Otro 11 de septiembre se conmemora en Chile. Otra vez el recuerdo del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, con el que se establecería una dictadura cruenta que duraría 17 años.
Pero esta vez es el aniversario número 50 de aquel día en que la democracia se quebró en el país sudamericano. Ha pasado ya medio siglo desde entonces y sin embargo el impacto -político, ideológico y social- de la dictadura aún juega un rol clave en la política chilena.
La profundidad del impacto de las ideas de Allende y la cultura de la dictadura militar de Augusto Pinochet, así como las cicatrices que dejó en miles de personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos, es algo que perdura en el debate público hasta hoy.
Estalla Chile
En 2019 el país sudamericano vivió un momento crucial en su historia. Cuestione estuvo ahí para documentar el llamado “Estallido social”, en el que millones de personas tomaron las calles exigiendo un cambio en la política económica y social del país.
A pesar de ser una de las naciones más desiguales de América Latina, por décadas el país había sido considerado como un ejemplo de estabilidad y progreso. Sin embargo, debajo de esa aparente imagen de prosperidad se gestaba un profundo descontento social.
La única solución que encontró el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, de centro derecha, fue convocar a un plebiscito constituyente para preguntarle a la gente de Chile si querían cambiar su Constitución.
Esto era emblemático, ya que la Carta Magna de ese país fue concebida y establecida por el gobierno del dictador Pinochet antes de entregar el poder para garantizar que su sistema y modelo se mantuviera de forma permanente.
El plebiscito para llamar a elegir una Convención Constituyente ganó por amplio margen, y se eligió después a quienes estarían a cargo de este proceso. Quienes fueron electos representaban en su mayoría a grupos fuera de la estructura de los partidos tradicionales, que durante meses trabajaron para construir un texto que representara una nueva era para Chile.
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Sin embargo, el camino de una nueva Constitución resultó mucho más complicado de lo esperado. La propuesta elaborada por la Convención Constituyente fue claramente derrotada en el plebiscito que la ratificaría, dando un duro golpe a la izquierda de ese país y al gobierno del actual presidente Gabriel Boric.
Una gestión bajo asedio
Jorge Arrate fue un hombre clave en la gestión de Salvador Allende. Le tocó estar cerca del presidente durante toda su gestión, apoyándolo en trabajos tan relevantes como la nacionalización del cobre.
“Y teníamos una oficina junto al equipo asesor (del presidente). Era relativamente pequeña, pero vivíamos en La Moneda. No estábamos a más de 30 metros de la oficina de Allende. Teníamos autorización para entrar en cualquier momento en que estuviera libre”, cuenta en entrevista con Cuestione.
Arrate describe a Allende como un hombre “dueño de sí mismo”, que era cercano y cálido pero sabía el lugar que le tocaba ocupar. Sin embargo era cariñoso, daba “abrazos fuertes” – había hecho boxeo de más joven – y tenía un “humor incansable”.
Allende, desde antes de comenzar su mandato, enfrentó ataques sistemáticos por parte de los grupos económicos y del poder político. “Estaban defendiendo sus intereses”, nos explica Arrate.
Destaca algo importante: el presidente nunca fue un radical de izquierda, como se le ha hecho ver. Creía firmemente en que la democracia era el camino para construir una sociedad más justa. Sin embargo, nos explica, hubo un fenómeno que cambió por completo la política latinoamericana de la época, así como la visión de los Estados Unidos respecto a los izquierdistas de nuestra región: la Revolución Cubana.
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La Unidad Popular, la coalición de partidos de izquierda que lo postuló, “Dejó de ser vista como una especie de continuación del Frente Popular (una alianza de partidos de izquierda democrática que gobernó Chile a finales de los años 30 del siglo XX)” sino que empezaron a ver a la experiencia chilena como un “clon de la cubana”.
Como se ha documentado ampliamente, nos explica, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la derecha chilena empezaron una “campaña de terror” y de sabotajes contra la administración de la Unidad Popular.
Documentos recientemente desclasificados por el gobierno del presidente Joe Biden, de Estados Unidos, confirman este hecho. “La Administración de Nixon tuvo una política de desestabilizar al Gobierno legítimo y constitucional de Allende, y ayudar a consolidar un Gobierno no democrático y no legítimo que tomó el poder de una manera violenta en Chile”, explicó a la agencia EFE el periodista Peter Kornbluh, que lleva décadas investigando el Archivo de Seguridad Nacional.
Allende, sin embargo y a pesar de sus reformas y expropiaciones, mantuvo una política social demócrata, impulsando planes de alimentación y educación, y siempre respetó la libertad de prensa.
Como te contamos en esta nota, los mil días del primer presidente socialista en Chile estuvieron marcados por un sistemático sabotaje al sistema democrático, que terminó por derribarlo.
El golpe y la caída de la democracia
Jorge Arrate fue enviado por Allende a Rusia para negociar la venta de cobre. Era un viaje indispensable: los rusos estaban molestos porque Chile negoció primero con Pekín la venta del metal, lo que les parecía inaceptable.
“Le insistí al presidente en quedarme”, nos cuenta. La tensión era alta en el país y no quería estar lejos en caso de que sucediera algo. Él y su colega Arsenio Pupán, que sí estuvo ahí en el golpe y está aún desaparecido, se habían prometido estar con Allende “si pasaba algo”. Pero no tuvo opción: “Me dijo ‘váyase’, las cosas tienen que seguir funcionando. No podemos, con el pretexto de que hay condiciones muy complejas, no podemos dejar que el gobierno deje funcionar. El gobierno tiene que seguir”, le dijo el presidente. Y fue.
Estando en Moscú recibió una comunicación del Partido Socialista: “tienes que volver”. Fue un viaje tortuoso y complicado: de Moscú a Londres, de ahí a Escandinavia, luego Zurich y Buenos Aires, para finalmente volar a Santiago.
“Apenas pasábamos la cordillera, el piloto nos dijo que debíamos volver”. El golpe se había consumado y el Aeropuerto Internacional de Santiago estaba cerrado. Le tomaría 14 años de exilio volver a su tierra.
Ese 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas, lideradas por una junta militar que presidía Augusto Pinochet, bombardearon el Palacio de la Moneda. Tanques y soldados invadieron el edificio del Ejecutivo, peleando cuarto a cuarto contra los leales al presidente, muchos de los cuales murieron en ese combate.
Salvador Allende también murió ese día, y hasta hoy se debate si fue ejecutado o si se suicidó antes de ser detenido. En cualquiera de los dos casos, el presidente cumplió la promesa de uno de sus últimos discursos difundido en la radio: “Compañeros, permanezcan atentos a las informaciones en sus sitios de trabajo, que el compañero presidente no abandonará a su pueblo ni su sitio de trabajo. Permaneceré aquí en La Moneda inclusive a costa de mi propia vida”.
La larga noche de la dictadura
Toque de queda de tres días. Incertidumbre, miedo. Y después, la imagen de Pinochet convertido en líder supremo. Durante 17 años las fuerzas armadas gobernarían con puño de hierro. Hubo más de 3,000 desaparecidos o asesinados, unos 40,000 torturados y más de 200,000 personas se fueron al exilio, muchas a México.
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Durante el gobierno cívico-militar (llamado así por ser una alianza entre sectores políticos civiles de derecha y militares) se impusieron múltiples reformas económicas y sociales, inspiradas en los ideólogos económicos formados en Estados Unidos, conocidos como los “chicago boys”. Estas reformas, de corte neoliberal, convirtieron a Chile en un laboratorio de implementación de políticas que beneficiaban a los sectores económicos en detrimento de los trabajadores. Se limitó la sindicalización, se restringieron los derechos laborales como el derecho a huelga, se contuvo el acceso a prestaciones.
También se limitó la libertad de prensa y manifestación, además de hacer ilegales a todos los partidos de izquierda. Aquellos que fueron partidarios del golpe, como la Democracia Cristiana y los partidos de derecha siguieron existiendo, con una participación limitada a las reglas del régimen.
Con el paso de los años creció el descontento, y en 1987 hubo amplias movilizaciones sociales, siempre reprimidas, exigiendo el retorno de la democracia. Al mismo tiempo, el apoyo de Estados Unidos al régimen se fue debilitando, lo que forzó a que eventualmente Pinochet se sentara a negociar con sectores de oposición para trazar un camino hacia el restablecimiento democrático.
El acuerdo fue hacer un plebiscito sobre la permanencia del gobierno por seis años más o la convocatoria a elecciones. Pero antes de hacerlo, el régimen redactó e impuso una nueva Constitución. Esa es la Carta Magna que, con modificaciones, sigue rigiendo la vida de Chile.
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El 5 de octubre de 1988 se realizó el plebiscito, tras una tensa campaña entre quienes promovían el “Sí” al gobierno y quienes llamaban a votar “No” para cambiar el sistema. Esa noche el país miraba expectante sus televisores esperando el resultado que definiría su destino.
Según reportes recientemente desclasificados, en el momento en que Augusto Pinochet supo que había sido derrotado quiso poner en marcha un plan de autogolpe para desconocer el resultado.
Las revelaciones confirman que el general buscó el apoyo de sus aliados militares más cercanos para que las Fuerzas Armadas sitiaran Santiago. Sin embargo se negaron, por lo que tuvo que aceptar la derrota.
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Jorge Arrate nos cuenta lo importante que fue la unidad de toda la oposición – desde los comunistas hasta la Democracia Cristiana – para lograr ese triunfo. “Fui activo partidario de formar un frente muy amplio para luchar contra Pinochet”, nos explica. Con todo, la Democracia Cristiana siempre estuvo cerrada a colaborar con los comunistas.
“La DC no quería. Y finalmente, no hubo otra opción que romper la alianza de izquierda y generar una alianza que iba desde el partido socialista hasta la democracia cristiana, pasando por los radicales y por otros grupos. Fui partidario de esa alianza y lo sigo siendo”, aseguró.
“Los socialistas hicieron una gran contribución al aceptar configurar este entendimiento, porque si no, ¿quién habría gobernado Chile?” se pregunta.
La derecha que sigue sin aceptarlo
Hoy, que se conmemoran los 50 años, el debate sobre la legitimidad del golpe de Estado y el legado de Salvador Allende sigue siendo parte del debate político, aunque no es de mucho interés para la población.
Según una encuesta publicada por El País, solo uno de cada cuatro chilenos está interesado en el tema. Incluso un porcentaje significativo – cerca del 40% – responsabiliza a Allende por el golpe.
En el debate político, la derecha sigue defendiendo al gobierno militar en general, con algunas excepciones. Y esto se manifiesta en el nuevo proceso constituyente al que convocó el presidente Gabriel Boric. La conformación de la Convención Constituyente actual es totalmente diferente a la anterior: si antes estuvo dominada por independientes de izquierda, ahora está controlada por la derecha y la ultraderecha.
“La derecha no quiere ir a las ceremonias de conmemoración de los 50 años, porque no tiene sensibilidad ni por los desaparecidos ni con los muertos ni con los ejecutados. Es una derecha que en 50 años no ha logrado hacer las cuentas con su propio corazón. Ese es el problema que tenemos”, nos cuenta Jorge Arrate.
Mauricio Weibel, un reconocido periodista de investigación chileno, autor de varios libros sobre la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, nos explica que su país sigue sumido en “la persistencia inquebrantable de un sistema profundamente neoliberal que sostiene las desigualdades sociales”.
Lo conecta con las ultraderechas que están avanzando en diversos países del mundo, como lo fue en el Brasil de Jair Bolsonaro o algunos países europeos.
“La nueva Constitución que están elaborando está muy inclinada hacia la derecha. Las encuestas indican que probablemente también sea rechazada”, acota, pero significará la persistencia de la actual Carta Magna.
“Estamos viendo un periodo de crisis constitucional que en algún minuto tendrá que cerrarse”, dice, pero “tendrá que derivar en un acuerdo que hoy día no va a ser viable”.
Michele Bachelet, que fue presidenta de Chile en dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018) dijo que le “sorprende esta falta de consenso, luego de que a los 30 y a los 40 años (del golpe) hubo más acuerdo en condenar la historia, en el sentido de aprender las lecciones y de no repetir hechos tan dolorosos como esos”.
La ex mandatari llamó “a cuidarnos, a cuidar la democracia, a cuidarnos entre nosotros, a cuidar el lenguaje y a pensar que el pasado puede habernos dividido, pero el futuro tiene que unirnos, porque la patria es de todos”.
Así, llegan los 50 años del golpe de Estado, con un Chile dividido, aún buscando su identidad y su unidad nacional. Un país que oscila de la derecha a la izquierda, sin encontrar el punto medio que le permita reconciliarse.
Y de alguna forma sigue sin cumplir los deseos de Allende, que hizo claros en su último mensaje a su patria: “Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.
