El 10 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó por fin la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y modificó algunos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Ahora, la reforma regresará al Senado de la República, que será el encargado de discutirla y votarla.
En caso de ser aprobada por el Senado, la reforma permitirá el uso lúdico de la marihuana sin penalizaciones para personas mayores de edad. En Cuestione pensamos que esa es una buena noticia porque amplía el régimen de libertades que debería prevalecer en México.
Sin embargo, la forma en la que esta ley ha avanzado en un Congreso con mayoría de Morena es un reflejo de la disputa que hay en este país para avanzar en el ejercicio y goce de algunas libertades.
En primer lugar, hay que recordar que el Congreso está legislando sobre el uso lúdico de la marihuana porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación los obligó. Los jueces, el poder más conservador que hay, obligaron a un congreso bajo el control de un partido supuestamente progresista, a pasar una ley que amplía las libertades. Es algo que un gobierno progresista tendría que impulsar por sí mismo.
Pero además, el Congreso tuvo que pedir cuatro prórrogas a la Corte para avanzar con esta ley. Es decir, el congreso de un gobierno supuestamente transformador se rehusó cuatro veces a legislar en tiempo y forma sobre un asunto de ampliación de libertades.
Es muy distinto a lo que ocurre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador solicita que se reformen las leyes. Como vimos con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la iniciativa preferente del presidente fue aprobada sin que se le moviera prácticamente una coma y en un muy corto periodo de tiempo.
Es necesario que las autoridades se comprometan a respetar nuestras libertades. Si la Corte no hubiera forzado al Congreso, la libertad de consumir marihuana no habría avanzado.
Sin embargo, la libertad de usar o no marihuana (o cualquier otra droga) no es la única en la que Morena ha quedado a deber. Hay otras libertades en las que un gobierno de izquierda liberal tendría que haber avanzado y no lo ha hecho.
Tal es el caso, por ejemplo, del aborto. A pesar de que Olga Sánchez Cordero, la primera secretaria de Gobernación mujer, ha abogado por no criminalizar a las mujeres que abortan desde que fue ministra en la Corte, su promesa de no hacerlo en este gobierno no se ha cumplido.
Aunque existen varias iniciativas para despenalizar el aborto en México y que en septiembre del 2020, 140 diputadas de distintos partidos anunciaron que están trabajando en una propuesta para ampliar la legalización del aborto a nivel nacional, hasta ahora la legislación federal sigue siendo restrictiva del derecho que tienen las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Y mientras que ampliar las libertades cuesta tanto trabajo, como en los casos de la marihuana o el aborto, quitarlas es algo que sucede con relativa facilidad. Un ejemplo de ello es la ley seca que se impuso en distintos lugares del país durante varios momentos de la pandemia: se nos restringe esa libertad como si además fuera una manera efectiva de controlar los contagios de COVID-19, cosa que no se ha demostrado.
Este impulso restrictivo también se puede observar en el uso de la tecnología para limitar libertades como ocurrió con el intento de usar códigos QR para rastrear posibles contagios a través de teléfonos celulares.
Si bien es cierto que podía ser una manera efectiva de controlar la pandemia, también se podría usar para otros fines como controlar a opositores al gobierno o limitar el derecho a la libre asociación.
Las y los ciudadanos tenemos que vigilar constantemente que nuestras libertades no se pongan en riesgo y denunciar cada vez que el gobierno pretenda restringirlas.
Es por ello que esta semana en Cuestione estaremos recordando cuáles son algunos de los derechos y libertades que este gobierno prometió avanzar y por qué ha quedado a deber. Y también estaremos analizando cuál es el papel de las y los ciudadanos para tomar las libertades y avanzar en el goce de sus derechos.
