El juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, está llegando a su fin.
Las doce personas que integran el jurado empezaron a deliberar la semana pasada y tendrán que decidir si el llamado “superpolicía” es inocente, como dice ser, o si por el contrario, es culpable de conspirar para meter cocaína a Estados Unidos.
Con el final del juicio también terminará la discusión pública sobre el peso de los testimonios de delincuentes que decidieron colaborar con la justicia estadounidense para que les redujeran sus penas. Muchos de ellos, incluso, fueron perseguidos y encarcelados por los cuerpos policiacos que comandaba García Luna, por lo que sus dichos han sido cuestionados.
Pero lo que no ha estado en la discusión pública, con la intensidad que amerita, es el tema de fondo de todo este espectáculo político y judicial. Y es que el problema de las drogas no se va a resolver ni con más policías, ni con más armamento, ni con más juicios espectaculares donde los testigos acusen a diestra y siniestra a los políticos mexicanos.
El problema de las drogas, o por lo menos muchos de los problemas que generan, se van a empezar a resolver cuando se legalicen. Al menos eso es lo que muestra la evidencia en los países donde se ha dejado de criminalizar a quienes producen, venden o consumen drogas.
Legalizar las drogas ha generado importantes beneficios económicos para los países que lo han hecho. Un estudio del Marihuana Policy Project, por ejemplo, encontró que en los 18 estados de Estados Unidos en los que el consumo de la marihuana estaba regulado en 2021 se recaudaron más de $3,700 millones de dólares por impuestos. Ese monto equivale a unos $74,000 millones de pesos o 50 veces lo que gastará México en prevención de las adicciones durante todo 2023.
Pero además, legalizar las drogas podría garantizar que fueran de mejor calidad y con ello evitar riesgos e impactos en la salud de los consumidores. En Portugal, donde se legalizaron todas las drogas, hubo una caída de las muertes por sobredosis y en las infecciones transmitidas por inyecciones.
Otro beneficio de legalizarlas es que se dejaría de criminalizar a los consumidores y a los campesinos que, en muchos casos, son obligados a sembrar marihuana o la hoja de coca de manera ilegal.
Un último beneficio de la legalización es que los miles de millones de pesos que hoy se utilizan para perseguir a narcotraficantes y narcomenudistas se podrían ocupar en programas de educación que ayuden a informar sobre los riesgos de consumir estas sustancias.
Y sin embargo, a pesar de que el gobierno actual llegó al poder con un discurso progresista que incluía la despenalización de la marihuana, lo que hemos observado es que el Congreso -de mayoría morenista- ha preferido desobedecer las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les ordenó crear una legislación que despenalice el uso recreativo de la marihuana.
Sabemos que el endurecimiento de la política prohibicionista de nuestro país es consecuencia de la guerra contra las drogas que lanzó Richard Nixon en la década de los setenta. Lo que no es tan conocido son las verdaderas intenciones de esa guerra.
En una entrevista de 1994, John Ehrlichman, un asesor de Nixon, admitió que la guerra contra las drogas fue una herramienta para arrestar y manipular a la población negra y a quienes se oponían a la Guerra de Vietnam.
“La campaña (electoral) de Nixon en 1968, y después la Casa Blanca de Nixon, tenía dos enemigos: la izquierda antiguerra y la población negra”, dijo Ehrlichman. Y añadió: “sabíamos que no podíamos declarar ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero sí podíamos lograr que el público asociara a los hippies con la mariguana y a los negros con la heroína, y después criminalizar a ambos. Así podríamos irrumpir esas comunidades, arrestar a sus líderes, asaltar sus casas, desbaratar sus mítines y denigrarles cada noche en los noticieros. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí”.
Llevamos cincuenta años en una guerra que no era nuestra, que empezó para discriminar a grupos de población en Estados Unidos pero que, sobre todo, no ha servido de nada: hoy hay más consumidores, más muertes por sobredosis y más violencia asociada al consumo de drogas.
Un ejemplo de toda la podredumbre que genera esta política prohibicionista son las decenas de testimonios que escuchamos en el juicio de García Luna de cómo los narcotraficantes sobornaron y corrompieron a funcionarios mexicanos.
Podemos seguir discutiendo asombrados sobre los alcances de ese poder corruptor y sobre si Calderón sabía y es cómplice o no. Sin embargo, poco sacaremos para el futuro de esas discusiones. Si en realidad queremos empezar a tomarnos en serio el problema de las drogas, habría que dejar de estigmatizarlas y empezar a legalizarlas.
Ya sabemos que prohibir absurdamente solo agrava el problema. Mejor empecemos a tomar decisiones basadas en evidencia.
