Proteger al Poder Judicial, pero no es un cheque en blanco

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Defender ciegamente al poder judicial, por simple crítica a la llamada “Cuarta Transformación”, es un error. Ante la llegada de una “nueva” 4T, urge defender al Poder Judicial, no por lo que es, sino por lo que puede ser.

Ese poder, en este juego de balances y contrapesos que es un sistema republicano, es el depositario del ejercicio de justicia, y lo mismo tendría que servir -en teoría- para limitar los abusos y excesos de poder del Legislativo y del Ejecutivo, como para velar porque se cumpla la ley y se respeten las garantías y derechos de la ciudadanía.

Sin embargo, desde una perspectiva crítica, el Poder Judicial está lejos de cumplir estas dos misiones que son sustantivas para la democracia. Se ha vuelto un espacio politizado en el que poco importa la ley si no es para tomar parte de un juego político en el que, lo más importante, es mantener cotos de poder.

Actualmente, desde la oposición se acusa al gobierno de querer controlar a un poder autónomo que en los hechos, más que un contrapeso al Poder Ejecutivo, se ha convertido en un grupo de choque y confrontación en el que las demandas de los partidos -que no de la ciudadanía- tienen un eco y una respuesta inmediata. 

En la narrativa de la oposición, el Ejecutivo pretende anular al Judicial, con todo y que hasta el momento no se había atrevido a atacar a la Suprema Corte de Justicia, máximo emblema de este poder, como sí lo hizo el ex presidente Ernesto Zedillo en 1995.

Justo en enero de ese año, con apenas un mes en Los Pinos y con un Congreso de la Unión que era todavía dominado por el PRI y con la comparsa del PAN, Zedillo promulgó 20 reformas salidas del Legislativo y ratificadas por los congresos locales para remover a 26 ministros. El argumento fue que era necesaria una Corte renovada que impartiera la justicia de una mejor manera, pues esa era la exigencia de la ciudadanía.

Otro argumento fue que el entonces presidente no podía trabajar con ministros emanados de las dos administraciones anteriores… y de un plumazo, la Corte se “renovó”.

El número de ministros de la Suprema Corte de Justicia pasó de 26 a 11 y además se creó el Consejo de la Judicatura Federal. Con las reformas se hicieron legales nuevos recursos judiciales como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad y el término de ministros y ministras pasó de ser un nombramiento vitalicio a solamente durar 15 años.

Aunque fue cuestionada por especialistas, la reforma pasó y es la que norma al Poder Judicial hasta ahora. 

Sin embargo, al hablar de la necesidad de la renovación del Poder Judicial, los críticos y opositores de Andrés Manuel López Obrador de inmediato hablan de autoritarismo, y parecen olvidar cómo se configuraron la Corte y el Consejo de la Judicatura.

La relación entre poderes en una democracia está sujeta al diálogo y al equilibrio, que en algunas ocasiones puede tornarse ríspido, pero siempre debe darse bajo la ley, cosa que ha ocurrido hasta ahora.

La nueva confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo tiene su origen en el rechazo a los proyectos del presidente López Obrador, quien acusa que la llamada “burocracia de oro” y ministros y ministras de la Corte solamente buscan conservar sus privilegios.

En lo que aparenta ser una revancha política de López Obrador, la Cámara de Diputados aprobó eliminar 13 de 14 fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos que benefician a 11 ministros en activo, a 22 en retiro, a pensionados y a empleados. 

La respuesta del Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia es que los recursos son utilizados para cumplir el mandato constitucional de impartir justicia, además de que los beneficiarios no son solamente los ministros y el dinero no se usa en gastos personales, como lo ha afirmado López Obrador en sus conferencias matutinas.

Por lo pronto, como resultado de esta nueva confrontación, 55 mil empleados y funcionarios del Poder Judicial anunciaron un paro de labores desde el 19 de octubre y hasta el próximo martes. Eso significa que no habrá procesos judiciales en este lapso, lo que afecta directamente a la ciudadanía que tiene casos pendientes, y cuando sean urgentes se atenderán vía remota. 

A nadie conviene la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Es un hecho que la administración e impartición de justicia requieren un cambio urgente. Más aún con la tasa de impunidad que hay en el país.

El ataque y la defensa a ultranza no son la vía para construir canales democráticos de diálogo.
Bien convendría observar los dos lados de la moneda y buscar un Poder Judicial que, como la justicia en sí misma, no tome partido y se concentre en garantizar el imperio de la ley y evitar abusos. No es solamente recortarles recursos, sino modernizarlos para que sean más transparentes y eficaces, y si se busca cambiar leyes, en todo caso es para que hagan mejor su trabajo, y no como una revancha de grupo.

Hay que defender al Poder Judicial por lo que puede ser, mas no por lo que actualmente es. 

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