En Cuestione estamos convencidos de la importancia que tiene defender y ampliar las libertades políticas y civiles. Y entre esas libertades, nos parece fundamental defender los derechos de las minorías, específicamente los de la comunidad LGBT+ de decidir libremente con quién formar una pareja, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, de adoptar cuando se vive con una pareja del mismo sexo, o de desarrollar su sexualidad como prefieran y con quien quieran.
En junio se celebra el mes del orgullo LGBT+. Es un mes en el que esta comunidad realiza una serie de eventos para celebrar la diversidad y buscar una sociedad más igualitaria y el reconocimiento de sus derechos.
Y es que a pesar de que, como nunca antes y tras la lucha de cientos de miles de personas, en México se ha empezado a ampliar el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT+, en distintos lugares las cosas no son nada fáciles para quienes pertenecen a esta comunidad.
La Ciudad de México, sobre todo, ha avanzado durante muchos años hacia la construcción de un espacio político igualitario. Desde 2010, por ejemplo, se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y se han ampliado otros derechos y la protección de las libertades, como las de adoptar y desarrollar su identidad sexual.
También vimos cómo en el periodo electoral que acaba de pasar se rompió el récord de candidatos y candidatas que abiertamente se reconocieron como parte de la comunidad LGBT+. Gracias al activismo de esta comunidad y a las reglas incluyentes que aprobó el INE, se acordó que los partidos tuvieran que postular dos fórmulas de mayoría relativa, (elección directa) con candidatos de la diversidad en cualquiera de los 300 distritos federales, además de una fórmula de esta comunidad en los primeros 10 lugares de las listas de representación proporcional (plurinominales) de alguna de las cinco circunscripciones.
Fue así como se llegó a que de más de 5,300 candidaturas para diversos cargos que respondieron a un cuestionario de identidad del INE, el 1.9% se identificó como parte de la comunidad LGBT+. La mayoría de estas personas, casi el 30%, se postularon por Movimiento Ciudadano; seguidas por Redes Sociales Progresistas con el 16.5%, y el Partido de la Revolución Democrática con el 13.5%.
Sin embargo, es obvio que no todas son buenas noticias para la comunidad LGBT+: en el plano electoral, Morena, el partido en el poder, solo postuló a 1.7 por ciento de los candidatos pertenecientes a la diversidad sexual. Algo que parece reflejar la falta de interés de este partido político para apoyar las causas y avanzar los derechos de esta comunidad.
Y no solo eso. También se ha aliado con partidos que se oponen abiertamente a los derechos de la comunidad LGBT+ y las parejas del mismo sexo, como el Partido Encuentro Solidario, una agrupación política que para promocionarse de cara a las elecciones, lanzó un spot en el que se manifiestan contra su derecho a adoptar.
Esas muestras de homofobia institucional son solo una parte de los retos que todavía sufre esta comunidad: en 11 estados del país sigue estando prohibido que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio y en 18 entidades no pueden adoptar.
Pero además, la llegada de nuevos gobernantes al poder puede significar un retroceso en los derechos y las libertades alcanzadas. Ante la posibilidad de que las y los nuevos gobernadores y alcaldes busquen restringir los derechos alcanzados por por la diversidad sexual, quienes estamos a favor de las libertades políticas y civiles de todas las personas, tenemos que seguir exigiendo que se garanticen y amplíen los derechos de las minorías.
En la Ciudad de México, un lugar avanzado en el reconocimiento de derechos en el país, apenas en 2020 se prohibieron las terapias de conversión. Estos tratamientos, también conocidos como “esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género” o Ecosig, consisten en prácticas conocidas como terapias “reparativas”. Pero según la Organización de las Naciones Unidas, “son carentes de ética, sin bases científicas e ineficaces, además de poder llegar a la tortura”.
Y ojo, esas terapias de conversión siguen estando permitidas en el resto del país.
Por todo lo anterior, esta semana en Cuestione analizaremos cuáles son las deudas que tiene el gobierno y la sociedad con la comunidad LGBT+. También exploraremos cuáles son los retos de los nuevos gobiernos para que no haya retrocesos en los derechos que ha ganado esta comunidad y los grandes desafíos para seguir avanzando en aquellos estados donde estos derechos no se han reconocido.
Porque sabemos que debemos ser solidarios y exigir al Estado y a otras instituciones que tienen que proteger a las personas de esta comunidad para que no mueran violentamente por transfobia u homofobia, que deben evitar que sean discriminados y que tienen el derecho a tener un nombre, una identidad, un cuerpo y los mismos derechos que las personas heterosexuales.
Porque reconocemos que el amor es el amor, sin importar la orientación sexual o la identidad de género de las personas y, por tanto, el Estado debe respetar y proteger la libertad de elegir con quien se quiere vivir y garantizar, parafraseando a Víctor Jara, el derecho de amar en paz.
