El 19 de marzo, en plena crisis de COVID-19 en México, el académico John Ackerman declaró en televisión estatal que Andrés Manuel López Obrador es un presidente científico y que las autoridades de salud siguen sus instrucciones. Si viviéramos en un país con total control de la información por parte del gobierno, nadie nos diría que esto no es cierto y, si tú pensaras que es una mentira, no podrías divulgarlo. Incluso, si llegaras a publicarlo, correrías grave peligro.
A esta situación a la que se enfrentan los habitantes de los siguientes países.
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Corea del Norte, el caso emblemático
La República Popular Democrática de Corea ha sido gobernada por la familia Kim, avalados por el Partido del Trabajo, el único en el país, y sin libertad de expresión.
Kim Il-sung, quien gobernó de 1948 a 1994 era llamado por sus habitantes como “el gran líder” y “presidente eterno”.
A su muerte, comenzó a gobernar Kim Jong-il, conocido como “el amado líder”. La leyenda cuenta que cuando nació apareció un doble arcoíris en el cielo.
En un informe de 2006 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), se lee que Kim Jong Il había creado el vacío de información más profundo del mundo.
“Todas las radios, televisoras y periódicos locales son controlados por el gobierno. El contenido de la información es provisto casi enteramente por la Agencia Central de Noticias (KCNA)”.
De acuerdo con el CPJ, la agencia de noticias de Corea del Norte transmitía a diario “cobertura que adula al ‘querido Líder’ Kim Jong-Il y sus acciones oficiales”.
Para ejemplificar este cerco, en 2014, Park Yeon-mi, una refugiada norcoreana en Australia contó lo siguiente: “viví pensando que Kim Jong-il podía leer mi mente. Nos enseñaron que tenía superpoderes, nunca lo dudé porque no conocía otra cosa”.
Según Yeon-mi, las personas que llegaban a sospechar que el régimen mentía, o si llegaban a enterarse de la verdad, eran arrestadas y ejecutadas en público. Kim Jong Il murió hace menos de una década, en 2011.
De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional (AI) en 2018, el gobierno de Kim Jong-Un (el sucesor de Kim Jong-Il) no es tan cerrado como el de su padre, incluso se ha llegado a presentar con una banda de K-Pop en el país.
Sin embargo, apenas tres millones de norcoreanos (de 25 millones en total) tienen teléfono celular que, según AI “esencialmente funcionan como un sistema de intercomunicación interno”.
Además, de acuerdo con AI, hay “personas que han sido hostigadas o incluso detenidas por tratar de contactar a sus familiares y amigos que han abandonado el país”.
La BBC publicó en 2018 un reportaje sobre Corea del Norte, en el que pudieron hablar con dos habitantes que revelaron que “Kim Jong-Un goza de un estatus casi divino, para muchos es impensable cuestionarlo en voz alta”.
Además, a los norcoreanos, según el mismo artículo, se les sigue enseñando que “él lo sabe todo y se les dice que deben informar de quienes disienten del régimen. Incluso si se trata de su propia familia”.
Pero AI cierra su informe de 2018 con optimismo, “Corea del Norte parece haberse vuelto algo más abierta a comprometerse con la ONU en materia de derechos humanos”.
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La exrepública soviética más autoritaria
“El 25 de diciembre de 1991 renunció Mijail Gorbachov a la presidencia y un día después, el 26 de diciembre, se reunió por última vez el parlamento soviético que acordó la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)”, decía la crónica de Gerardo Bracho y Carlos Tello Macías sobre la desintegración de URSS.
Las repúblicas quedaron al mando de las autoridades locales del Partido Comunista, que en algunos casos se transformaron en dictadores.
El caso más peculiar es el de Turkmenistán, un país del centro de asia, que colinda al norte con Kazajistán y Uzbekistán, al sur con Irán y Afganistán, y al oeste con el Mar Caspio.
Su líder del Partido Comunista era Saparmurat Atayevich Niyazov, quien después de la independencia no solo disolvió el partido sino que lo volvió ilegal. Fundó el Partido Democrático de Turkmenistán que lo convirtió en presidente de por vida en 1999.
Desde entonces, de acuerdo al reporte de CPJ de 2006, el estado era dueño de todos los medios locales, “y la administración de Niyazov los controla designando a editores y censurando contenidos”.
Además, señala el informe: “En el 2005, el estado cerró todas las bibliotecas a excepción de una que contiene los libros del presidente, y prohibió la importación de publicaciones extranjeras”.
Niyazov se autonombró Turkmenbashi, o padre de los turcomanos. En 2002 le cambió los nombres a los meses y los días. Enero fue llamado Turkmenbashi y febrero Ine, en honor a su madre.
Murió en 2006 y, en lugar de entregarle el poder a alguno de sus hijos, como en el caso coreano, planificó todo para ser sucedido por Gurbangulí Berdimujammédov, su viceministro de Educación y dentista personal, para continuar con su política.
La situación no cambió. En el informe de 2019 de CPJ, se lee que “Berdymukhamedov goza de un control absoluto sobre todas las esferas de la vida en Turkmenistán, incluidos los medios de comunicación, y lo utiliza para promover su culto a la personalidad”.
Además “todos los medios de comunicación son propiedad o están estrictamente controlados por el gobierno”, y el régimen detiene y encarcela a los periodistas independientes sentencia el informe de la CPJ.
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El caso de Eritrea
Después de conocer los dos casos anteriores podría pensarse que no hay un país que viva una situación peor.
Pues según el reporte de CPJ, Eritrea es la nación con mayores retos en cuestión de control de la información por parte del gobierno.
Eritrea es una reciente nación africana, ubicada en el llamado cuerno cercano a la península arábiga, que se independizó de Etiopía en 1993.
Ahí, “el estado conserva el monopolio legal de los medios de difusión, y los periodistas de los medios estatales siguen la línea editorial del gobierno por temor a represalias”, según el CPJ.
Por si esto fuera poco “la penetración de Internet es extremadamente baja, con poco más del 1% de la población”. Entrar a una red social es impensable.
El informe de Amnistía Internacional señala en Eritrea: Represión sin fronteras que cualquier persona del país que critique públicamente al gobierno o su comentario sea percibido como crítica del gobierno, es arrestada.
Además, los detenidos son incomunicados por tiempo indefinido sin cargos ni juicio.
Los tres casos mencionados parecen absurdos, pero son la vida cotidiana de millones de personas que no tienen las herramientas para decir basta. Por eso es importante defender la libertad de expresión en un estado democrático como el que tiene México.
