Por una Guardia Nacional civil y civilizada

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Hace apenas dos semanas, un elemento de la Guardia Nacional asesinó a Ángel Yael Ignacio Rangel, un estudiante de la Universidad de Guanajuato e hirió gravemente a otra estudiante, Edith Alejandra Carrillo Franco, cuando supuestamente no se detuvieron en un retén que la corporación policiaca había puesto para perseguir el huachicol.

Estos hechos pusieron otra vez en el debate público la discusión sobre la forma en que el Estado mexicano ha enfrentado la crisis de violencia que vive el país desde hace casi dos décadas.

En el centro de esa discusión está la actuación de la Guardia Nacional, un cuerpo policiaco creado en 2019 y que según la Constitución tendría que ser civil pero que, en la práctica, es un cuerpo militar.

De acuerdo con Catalina Pérez Correa, académica del CIDE, “casi 80% de los elementos de la Guardia son personal de las Fuerzas Armadas (policía militar o naval)”, al igual que sus mandos, disciplina, armamento y demás equipo. Pero además, concluye Pérez Correa, “no existe ningún indicio de que se esté formando una institución que algún día tenga carácter civil”. 

Y es que, al contrario de lo que prometió en campaña, el presidente López Obrador no está desmilitarizando la seguridad pública en México. Más bien ha profundizado la participación de las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública con consecuencias graves para la población.

Desde que fue creada, la Guardia Nacional ha aparecido en la lista de las diez principales autoridades con quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con el registro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tan solo en los primeros tres meses de 2022 hubo 106 quejas contra ese cuerpo policial. 

En 2021, hubo 504 y en 2020, 350 a pesar de que sus integrantes supuestamente reciben capacitación en derechos humanos y uso profesional y regulado de la fuerza.

Estas presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de Fuerzas Armadas que realizan funciones de seguridad pública no son extrañas. Es por ello que el derecho internacional de los derechos humanos señala que la seguridad pública debe estar en manos de los civiles y sólo en casos excepcionales en manos de las fuerzas armadas. 

Organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional y el Colectivo #SeguridadsinGuerra explican que esto se debe a que “la naturaleza del entrenamiento de las fuerzas militares se orienta a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles” por lo que un cuerpo militar pone en riesgo los derechos humanos e incluso la separación de poderes al no garantizar la subordinación de los cuerpos militares a los civiles.

Lo más preocupante es que, a pesar de todos estos problemas, hay pocas esperanzas de que la estrategia de seguridad cambie. Hay dos señales que así lo muestran. 

Por un lado, el presidente ha anunciado que enviará una iniciativa al Congreso para que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas, a pesar de que en su decreto de creación se estableció que la participación militar en tareas de seguridad tendría que concluir en cinco años (es decir, en 2024). Sin embargo, hasta ahora no se han tomado las medidas para cumplir con ese plazo.

Por otro lado, también se puede ver que la estrategia no cambiará siguiendo la pista del dinero público: mientras el presupuesto para atender a las víctimas se redujo en 2022, los fondos para la Guardia Nacional aumentaron en un 70%

Según un análisis de Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión, para 2022 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 958 millones de pesos, 60% menor que los 2,575 millones que había solicitado. 

En cambio, a la Guardia Nacional le aumentaron su presupuesto en 26,000 millones de pesos respecto a 2021 y este año está operando con 62,800 millones.

Para Cuestione la seguridad de la población es la principal obligación del Estado. Sin seguridad, no se pueden ejercer a cabalidad otras libertades y derechos. Sin embargo, también pensamos que una policía civil profesional es la institución más adecuada para cuidarnos y garantizar que podamos vivir seguros. 

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