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Despenalización del cannabis en América Latina enfrenta desafíos políticos, religiosos o económicos

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A lo largo de América Latina existe una tendencia hacia la despenalización del uso personal de cannabis, pero con avances desiguales debido a factores económicos, políticos y culturales de cada país, nos dijo Fausto Ferreyra, especialista en temas de drogas en la región.

El nivel de despenalización aumenta con respecto al ingreso económico, el grado de libertad individual que garantiza su sistema democrático y la extensión de la preferencia por la ciencia frente a la religión de cada país, según la investigación de Fausto Gabriel Ferreyra, quien es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México).

En general en América Latina, “la agenda de la sociedad civil ligada a los usos médicos reconocidos del cannabis es la que ha mostrado mayor éxito para incidir en el Estado”, como el acceso a terapias con productos derivados del cannabis, nos expuso el estudiante del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), Argentina. 

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El especialista nos explicó que los gobiernos en la región han tenido más dificultades a la hora de explicar una decisión para despenalizar el uso lúdico o recreativo de la marihuana, que es una legislación más permisiva que se aborda desde el ejercicio de los derechos individuales, no el uso medicinal. 

Uno de los hallazgos de “Despenalización del uso personal de cannabis en América Latina: un aporte para su medición y análisis” es que a escala regional las organizaciones religiosas – particularmente católicas y evangélicas– han sido en los últimos años “actores decisivos de las políticas de drogas, con especial énfasis en las tareas terapéutico-asistenciales de rehabilitación”.

Según los datos que encontró, en América Latina la oposición a alternativas regulatorias no penalizantes del uso del cannabis “es ampliamente mayoritaria entre las personas que manifiestan alguna pertenencia religiosa”. 

Ferreyra investigó el vínculo entre religión y ciencia y encontró que en latinoamericana el grado de despenalización del uso personal de cannabis “parece estar distribuyéndose también en función de factores culturales” como el modo en que se dirime la tensión entre ciencia y religión

Es decir, el conocimiento aportado por la ciencia ha sido un actor importante en la aprobación de leyes despenalizantes, especialmente en los casos de uso medicinal de la cannabis.

Además, otro factor que tiene relación con la despenalización de la marihuana es el sistema político. Ferreyra analizó la dimensión liberal de las democracias y el nivel de despenalización en América Latina y constató que la “tendencia de despenalización ha proliferado con más fuerza en los países cuyos sistemas políticos conceden mayores garantías individuales”.

Fuente: Fausto Ferreyra

De igual forma, según el análisis de Ferreyra, “el grado de despenalización del uso personal de cannabis en la región se vuelve más intenso y generalizado conforme aumenta el ingreso (el Producto Interno Bruto) de los países”.

Avances en la regulación del cannabis 

Hasta el momento, el único país de la región que ha despenalizado y regulado completamente los usos del cannabis es Uruguay. Este país tiene un legado liberal muy fuerte desde hace décadas, pues no penalizaba a las personas consumidoras de cannabis, nos dijo el investigador. 

Otro país que se ha propuesto profundizar en la no criminalización de las personas usuarias de cannabis y la regulación del mercado es Colombia. El presidente Gustavo Petro estableció en su Plan Nacional de Desarrollo una clara intención de avanzar en la regulación no solamente del cannabis, sino de las sustancias psicoactivas, legalizarlas en general. 

En octubre de 2022, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el proyecto que legaliza la marihuana para consumo adulto. Pero aún falta que la iniciativa sea discutida y aprobada por todo el Congreso colombiano, que se prevé sea durante el primer semestre de 2023. 

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Hasta ahora, en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina no existe una ley que autorice que las personas puedan consumir, portar o vender cannabis. Pero, en caso de hacerlo, no serán sancionadas con penas graves, sino con sanciones cívicas. Esto es semejante a lo que se pretende en México con la despenalización de su uso recreativo, como lo reportamos en esta nota.

De acuerdo con la investigación de Fausto Ferreyra hay un conjunto de países que tiene penalizado a nivel nacional el uso personal del cannabis, tanto con fines médicos como no médicos, donde tampoco ha habido sentencias por parte del Poder Judicial para regular en este materia.

A excepción de Bolivia y Venezuela dicho grupo se encuentra integrado por países de la región central del continente americano. Estos países no cuentan con “ordenamientos legales que despenalicen en algún grado” el uso del cannabis y la severidad de las penas varían en cada país. 

Por ejemplo, en Cuba la legislación no distingue entre uso medicinal y no medicinal, tampoco tipifica específicamente el uso personal, establece sanciones que oscilan entre seis meses hasta dos años de prisión para la “tenencia simple” de cannabis. Y cuatro a diez años para quien cultive. 

En cambio, Bolivia estipula penas menores. En el país andino el cultivo se penaliza con uno a dos años de prisión, mientras que la tenencia para consumo se tipifica con la reclusión forzosa en un instituto sanitario “hasta que se tenga convicción de su rehabilitación”.

Argentina, entre el uso medicinal y obstáculos de la Iglesia para avanzar

En Argentina la Iglesia católica se ha convertido en un actor de peso, en una voz autorizada en esta materia. La iglesia en este país pasó de ser un actor más o menos marginal en el tema drogas a involucrarse más en el desarrollo de programas y políticas de prevención, hasta convertirse en un actor dominante para “obstaculizar iniciativas” que buscan regular el uso del cannabis.

Aunque especificó que esto es solo en el escenario argentino y no se puede aplicar a los demás países porque hay que analizar qué factores específicamente están incidiendo sobre sobre la imposibilidad de profundizar en la despenalización de la marihuana.

“Que actores de este tipo (la Iglesia) ocupen lugares cada vez más institucionalizados y más importantes en la política pública atenta contra la posibilidad real de avanzar en caminos legales alternativos a la prohibición”, nos expuso Ferreyra.

En Argentina el proceso de despenalización del uso personal se abrió desde 2017, cuando se estableció la ley de de uso medicinal del cannabis. A partir de ese año se avanzó más hacia el reconocimiento de reclamos de los usuarios medicinales. Hasta que en mayo de 2022, en la actual administración del presidente Alberto Fernández, se reconoció el derecho a cultivar cannabis con fines medicinales. 

Pero la agenda del activismo del movimiento cannábico de usuarios no medicinales y por los derechos humanos “quedó relegada” o se acopló al nuevo movimiento de personas usuarias medicinales, puntualizó el investigador.  

Ferreyra considera que lo anterior sí es una tendencia general en América Latina. Y puso como ejemplo a Panamá donde, entre 2021 y 2022, también avanzó en el reconocimiento del acceso medicinal del cannabis limitado. 

Más sobre el tema: ¿Ha servido la legalización de la marihuana para acabar con el narcotráfico en Uruguay?

De Uruguay a México

Para Jorge Hernández Tinajero, especialista en temas relacionados con las drogas, la única manera de avanzar en la despenalización de la cannabis en México sería “concentrarnos única y exclusivamente en legislar sobre las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Esto para que el cultivo privado sea realmente permitido, es decir, que no se tuviera que tener un permiso o ampararse para tener un cultivo privado sin fines de comercio.

Y para contar con una regulación que respete los derechos humanos, es decir, que “se considere al usuario no como un cliente, sino como un sujeto de derecho, un ciudadano de plenos derechos”. Porque,  hasta el momento, “los usuarios de droga pareciera que no tienen derechos”, nos explicó. 

El también autor del libro La mota: Compendio actualizado de la mariguana en México, nos dijo que la legalización de la cannabis en Uruguay no ha logrado impactar en México.

Señaló que “la izquierda en México debería de estar un poco avergonzada” de que el gobierno de izquierda del ex presidente uruguayo, José Mujica, avanzó en la legalización y en México el tema sigue detenido desde hace cinco años, a pesar de las sentencias de la Suprema Corte.  

En Uruguay, a partir de la legalización del cannabis en 2013, nos dijo, no existen mayores problemas ni de seguridad ni de violaciones de derechos humanos contra quienes usan la marihuana. Dos logros muy importantes que en México los políticos “no quieren ver” para aprobar de una vez por todas una legislación integral que regule el uso y consumo del cannabis, nos dijo el también integrante del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas.

Hernández Tinajero señala que en México, el presidente López Obrador “ha sido omiso en reconocer públicamente que los usuarios de drogas tienen derechos y ha declarado en distintas ocasiones que el uso de drogas ‘debe ser estigmatizado’, con lo que cualquier perspectiva de cambio cualitativo no puede ser considerada realista en los próximos años”. 

Además de que la resistencia a cumplir con las sentencias de la Suprema Corte en materia de cannabis apunta a la continuidad de políticas represivas hacia las y los usuarios, así como a la profundización de medidas probadamente fallidas y contraproducentes para toda la sociedad, no sólo para las personas usuarias.

Finalmente, consideró que en América Latina igual que México es muy conservadora en materia de despenalización y que el ejemplo para la despenalización viene de los Estados Unidos, donde estado por estado ha ido revelándose para regular el uso de la cannabis.

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