Transparencia y rendición de cuentas

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Hay un derecho que tenemos como ciudadanía. Un derecho reconocido y fundamental: el derecho a saber cómo y en qué los gobiernos gastan nuestro dinero.

Pero va mucho más allá del tema económico. Pocas cosas son tan importantes para proteger a la democracia y combatir la corrupción como la transparencia. En su ausencia, los gobernantes de todos los colores han aprovechado para hacerse del dinero público, debilitar las instituciones y cometer abusos contra la ciudadanía.

La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno está en que todas las decisiones de políticas públicas y administrativas deberán poder ser vigiladas por la sociedad en forma clara, accesible y confiable.

Esto es crucial porque aquello que no puede ser medido, difícilmente podrá ser evaluado. Y sin evaluación, no hay rendición de cuentas. No podemos olvidar que el gobierno no genera riqueza por sí mismo; recauda impuestos de los recursos que la gente genera, y después los gasta. A veces lo hace bien, a veces mal. Pero siguen siendo recursos que vienen de toda la gente y que merecemos saber cómo se utiliza.

Las instituciones y leyes que hoy nos brindan esa información no fueron ni un regalo de los gobernantes ni un favor. Son producto de una larga lucha de la sociedad para exigir conocer el uso de los recursos públicos.

Un paso decisivo en este camino se dio en Chile hace muchos años. Era 1998, y un ciudadano llamado Claude Reyes, junto con otras personas, exigieron que el gobierno de ese país diera a conocer cómo se estaban entregando tierras públicas a privados. El gobierno se negó a dar la información, así que recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Tras diez años de lucha legal, se emitió un fallo que cambió a toda nuestra región: los gobiernos ahora tenían la obligación de crear leyes y una estructura que permitiera que fiscalicemos, la ciudadanía y los medios, las decisiones, gastos y contratos de los países.

Así, surgieron las instituciones de transparencia. A partir de entonces hemos podido revisar a quienes nos gobiernan y se han descubierto grandes escándalos de corrupción.

Pero hay algo que sigue faltando: la voluntad política para que realmente se cumpla con la ley. En Cuestione lo hemos experimentado una y otra vez. En cientos de solicitudes de información que hemos hecho, una y otra vez recibimos la misma respuesta: “no existe”; “no se encuentra”; “no sabemos qué pasó”.

Eso puede hablar de un profundo desorden administrativo, pero también habla de una intencional falta de interés por parte de nuestras autoridades en decirnos la verdad sobre lo que están haciendo con nuestro dinero.

Ejemplos sobran: los insumos médicos que se compraron de China nunca se supo dónde quedaron ni cuánto costaron; las pipas para combatir el huachicol también están desaparecidas, al menos en los registros públicos. Hay opacidad en compras de medicamentos, en los libros de texto gratuitos, en múltiples contratos del Estado.

Además, la figura de “información reservada” por supuestas razones de “seguridad nacional” abundan. No podremos conocer detalles de cómo se hicieron o quién realizó muchas obras millonarias y procesos de contratación durante años, porque el gobierno ha escogido guardarse la información, algo que nos impedirá llamar a cuentas a los responsables si estas obras salen mal. 

Esto incluye documentos del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los contratos para la compra de vacunas, el avión presidencial y el operativo contra Ovidio Guzmán, entre muchos otros.

Sabemos bien que son los países más transparentes los que menos corrupción sufren. Entre más claro sea todo, menos espacio de maniobra queda para quienes buscan beneficiarse de los recursos de la gente. 

Pero hay otro tema: la protección de los datos personales de la ciudadanía. Una  y otra vez hemos escuchado de la venta del padrón de votantes, de datos fiscales y personales. Las instituciones de transparencia no solo tienen que asegurarse de que se sepa lo que hace el gobierno, sino que también tienen que proteger la intimidad de la ciudadanía.

Glenn Greenwald, un constitucionalista estadounidense, explicó que “La transparencia es para quienes tienen obligaciones públicas y ejercen el poder público. La privacidad es para todos los demás.“   

Es por la importancia de este tema y el impacto que tiene en nuestras vidas que esta semana, en Cuestione, analizaremos las experiencias de otros países, así como los desafíos que aún enfrentamos para lograr reducir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades.

Esta es una responsabilidad fundamental del gobierno. Pero depende de la sociedad que realmente se cumpla. Cumpliremos con nuestra parte para que la transparencia sea, algún día, una realidad.

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