Una sociedad democrática y funcional requiere de un gobierno que ponga a disposición de la ciudadanía un sistema de transparencia que facilite la evaluación de las políticas públicas que se operan en el país.
Al omitir, esconder o maquillar la información se impide conocer las problemáticas que nos aquejan y también se limita el derecho de la población a saber y opinar sobre el impacto que las acciones del gobierno tienen en sus vidas.
En temas como la seguridad, particularmente en el contexto de violencia cotidiana que sufren muchos y muchas mexicanas en todas partes del país, la falta de transparencia implica mucho más que la mera ausencia de datos.
Sobre todo cuando las mismas autoridades se convierten en testigos de graves crímenes o son protagonistas de la opacidad y falta de información, lo que al final perpetúa la impunidad y la corrupción.
En la historia reciente de México hemos sido testigos de varios casos verdaderamente obscenos de desfalco de recursos públicos, muchos que han sido expuestos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Gracias a estos organismos autónomos nos enteramos de cómo el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hizo un mal manejo de recursos públicos durante su gobierno. También del tan sonado caso de la “Estafa Maestra”, en el que hubo un desvío de millones de pesos del erario mexicano.
Aún peor es el caso de Segalmex, la institución destinada a combatir el hambre, que cuenta con irregularidades que ya superan a la “Estafa Maestra”. Hablar de los fraudes y desfalcos de esta institución del gobierno es hablar de uno de los peores casos de corrupción de la actual administración, así como también de uno de los grandes fracasos.
Otro ejemplo más es el Tren Interurbano México-Toluca en la Ciudad de México. La obra que comenzó a construirse en 2014, que ahora sabemos estuvo mal planeada desde un inicio y lo peor es que sigue sumando costos, irregularidades y que no se ve para cuando se vaya a terminar.
Sin embargo, ¿el gobierno permite el acceso a información pública relevante? De acuerdo con la Métrica de Gobierno Abierto elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económica y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el gobierno federal tiene una calificación de 0.61, en una escala de 0 a 1, en transparencia.
Por esa razón, resulta preocupante el desprecio desde Palacio Nacional a los organismos autónomos en general, pues representa un golpe contra las instituciones encargadas de obligar al gobierno a transparentar sus acciones.
En un gobierno en el que su principal discurso es combatir la corrupción, estamos enfrentando una alarmante opacidad. No se ha entendido que definitivamente son instituciones necesarias, sobre todo para conocer cómo se está gastando nuestro dinero.
De lo contrario, prolongamos un círculo vicioso en el que las autoridades ni informan ni castigan, ocasionando que la sociedad sienta una desconexión hacia el aparato estatal y se resigne a procesos inefectivos; desgastándose así, al Estado y a la ciudadanía.
La reserva de información de manera injustificada daña nuestro derecho a la información, por eso, el desafío es grande, lo mismo para gobiernos, empresas que para la ciudadanía: debemos comprometernos con la verdad. A veces no nos va a gustar, a veces nos va a indignar, pero lo necesitamos como ciudadanas y ciudadanos que aspiramos a construir un mejor futuro para el país.
