La resolución de un juez federal que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, abre nuevamente el debate en torno al nivel de responsabilidad que tienen los funcionarios públicos ante el ejercicio de sus funciones.
La actuación de López-Gatell al frente de la emergencia sanitaria por el coronavirus trajo consecuencias gravísimas que costaron miles de vidas y hasta ahora, no había ninguna posibilidad de hacerlo responsable.
Esto, hasta que el juez Arturo Medel Casquera ordenó a la Fiscalía General de la República dar seguimiento al caso de negligencia y omisión en que se pudo incurrir en contra de Felipe del Carmen Jiménez, quien murió de COVID-19 en el año 2020.
Con esta determinación se revocó la decisión de la Fiscalía General de la República que decidió el pasado 22 de marzo no proceder legalmente contra López-Gatell.
También abre una caja de pandora para considerar si las omisiones y malas decisiones tomadas por Hugo López-Gatell durante la pandemia por COVID-19 repercutieron en los 600,000 decesos que el coronavirus nos dejó.
El revés para la Fiscalía no es cosa menor. Recordemos que el número total de denuncias penales en contra de López-Gatell se ha mantenido en secreto durante mucho tiempo.
De hecho, para no dar a conocer la información de los procesos que enfrenta el subsecretario, el comité de transparencia de la FGR habría ostentado entre otras joyas de la argumentación jurídica, que el derecho del acceso a la información no puede afectar “el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas”, en especial si se trata del “funcionario estrella”.
El despacho de Javier Coello Trejo, abogado de algunos familiares con casos de muertes por coronavirus, detalló los errores de López-Gatell que hoy podrían llevarlo a juicio por homicidio culposo por omisión.
Uno de ellos es el uso del cubrebocas para prevenir contagios, que en México nunca fue obligatorio, e incluso se sugirió sustituirlo por pañuelos de papel y unas ligas. Otra de las medidas rebatidas fue no restringir la entrada a México a personas que no presentaran una prueba negativa de la enfermedad.
El transporte público se mantuvo como actividad esencial durante la contingencia, se restringieron las pruebas de diagnóstico únicamente a personas con síntomas dejando por fuera a los asintomáticos que también contagian; las niñas y los niños se quedaron hasta el final del esquema de vacunación y ni siquiera se atendieron las recomendaciones mínimas que enviaba la Organización Mundial de la Salud.
Pero mientras se mantenía laxitud en muchos espacios, en otros había un excesivo control. El extenso e inexplicable cierre de las clases presenciales fue otra de las contradicciones. Toda una generación de estudiantes vio afectada su educación y desarrollo social debido a esta decisión, sin que hasta ahora el gobierno haya hecho una evaluación seria del impacto que tuvo en niños, niñas y adolescentes.
Las limitaciones a los comercios impactó profundamente a la economía de los pequeños empresarios, sin que recibieran por parte del gobierno ningún apoyo, a diferencia de lo que pasó en otros países.
Se necesitará un juez valiente que eventualmente pueda girar una orden de aprehensión bajo una tesis elemental: la negligencia mata. Ahora falta que la Fiscalía haga su trabajo y deje de proteger a funcionarios que fallaron a la promesa fundamental de servir a la sociedad.
Mata también la corrupción que no permite siquiera que haya una verdadera reparación del daño para todas aquellas familias que hoy tienen un lugar vacío en la mesa del comedor.
Y finalmente, daña a toda la nación la impunidad. Los funcionarios que no quisieron, pudieron o supieron cómo cumplir con su mandato deben enfrentar a la justicia.
