. Esta legislación es un paso clave para fortalecer a las empresas estadounidenses con ayuda de subsidios y créditos fiscales adicionales. Además de crear una cantidad importante de nuevos empleos.
Para que un país crezca de manera adecuada y ofrezca mejores oportunidades a la ciudadanía se requiere un gobierno que facilite e incluso incentive el emprendimiento de todo tipo de negocios así como el desarrollo de los que ya existen.
Porque no necesitamos que el gobierno pida a los empresarios mexicanos que compren boletos para un sorteo, lo que en realidad se requiere es crear mayores oportunidades para que participen en industrias estratégicas y que se generen condiciones económicas, sociales y jurídicas para que los empresarios inviertan en nuestro país.
Por eso es que la participación del empresariado tiene un papel determinante en el país, pues vivimos en una época en que el desarrollo económico y social ya no se deja únicamente en manos del Estado.
Y se debe entender que el sector empresarial es igual de relevante que cualquier otro sector, por ello la responsabilidad política y social que recae en sus hombros es de gran importancia.
Por poner un ejemplo, con la llegada de la pandemia por la COVID-19, las empresas mexicanas del sector formal demostraron su capacidad de resistencia. Incluso, se mantuvieron una gran mayoría en operación a pesar de no haber recibido prácticamente respaldo de ningún gobierno. Como sí ocurrió en muchos otros países, lo que disminuyó el impacto de la crisis en esas economías.
Entre la lucha por la sobrevivencia, la mayor parte consiguió salir adelante y aunque quedaron con sus finanzas debilitadas, ya que hubo que “rascar” de donde se pudiera para tener liquidez financiera que permitiera pagar a empleados, proveedores, bancos y sacar para vivir.
Lo peor que pudo hacer el gobierno federal es estigmatizarlos y ahorcarlos financieramente.
Porque imaginemos cómo se sintió un pequeño empresario que usó sus ahorros personales para mantener a flote su negocio y asegurar el sustento de las familias que de él dependen.
Sin que el gobierno haya siquiera perdonado parte de sus impuestos.
Así, queda claro que reducir la labor de los empresarios a ser generadores de sueldos e impuestos es una concepción limitada que también, a largo plazo, reduce la trascendencia de la labor empresarial y desalienta la creación de más empresas.
Además olvidamos otro aspecto: una empresa responsable se convierte en un espacio propicio para el desarrollo humano pleno de sus colaboradores a través de la oportunidad de hacer las cosas y hacerlas bien.
Si queremos una reactivación económica sostenible, no es posible seguir haciendo negocios sin atender a todos los grupos de interés. Por eso, vale la pena pensar en lo siguiente: un ambiente malo para los negocios impacta en peores condiciones para toda la sociedad.
Las y los empresarios de todos los tamaños se juegan mucho a diario para cumplir sus obligaciones y mantener a flote no solo sus empresas, sino todo lo que de ellas depende, pues el futuro del país pasa por el futuro de sus empresas.
La construcción de una alianza entre las empresas y el gobierno es fundamental para el crecimiento de nuestra economía, la mejora de las condiciones de vida de la gente y el progreso social.
Esto no se logrará con presiones ni chantajes. Se logra con algo muy sencillo: la confianza. La confianza en las reglas y las instituciones. El gobierno tiene que confiar en los empresarios y los empresarios tienen que poder confiar en el gobierno.
De esto depende que México avance. Y eso beneficia a toda la gente trabajadora de nuestro país.
