La justicia al servicio del poder

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Se hará justicia. Esa es una frase que no hemos parado de escuchar de nuestros líderes y gobiernos. No habrá impunidad. No se permitirá la corrupción.

Y sin embargo, sigue ahí. Sigue ahí la impunidad, sigue ahí la injusticia. Y una de las razones por las que no logramos superar este problema gravísimo de México tiene que ver con el uso político, interesado, de la justicia.

Cada gobierno ha construido una narrativa policiaca para beneficiar la historia que quiere contar sobre sus acciones. Así, en el sexenio de Felipe Calderón, vimos la idea de que había que acabar con el crimen organizado, usando cualquier medio necesario.

Entre las historias sobre el uso del poder judicial y policiaco para demostrar la convicción del gobierno, está la de Florence Cassez, la ciudadana francesa que fue acusada de ser cómplice del secuestro de tres personas.

En su momento, los medios de comunicación fueron utilizados como vehículos para promover una historia de terror: la francesa, junto con su pareja Israel Vallarta, serían parte de una célula criminal que usaba el secuestro para financiarse.

Genaro García Luna era el jefe de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación, y operó no solo un montaje para detenerla públicamente, sino que el gobierno se encargó de que fuera sentenciada. 

Pasarían años, y mucha presión internacional de parte de Francia, antes de que Cassez fuera liberada. Nunca se supo a ciencia cierta si era culpable o no, pero lo que sí sabemos con certeza es que el aparato judicial fue puesto al servicio de intereses políticos para construir una narrativa.

La historia se repitió con Enrique Peña Nieto, en un caso aún más dramático: Ayotzinapa. Tras el horrible crimen que se cometió en Iguala, Guerrero, las fuerzas del Estado se encargaron de construir su narrativa. Hubo expertos internacionales, hubo peritos de todo tipo que presentaron diversas versiones, pero al final se armó una “verdad histórica” que dejó a la gente llena de dudas. Se usó la tortura para extraer confesiones y el poder judicial se puso a la orden de la presidencia, a fin de construir la versión que, cierta o falsa, ya nadie cree.

Todo eso debía acabarse con el fin de la Procuraduría General de la República, al servicio del presidente, y con la creación de la Fiscalía General, que se suponía sería independiente del poder ejecutivo, libre para investigar según sus facultades.

La realidad ha sido otra. Lo que hemos visto en este gobierno es que el uso faccioso de la justicia se repite como en los sexenios anteriores. La persecución a Rosario Robles es un ejemplo perfecto.

Si bien los delitos que se le imputan son muy graves, no deberían obligarla a estar en prisión preventiva, como no ha pasado con otros presuntos corruptos. Robles, vieja enemiga de López Obrador desde aquellos oscuros días de las bolsas de René Bejarano y Carlos Ahumada, ha sido la única acusada que terminó en prisión.

Mientras, tenemos otros casos notables de una justicia amable. A Emilio Lozoya, que aceptó delatar a sus jefes, se le dió un trato tan privilegiado que ni siquiera sabemos realmente dónde está. A Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de Peña Nieto, primero se le acusó del más grave cargo que existe: traición a la patria. Pero la Fiscalía cambió de opinión pocos días después y retiró los cargos.

Y entonces, los “testigos de oportunidad” toman la palabra. Al igual que Lozoya, Emilio Zebadúa, el hombre de mayor confianza de Rosario Robles, decidió que su camino a la seguridad era denunciar a sus superiores. Y estas personas, alguna vez marcadas por la seña de la corrupción, se convirtieron en héroes.

Robles entendió la lección y decidió seguir el ese mismo camino. Frustrada con el abandono de sus antiguos jefes, y arrinconada con las acusaciones de su viejo amigo Zebadúa, tuvo que repetir la ruta y acusar a otros por los presuntos delitos que se le imputan.

La historia sigue y sigue, dando vueltas sobre sí misma. Pero la verdad es esta: cada gobierno está usando a la justicia para construir su narrativa. Ya sea derrotar al narco o acabar con la corrupción, jueces y fiscales siguen estando a la orden del poder ejecutivo, se llame Calderón, Peña o López Obrador.

Y el resultado final es el mismo: impunidad. Porque no es un sistema que busque abatir las malas prácticas del gobierno ni detener a los delincuentes. Busca complacer al poder.

Esto es un problema profundo en nuestro país, y no está cambiando. Por eso, esta semana en Cuestione analizaremos los casos emblemáticos de la manipulación de la justicia, y buscaremos cuáles son los caminos para resolver este grave problema.

No es un tema menor. 

La justicia será independiente, o no será.

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