Seguridad pública: la simulación de los gobiernos estatales

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La imagen es patética: un gobernador sentado en una silla de plástico, solo, afuera de Palacio Nacional con una carpetita en sus manos, esperando a que el presidente de la República lo reciba. Es patética, sí, pero ilustra a la perfección uno de los problemas estructurales más profundos y difíciles de resolver en nuestro país: la cruel manera en que gobernadores y presidentes municipales se lavan las manos cuando se trata de atender la que debería ser su principal obligación, o sea, la seguridad de la ciudadanía.

Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán fue el protagonista de la escena. Pretendía, según él, entregarle al presidente López Obrador las pruebas que según dice, demuestran que el crimen organizado apoyó a Morena en las elecciones del pasado 6 de junio. Dice Silvano que el asunto es uno de seguridad nacional, por eso quería ver al presidente.

La realidad, como siempre en la surrealista política mexicana, es otra. Aureoles es el gobernador de un estado que se encuentra en la lista de 5 entidades a las que el gobierno de Estados Unidos recomienda a su ciudadanía no viajar por los problemas de criminalidad que se viven ahí. Silvano lo gobierna desde hace cinco años. Y se va en este 2021.

Cinco años en los que fue incapaz de cumplir con la principal misión del estado: garantizar la seguridad de las y los michoacanos.

Thomas Hobbes, filósofo inglés quien sentó las bases de la filosofía política moderna en la primera mitad del siglo XVII, expuso que en la construcción de la sociedad humana, las personas habían decidido ceder una parte de sus libertades individuales para favorecer la creación de leyes y construir entidades de gobierno que garantizaran la paz y seguridad de las comunidades. 

Esta es una de las primeras descripciones del contrato social que dio origen, después, al estado moderno. Y como sabemos, México es una unión de estados autónomos que se organizaron para crear una federación, a la que llamamos la República Mexicana. Esto quiere decir que la responsabilidad primaria de garantizar la paz de las personas es de los gobernadores y presidentes municipales. Responsabilidad a la que han renunciado sistemáticamente quienes nos gobiernan, incluido Silvano Aureoles.

Porque si tanto le preocupara la intervención del crimen organizado en las elecciones de Michoacán habría acudido a la Fiscalía de delitos electorales o a la General de la República, no a una sillita de plástico afuera de Palacio Nacional.

Desde hace muchos años que los estados y municipios cedieron parte de sus soberanías y autonomías al gobierno de México como parte de ese pacto en el que se unieron a la República. Pero ceder autonomía no quiere decir olvidarse de sus obligaciones.

Con la cantaleta de que ciertos delitos le corresponden a la federación y ciertos otros a los estados, los gobernadores y presidentes municipales se desentendieron por completo de la seguridad pública. Dejaron de invertir en policías a quienes les pagan poco y capacitan mal. No han modernizado sus sistemas de justicia y parecieran simplemente esperar a que las fuerzas armadas o las policías federales (ahora Guardia Nacional) solucionen sus problemas.

Y no solo eso, se acumulan ya los casos de ex mandatarios estatales que son investigados en México o Estados Unidos por sus probables vínculos con criminales. Los gobernadores no solo han dejado de lado su responsabilidad sino que algunos se aliaron con aquellos personajes a los que deberían estar persiguiendo.

Todavía tienen el descaro de trasladar la responsabilidad de los índices de inseguridad a la federación. Pero, ¿por qué hay estados más violentos que otros? ¿Por qué Yucatán sigue siendo un oasis en el país y hay estados, como el Michoacán de Silvano Aureoles a donde Estados Unidos aconseja no viajar?

Cierto, hay condiciones geográficas que influyen. Michoacán y Yucatán tienen puertos, pero Lázaro Cárdenas es más cercano a China, de donde vienen muchos precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas y está más cerca de las rutas de tráfico de drogas que Progreso, en Yucatán. Aunque bien podría usarse este puerto para recibir estupefacientes desde Latinoamérica.

Pero EU aconseja no viajar a Michoacán por los altos índices de asesinatos, no por la cantidad de químicos que llegan a su puerto. Y los homicidios son crímenes que deben investigar y, sobre todo, evitar las autoridades estatales.

El crimen, pues, no entiende de leyes o de fuero común y federal. Y los gobernadores llevan demasiado tiempo lavándose las manos.

Por eso, esta semana en Cuestione analizaremos los alcances, responsabilidades y obligaciones que tienen los gobiernos estatales cuando se trata de combatir a los criminales y de garantizar la seguridad y paz de la ciudadanía. Porque imágenes patéticas como la de Silvano Aureoles no deben repetirse. No podemos permitir que las y los gobernadores sigan fingiendo que trabajan.

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