Terrorismo fiscal: ese gran enemigo de las libertades

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Pagar impuestos es una obligación de la ciudadanía. No cabe duda. ¿Pero qué pasa cuando ese dinero que algunos aportamos para mantener al Estado no se ve reflejado en servicios adecuados? Y peor: ¿qué ocurre cuando el gobierno insiste en cobrarles más impuestos a quienes ya pagan y se olvida de ir tras aquellos que no lo hacen?

De acuerdo con el INEGI, hay más mexicanos trabajando en el sector informal de la economía que en el formal. Eso quiere decir que más de la mitad de las personas que deberían de pagar impuestos, no lo hace jamás.

¿Cuál es la solución de un gobierno que se acabó el dinero y necesita más recursos ante la crisis económica y sanitaria de la COVID-19? El terror.

La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos para 2021 y, con ella, la llamada miscelánea fiscal, que tiene algunos mecanismos que resultan intimidantes. 

Ahora, el personal del SAT podrá usar herramientas como celulares, grabadoras y cámaras durante las visitas domiciliarias para fotografiar o grabar los bienes de cualquier contribuyente. 

Lo anterior puede violar el derecho a la privacidad de las personas y, si es mal utilizado, puede amedrentar a contribuyentes que estén en la mira del gobierno. Terrorismo fiscal en toda su expresión. 

Ésta es la nueva herramienta de una autoridad fiscal que se distingue por el uso faccioso de la Ley para amedrentar a las personas. 

Ya hemos visto cómo se utiliza la Unidad de Inteligencia Financiera,que encabeza Santiago Nieto, para congelar cuentas bancarias de personas que se oponen a las políticas del gobierno federal. 

Así lo hicieron con las del exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, de Salvador Alcántar y Eliseo Compeán, alcalde de Delicias, quienes se oponen a la extracción del agua de la presa de la Boquilla, en aquel estado. Ese fue un claro uso político de una herramienta del gobierno. Pero no es el único caso.

No son pocos los casos en los que el gobierno primero señala, luego congela cuentas y ya después investiga anomalías de los supuestos empresarios o exfuncionarios corruptos que no le simpatizan. Y no solo usan a la Unidad de Inteligencia Financiera para eso.

Ya vimos el caso del exsecretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, a quien la Función Pública señaló por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, sin que después pudieran probarle la comisión de algún delito.

O, en el caso de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuando acusó, señaló y estigmatizó a una activista de financiar el  movimiento que ocupa las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del centro. La mujer señalada perdió su empleo. La CNDH sigue ocupada. Y nadie probó nada.

Todas estas acciones, que parecen aisladas, empiezan a delinear una política de terrorismo desde el poder cuyo mensaje parece ser: si te opones al gobierno, se te puede fotografiar en una auditoría, congelar tus cuentas, investigar desde la función pública o amedrentar desde una conferencia de prensa.

¿No son estas las prácticas de los estados totalitarios? Si no lo son, se parecen mucho. Demasiado.

En Cuestione estamos 100% a favor de que todos paguemos impuestos. 100% a favor de que se aplique la Ley para conseguirlo. 100% a favor de un Estado de Derecho libre y democrático. Lo que nos parece inaceptable es que se utilicen las herramientas de poder, con las que cuenta el gobierno para intimidar a la ciudadanía y a la clase empresarial que, con trabajo, contribuye al crecimiento del país generando riqueza y empleo.

Lo que encontramos preocupante es que se quiera seguir exprimiendo a quienes siempre pagan, en lugar de meter en orden a todas aquellas personas que viven en la informalidad. ¿Por qué cobrarle más, aterrorizar a quien cumple y, además, genera empleos y dejar como si nada a comerciantes de la calle?

Esta semana analizaremos los alcances y límites de la nueva miscelánea fiscal, modelos exitosos de recaudación en otros países y, también, revisaremos el peligro que representa para las libertades y la economía el uso del terrorismo fiscal desde las instituciones del gobierno. 

Es una historia que el mundo ya ha vivido antes con desastrosos resultados. No debemos permitir que se repita.

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