La democracia requiere que las personas sean libres para poder funcionar: solo cuando quienes eran súbditos se rebelan, se entienden como ciudadanos y eligen libremente a sus gobernantes, se puede formar un régimen entre iguales que puedan deliberar sobre las mejores maneras de gobernarse a sí mismos.
Sin la libertad más básica de elegir y poder ser elegidas, las y los ciudadanos no podríamos participar en las decisiones sobre las cosas públicas, las que nos atañen a todas y todos. Sin embargo, el derecho de votar libremente es apenas el principio, también son indispensables las libertades de prensa, de expresión, de culto, de movilidad, de asociación…
Hay una que es vital: el libre desarrollo de la propia personalidad, es decir, que las personas podamos ser autónomas y tomar las decisiones que queramos siempre y cuando conozcamos sus consecuencias.
Y para que las personas puedan desarrollar su personalidad, los gobiernos deben limitarse a asegurar que existan las condiciones para ejercer y gozar de nuestros derechos hasta el máximo nivel posible sin que tengamos para ello que limitarnos más allá de lo que la convivencia civilizada requiere.
La libertad de desarrollar la libre personalidad exige que sepamos claramente qué sucede si decidimos romper las leyes. Pero también, y esto es particularmente relevante, que el Estado deje de prohibir cualquier cosa que no implique dañar a los demás y que provea toda la información necesaria sobre las cosas que podrían causarnos daño.
Y sin embargo, quienes nos gobiernan actualmente tienen todo el tiempo pulsiones autoritarias, con frecuencia, motivados por prejuicios o sesgos ideológicos.
Hay una inercia en las autoridades para prohibir comportamientos humanos que se entienden como dañinos o peligrosos para quienes deciden llevarlos a cabo.
El ejemplo más reciente de una política gubernamental que restringe las libertades individuales es la última reforma a la ley antitabaco. Se entiende que se prohíba fumar en espacios cerrados donde los fumadores pasivos son incluso más afectados que la persona que fuma, pero prohibir que se consuma tabaco en playas o parques públicos es un exceso que parece más un reflejo autoritario que una ley coherente.
Lo paradójico de este asunto es que un gobierno que se asume como el más liberal y progresista de la historia se empeña en coartar las libertades de la ciudadanía, ahora con el pretexto de cuidar nuestra salud, como si fuéramos niños que requieren que les digan qué pueden y qué no pueden hacer.
El problema de una ley tan restrictiva como la antitabaco es que, además de restringir la libertad de las personas de fumar, afecta la economía de miles de tiendas, minisupers y changarros que venden cigarrillos y de hoteles, restaurantes y demás comercios donde ya tampoco estará permitido fumar.
¿Qué esperan que suceda con los fumadores? ¿Que desaparezcan de los espacios públicos? ¿Que se queden en sus casas como si fueran enfermos contagiosos?
Estas pulsiones autoritarias no son exclusivas de México. Hoy en Estados Unidos se discute apasionadamente la prohibición de las estufas de gas porque hay estudios que señalan que podrían causar cáncer y están relacionadas con el aumento de asma.
Y en Canadá hay una intensa discusión pública porque una organización no gubernamental que recibe fondos públicos emitió una guía que reduce la cantidad de alcohol que consideran recomendable para evitar riesgos a la salud a dos bebidas a la semana.
Estas recomendaciones, según algunos expertos, son amarillistas y pueden estar excluyendo estudios que no están solo buscando los daños del alcohol, además de que pueden causar ansiedad a bebedores moderados que no estaban siendo afectados por su consumo y ahora están estresadas por cómo se exageraron los riesgos asociados al alcohol.
Los atentados contra la libertad también vienen de los grandes corporativos. Un ejemplo reciente son los correos publicados por Elon Musk en los que muestra cómo las empresas farmacéuticas que desarrollaron las vacunas contra la COVID-19, (Pfizer, Moderna y AstraZeneca) pidieron a Twitter, esa plataforma que pensábamos que era un paradigma de la libertad en redes sociales, que censurara cuentas de activistas que estaban luchando para que se liberaran las patentes de la vacuna contra la COVID-19.
La libertad es esencial para el desarrollo humano: la verdad, la felicidad, la justicia y en general los valores que nos hacen crecer y vivir con más armonía son impensables si no somos libres para escoger, para equivocarnos, para aprender de nuestros errores y para resolver nuestras propias crisis.
Si dejamos que el Estado y las grandes corporaciones nos digan qué podemos y no podemos hacer con nuestra vida y con nuestra personalidad, abrimos la puerta a que después nos digan qué podemos y no podemos pensar, en qué tenemos que creer o qué podemos decir y publicar.
Y no nos equivoquemos, ni los gobiernos ni las grandes corporaciones van a defender nuestras libertades. Eso lo tenemos que hacer nosotros, persona a persona, de nuestra defensa individual surgirá la defensa colectiva.
Defender las libertades consagradas en la Constitución pasa también por defender a quienes quieran fumar tabaco, marihuana o tomarse unos tragos. El otro camino, el de la prohibición, solo acaba creando mercados negros y no soluciona el problema.
No seamos mojigatos. La libertad siempre va primero.
