¿Qué tienen en común personajes como Maximino Ávila Camacho, Luis Echeverría, Mario Marín, Kamel Naciff, Manuel Bartlett, Marisela Morales o Tomás Zerón? Los une una cosa: la impunidad.
Maximino fue un violento general y político mexicano que gobernó Puebla con una mano que ya hubiera querido tener Vladimir Putin y a quien se le atribuyen múltiples crímenes, incluidas violaciones, asesinatos y tráfico de drogas. Era hermano del presidente Manuel Ávila Camacho, inspiró la novela de Ángeles Mastretta “Arráncame la vida” y nunca jamás pagó por sus presuntos crímenes.
Luis Echeverría fue acusado del delito de genocidio, señalado como responsable de la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968. Fue absuelto por un Tribunal y acaba de cumplir 100 años en su casa de San Jerónimo, al sur de la ciudad.
Mario Marín y Kamel Naciff están acusados en el caso de la periodista Lydia Cacho, quien fue secuestrada y torturada por policías de Puebla, luego de que ella diera a conocer una red de pederastia en la que participaba activamente Nacif. Ambos gozan de su libertad, uno en el extranjero y el otro en algún agujero en Puebla.
Manuel Bartlett y su fortuna inmobiliaria; Marisela Morales, exprocuradora de Calderón y su desastrosa actuación al frente de la PGR; Tomás Zerón y su participación en la tortura de testigos durante la investigación de la desaparición de normalistas en Ayotzinapa.
Todos libres. Todos impunes. Todas las víctimas esperando justicia. Una justicia que en México sólo llega en el 5% de las veces en que se denuncia un delito (o menos).
La deuda del Estado mexicano con las víctimas es monstruosa y, por desgracia, esto no es nada nuevo. El entramado judicial mexicano, cuyas leyes han sido reconocidas en el mundo por sus buenas intenciones, está repleto de funcionarios y jueces para quienes la ley es solo eso: letras bonitas.
Esfuerzos por modernizar y mejorar el sistema de justicia mexicano se han hecho. Así, en 2008 se reformó el sistema penal para obligar a que los juicios fueran orales. Se tenía que haber concretado en 2016 y, aunque está casi completado, poco ha cambiado a la hora en que los jueces toman decisiones.
Para muestra: la semana pasada un juez de la Ciudad de México ordenó la liberación de uno de los líderes del grupo criminal La Unión Tepito y de su novia, ambos detenidos y acusados por la policía y fiscalía capitalina. Ambos caminando libres en las calles de la ciudad.
También se intentó reformar a los famosos (no por buenos) ministerios públicos y la estructura de la antigua Procuraduría General de la República. Esa dependencia estuvo por décadas sometida al poder presidencial. La reforma de 2014 “estableció que el Ministerio Público Federal se organizara en una Fiscalía General de la República, autónoma e independiente, encargada de la persecución e investigación de los delitos del orden federal”.
El primer fiscal bajo esta figura es el actual, Alejandro Gertz Manero quien se mantendrá en el cargo hasta el año 2027.
Muchas leyes reconocidas, muchas reformas. Y entonces: ¿por qué seguimos padeciendo niveles tan altos de impunidad? ¿Por qué los mexicanos no podemos acceder a una justicia pronta y expedita?
La respuesta a esa y otras dudas trataremos de responderlas esta semana cuando, en Cuestione, nos demos a la tarea de investigar y consultar con especialistas que nos digan qué ha fallado, qué falta y, sobre todo, cuál es el camino que el Estado mexicano debería tomar para resarcir esa deuda histórica con la ciudadanía.
Porque no tenemos la menor duda: sin justicia ni Estado de Derecho, México no podrá superar las duras pruebas que le esperan en el futuro.
