No es amarillismo, no es prensa conservadora, fifí o aplaudidora: no importa el lado del espectro político que estés, esta es la cruda realidad de nuestro país.
No habían pasado ni 24 horas de que la 4T disfrazada con los colores de todos los partidos en el Senado aprobara que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles realizando labores de seguridad pública, cuando dos grupos criminales desnudaron el rotundo fracaso de la política de seguridad del gobierno mexicano: por lo menos 21 personas fueron asesinadas en Guerrero y Morelos.
La masacre en San Miguel Totolapan fue ejecutada por un grupo criminal llamado Los Tequileros, quienes abrieron fuego con armas de alto calibre en contra del palacio municipal y, al mismo tiempo, de la casa del alcalde del lugar. El saldo: 20 personas muertas, entre ellas el propio presidente municipal, su hijo, su padre, funcionarios municipales y un menor de edad.
Horas después, en Cuernavaca, la diputada local Gabriela Marín, del Partido Morelos Progresa, fue asesinada a balazos en su camioneta afuera de una farmacia.
Y no solo eso: dos días después se viralizó un video en internet en el que el supuesto líder de un grupo criminal contrario a Los Tequileros aseguraba que el ataque en Guerrero iba dirigido en su contra, que había logrado escapar, que lo persiguieron, balacearon y que sobrevivió gracias al blindaje de su camioneta. También aseguró que los responsables de la matanza estaban ya todos muertos.
La semana pasada fue sangrienta en todos los frentes. Además de estos dos muy mediáticos sucesos, supimos del asesinato de una madre buscadora en Puebla a quien asesinaron en el mismo lugar donde desapareció su hija.
Fueron todos hechos aislados que nos muestran que no importa cuántos militares y marinos patrullen nuestras calles. Que de poco vale que la Guardia Nacional sea ahora un brazo del Ejército. Que de nada sirven los miles de millones de pesos que se invierten cada año en la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina: la estrategia no funciona.
Ahí donde el Estado debería tener el único monopolio admisible: en la administración de justicia y el imperio de la Ley, el Estado mexicano nos está fallando y lleva décadas sin poder controlar sus propios demonios.
Y es que esta crisis de inseguridad y violencia no es, por desgracia, para nada nueva. Desde la ola de secuestros, asaltos, asesinatos y robos que se vivieron en México en la década de los noventa del siglo pasado, pasando por las dos fracasadas administraciones panistas de principios de siglo, el peñismo y ahora la llamada Cuarta Transformación: ninguno, nadie ha logrado desmantelar las redes de macrocriminalidad que provocan estos hechos de violencia.
Como bien se ha dicho, desde la administración de Ernesto Zedillo, quien gobernó México entre los años 1994 y 2000, el Ejército salió a las calles. Y desde entonces nunca ha vuelto a los cuarteles. Y desde entonces, la violencia prácticamente no ha hecho sino crecer y crecer.
Cómo olvidar la marcha blanca que, en el sexenio de Vicente Fox, cuando el ahora presidente López Obrador gobernada el entonces Distrito Federal, tomó la calles de la capital, y que fue descalificada por el entonces jefe de gobierno como “fifí” cuando lo único que reclamaba era un alto a la inseguridad y, particularmente, a los secuestros.
Y es que no importan los ríos de dinero, el poder o la ampliación de funciones que se les dé a las Fuerzas Armadas desde el Ejecutivo si no se combaten, en bloque, la corrupción y la impunidad.
Organizaciones civiles como México Evalúa han documentado que los niveles de impunidad en nuestro país son cercanos al 100%. Es decir, aquellos que pisan la cárcel acusados de algún delito, rara vez son sentenciados y aquellas personas que denuncian un delito, casi nunca ven al delincuente tras las rejas con una sentencia firme y sólida.
De esto no han sido solo responsables los presidentes Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador y quienes les precedieron en el cargo. Tenemos un Poder Judicial poroso, corrupto y muchas veces, cooptado no solo por los criminales armados, sino por aquellos que cometen delitos desde oficinas de gobierno y grandes corporaciones nacionales e internacionales.
Y tenemos legisladores que suelen estar más preocupados por sus propios delitos, por su próximo puesto político o sus negocios turbios que por el interés de las y los mexicanos.
Eso no lo va a cambiar ni el Ejército más poderoso del mundo.
Llegó el momento de dejar de preguntarnos y dudar si funciona o no el modelo que tenemos. Ese barco ya partió. La estrategia de seguridad armada no funciona.
Tenemos que plantearnos soluciones alternativas y tomar las riendas de nuestro país. Estamos obligados a construir un mejor futuro para nuestras hijas e hijos y eso no va a suceder siendo pasivos espectadores del show de la clase política.
Ha llegado, pues, la hora de asumir responsabilidades y tomar al toro por los cuernos. Es tiempo de exigir, involucrarnos y, de ser necesario, expulsar a quienes no funcionen. Así sean todos: presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores y jueces.
Es hora de que nos den resultados.
