La historia nos ha demostrado que el sistema electoral mexicano es un aparato en constante movimiento.
Con el paso de los años hemos visto que a partir de la participación y el consenso se ha construido un proceso que ha permitido el cambio de poder entre diversas fuerzas políticas.
Ahora que el partido en el poder, Morena, impulsa su reforma electoral bajo argumentos como la falta de transparencia en los procesos electorales organizados por el Instituto Nacional Electoral y sus altos costos, nos obliga a preguntarnos: ¿el recorte planteado al presupuesto del Instituto se traducirá en un ahorro real o solo en la pérdida de eficiencia del mismo?
Porque la iniciativa de reforma propone, entre otras cosas, reducir la estructura del INE, pero con esto se estarían eliminando tanto sus órganos centrales como los desconcentrados, para que toda la organización electoral recaiga en un solo organismo.
Por otro lado, la reforma electoral plantea quitarle al INE la elaboración del padrón electoral y dejar su control en manos del gobierno. También existe la intención de cerrar las oficinas del INE en los 300 distritos electorales del país, pero con ello se perdería la experiencia y el conocimiento de las y los servidores públicos que ahí trabajan.
Además, la reforma electoral sugiere que, cada tres años, se contrate a trabajadores eventuales para organizar los procesos electorales.
Si bien el INE no es perfecto y aún tiene muchas cosas por mejorar, valdría la pena que antes de modificar el modelo electoral, se piense en generar confianza entre todos los actores políticos y llegar a un consenso sobre qué tipo de cambios convendría a toda la ciudadanía.
Y es que un proyecto de reforma electoral no es solo una ley más. Su eje tendría que ser la manera en cómo la sociedad materializa la democracia. Por ello, no puede dejar de ser discutido, pues esas nuevas reglas jugarán un papel importante en un futuro.
Los riesgos de imponer una ley sin consenso son muchos. Incluso, en el terreno de la política puede generar inestabilidad e ingobernabilidad.
Por ahora el llamado “Plan B” de reforma electoral está en pausa hasta el próximo mes cuándo se reanuden las sesiones en el Senado. Si esta cámara lo aprueba con los cambios que contiene, es bastante probable que sea impugnado ante la Suprema Corte de Justicia, como la oposición y el propio INE, ya lo anunciaron.
Es decir, la reforma pasa por complejos equilibrios políticos y también jurídicos.
De no discutirse ampliamente y con la participación no solo de los partidos políticos, sino de especialistas, académicos y sociedad, nos vamos a encontrar con un escenario que generará enorme incertidumbre e inestabilidad pues podríamos llegar a un proceso electoral 2023-2024 con un marco normativo cuestionado y probablemente no resuelto.
No sólo sería una contienda electoral sino también constitucional. Otra vez, la democracia en riesgo por una sociedad dividida.
¿O estas reformas no se pueden discutir para 2025 o 2026? Porque de lo contrario, es cuestionable que se planteen de cara a la elección presidencial de 2024.
Sabemos que la columna vertebral de cualquier elección son la legalidad, la transparencia y la certeza. Si una propuesta de reforma trastoca uno de estos pilares, la intentada transformación será una regresión.
Además, el debilitamiento de la capacidad organizativa de una elección pone en riesgo el contar con competencias justas, equitativas e imparciales. Esto puede generar una tormenta de impugnaciones y pleitos legales que pongan en duda la elección.
No podemos olvidar que en un país democrático, las formas y los procedimientos sí importan. Implican controles para evitar abusos de poder. Ignorarlos es una vuelta a un México autoritario.
Es cierto que se debe contar con un aparato electoral que gaste nuestro dinero de manera efectiva, sin embargo la experiencia nos dice que hay asuntos también urgentes de atender como blindar las elecciones del crimen organizado, regular el uso de las redes sociales durante las campañas, revisar el financiamiento de los partidos políticos o impulsar candidaturas que realmente representen a la sociedad dentro de los partidos políticos. ¿Es esta reforma electoral el remedio para estos problemas?
El país merece instituciones sólidas, que sigan garantizando elecciones libres y una alternancia limpia en el poder, porque la democracia no se construye en un día ni en un proceso electoral.
