La madrugada de este sábado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma administrativa para darle el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que se avanzó un paso más la militarización de la seguridad pública en el país.
Entre todas las razones que se han mencionado para criticar que la seguridad pública se militarice hay una que ha sido poco discutida: la diferencia en el entrenamiento y en la forma de operar de las policías civiles y de los militares.
Mientras que los civiles están entrenados para cuidar a la población en tiempos de paz, los militares no están entrenados para interactuar con la población civil y sí lo están para defender al país contra otros ejércitos en tiempos de guerra.
Lo anterior produce, de entrada, dos formas muy distintas de pensar el trabajo policial. La Oficina para América Latina de Washington lo explica de manera muy clara: mientras que las fuerzas policiales están capacitadas para enfrentar amenazas a la seguridad pública con la menor fuerza posible y con la cooperación de la población, los militares están entrenados para vencer al enemigo en situaciones de combate.
Los militares no están entrenados para patrullar nuestras ciudades ni para lidiar con delitos del fuero común. No saben cómo construir relaciones con la población porque no debería ser su función cotidiana. No está en su lógica trabajar con otros sectores de la sociedad como los empresarios o las organizaciones para buscar las mejores soluciones contra la inseguridad. Insistimos: no están entrenados para eso.
Además, las Fuerzas Armadas no están expuestas a los mismos controles ciudadanos que otros poderes: no responden a los mismos estándares de transparencia y rendición de cuentas que las instituciones civiles y eso hace que, por ejemplo, los soldados que violan los derechos humanos no sean juzgados por los mismos jueces que los civiles.
Pese a lo anterior, desde principios del mes pasado, el gobierno anunció que por acuerdo presidencial la corporación policiaca pasaría a formar parte de la Sedena: “voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”, dijo López Obrador el 8 de agosto.
También anunció que enviaría una iniciativa de ley al Congreso, cosa que hizo un día antes de que se inaugurara el nuevo periodo legislativo, el 1 de septiembre y que fue aprobada apenas tres días después.
La reforma ha sido criticada por diversas organizaciones y especialistas en seguridad, quienes se han pronunciado sobre los riesgos de tener una policía militarizada por diversas razones: en primer lugar, porque desde su creación quedó establecido en la Constitución que “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”.
Pero además, como documentó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la militarización de la seguridad pública ha incrementado las torturas, desapariciones forzadas y asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas e instituciones policiales.
Al final, lo peor de todo es que la militarización no hará que estemos más seguros. La Guardia Nacional ha resultado un fracaso si se observa el número de personas que han logrado detener y poner a disposición del Ministerio Público.
En todo el 2021, la Guardia Nacional atrapó a poco menos de 7,500 personas, la mayoría por delitos como robo de automóviles, portación de armas o cartuchos y otros relacionados con la producción y el tráfico de drogas.
Sin embargo, por delitos graves como homicidio doloso solo pusieron a disposición del MP a seis personas en todo el año. Y por otros delitos como tráfico y trata de personas, solo a una persona en todo 2021.
Es decir, en un año en el que se registraron más de 35,000 homicidios dolosos, la Guardia Nacional solo logró atrapar a seis sospechosos de cometerlos.
Al final, si se termina de militarizar la Guardia Nacional tendremos a más soldados patrullando las calles y haciéndolas más peligrosas, con menos transparencia y rendición de cuentas y sin solucionar el problema que nos urge resolver: la violencia desmedida que vive nuestro país.
La iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados tendrá que ser discutida y votada por el Senado. Mientras tanto, la oposición ya anunció que de ser aprobada impondrá una acción de inconstitucionalidad, pues las leyes secundarias no pueden ir en contra de lo que establece la Constitución.
Por lo pronto, debemos seguir cuestionando la necesidad de tener militares haciendo tareas para las que no fueron entrenados. Necesitamos policías civiles bien capacitados para cuidarnos y no soldados haciendo cosas no saben hacer.
