En México hemos sido incapaces de construir un sistema de justicia eficiente y honesto. ¿Cuál es la consecuencia? Impunidad.
Ese mal del que tanto se habla pero que no se ha podido combatir con éxito porque en nuestro país desde la policía hasta los jueces y fiscales no contribuyen a que se imparta justicia.
Incluso los pocos políticos, legisladores y personas con poder que lo han intentado, han quedado también rebasadas al momento de aplicar las leyes.
A pesar de todas las promesas, la realidad es que la impunidad no se ha terminado ni en este ni en otros sexenios, en gran medida porque el aparato judicial no está haciendo su trabajo: hacer justicia.
“Fue un crimen de Estado”, “hubo complicidad de autoridades de los tres niveles con grupos delincuenciales”, “pagarán los culpables y no habrá impunidad” fueron algunas las conclusiones que señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, en el informe que presentó el 18 de agosto sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Un discurso muy parecido al que hace ocho años el anterior gobierno construyó tras el crimen que se cometió en Iguala, Guerrero. Y en el que el sistema judicial participó para construir una narrativa en el caso de Ayotzinapa.
En este hecho se ha señalado que se utilizó la tortura para lograr las confesiones de la llamada “verdad histórica” a la sombra de la justica, que lejos de eliminar las malas prácticas del gobierno y ayudar a enjuiciar a los responsables, se limitó a servir al poder en turno.
Todo eso supuestamente acabaría con la transformación de una Procuraduría General de la República al servicio de la Presidencia en una Fiscalía General que se suponía sería independiente al Poder Ejecutivo. Pero eso no cambió.
Lo que hemos visto en la actual administración es que el uso faccioso de la justicia se repite como en el pasado. Como sucedió con la persecución y después liberación de Rosario Robles.
Es cierto que han habido esfuerzos por mejorar al sistema judicial mexicano como con las reformas constitucionales de 2008 y 2014, que crearon el sistema de justicia penal acusatorio oral. Sin embargo, la forma de llevar los juicios cambió pero la justicia no lo hizo.
En aquellas reformas se cambió la lógica para perseguir a los grupos de delincuencia organizada, ya no delito por delito, sino utilizando métodos y herramientas científicas para intentar desintegrar redes de macrocriminalidad como hacen las policías y fiscalías más eficientes del mundo.
Y entonces: ¿por qué la sociedad mexicana no puede acceder a una justicia eficaz? ¿Por qué el sistema judicial sigue liberando a criminales? ¿Por qué seguimos con niveles tan altos de impunidad?
A México le urge una – otra – profunda revisión del Poder Judicial, del sistema de procuración de justicia y de sus leyes.
Porque de nada sirve seguir militarizando al país, seguir contratando más policías, modificar y actualizar las leyes, si no se arregla nuestro sistema de justicia.
Por otro lado, de qué sirve el debate sobre la prisión preventiva, si la estructura de la justicia penal que debe de ver por la correcta aplicación de la ley está fracturada desde hace mucho tiempo.
Mientras no se haga la aplicación de la ley y la reparación del daño para las víctimas no dejará de ser más que una mera aspiración.
Y lo peor es que en medio de todas esas deudas y fallas queda la ciudadanía que no denunciamos porque sabemos que, en el mejor de los casos, será una pérdida de tiempo o nunca se hará justicia, y en el peor, habrá revictimización.
El sistema judicial mexicano tiene una gran deuda con las y los mexicanos y ya es hora de que alguien se preocupe por arreglar el sistema y asegurarse que rinda cuentas.
