México ha tenido una creciente crisis de inseguridad y violencia a causa del fortalecimiento de los grupos del crimen organizado que han dejado miles de muertos y generado un clima de temor en la población.
Sin embargo, no es el primer país en enfrentar una crisis profunda de inseguridad. A lo largo de la historia, otros países han enfrentado problemas similares y han implementado medidas para cambiar la situación.
Uno de los casos más relevantes es el de Colombia. En la década de los 90, el país sudamericano enfrentó una grave crisis de inseguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que sembraban el terror en distintas regiones del país.
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Para enfrentar esta situación, Colombia implementó una estrategia que incluía la creación de una policía de proximidad, la inclusión de gente de la comunidad en las fuerzas de seguridad y la generación de acuerdos de paz con los grupos armados ilegales, nos dijo Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales y académica de la Universidad Iberoamericana.
“Colombia logró no solamente bajar los índices de delincuencia sino disminuir la vinculación del crimen organizado con las estructuras de gobierno, además implementó pactos y acuerdos de paz –que siguen presentes en el programa del presidente Gustavo Petro- con una tendencia a buscar que, desde la educación, se haga un trabajo de difusión de una cultura de paz”, nos dijo la especialista.
Ramírez Uresti resaltó la importancia de que en Colombia se realizaran esfuerzos para desmitificar las actividades delictivas que se glorificaron y se volvieron figuras de admiración en los medios de comunicación con “todos los liderazgos tóxicos de estas organizaciones”.
Vemos ejemplos de esta glorificación en las llamadas narcoseries –como te contamos en esta nota– que son contenidos que estilizan y disimulan las condiciones de miles de personas que trabajan para el narcotráfico y los efectos negativos que tienen en las comunidades afectadas por la violencia que genera desapariciones, desplazamientos forzados, tortura, asesinatos, secuestros, entre otros.
Otro ejemplo es el de Ecuador, que en la década de los 2000 enfrentó una crisis política y económica que afectó la seguridad ciudadana. Para abordar esta situación, el gobierno liderado por Rafael Correa (2007-2017) renovó la estructura del servicio público y lo profesionalizó, nos explicó Arlene Ramírez.
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Falta evaluar a largo plazo la eficiencia de las estrategias de seguridad
Sin embargo Daira Arana Aguilar, especialista en militarización y directora de la organización de análisis sobre asuntos internacionales Global Thought, enfatizó que aunque hay casos interesantes en América Latina no deberían tomarse al 100% como un gran ejemplo de lo que se tendría que hacer, porque todavía falta la evaluación de su sostenibilidad en el tiempo.
La experta puso como ejemplo el caso de El Salvador que decidió implementar una “guerra contra las pandillas” en la cual se estableció un régimen de excepción que permite detener a personas sin necesidad de hacer una comprobación de su culpabilidad o situación jurídica y se pueden encarcelar inmediatamente sin tener una orden judicial o llevar a cabo un juicio.
“Eso ha llevado a la detención de más de 60,000 personas y recientemente se llevó a cabo la inauguración de una cárcel masiva”. Como consecuencia “El Salvador ha tenido durante varios días tasas de cero homicidios al día”, nos dijo la especialista. Sin embargo, la medida es cuestionada por diferentes organismos humanitarios por presuntas violaciones de los derechos humanos de las personas detenidas.
En Europa también se han enfrentado crisis de inseguridad. En España se vivió un periodo de violencia por parte de la organización separatista ETA (Euskadi Ta Askatasuna) que surgió a finales de 1950 entre círculos juveniles del nacionalismo vasco tradicional, representado por el Partido Nacionalista Vasco, que sembró el miedo en distintas regiones del país.
Para enfrentar esta situación se implementaron medidas que incluían la generación de una cultura de legalidad, la inclusión de los intereses de los grupos separatistas y la ciudadanía en la negociación y la prevención del delito a través de la educación, nos explicó Arana Aguilar.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas. De hecho, el caso del grupo separatista ETA ha sido emblemático por ser el único en todo el mundo en el que una organización armada ha estado dispuesta a dar pasos para el desarme y que el Estado se ha opuesto a ello.
En otros contextos, como el de Irlanda, que vivió un conflicto durante casi tres décadas con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) que involucró a grupos terroristas y paramilitares, el gobierno irlandés, los partidos políticos y la organización armada pactaron previamente crear una comisión de desarme.
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La entrega fue verificada por una representación internacional, en presencia de enviados de las partes enfrentadas, un cura católico y uno protestante.
Daira Arana, directora de Global Thought, hizo hincapié en que muchos de los ejemplos que podemos retomar sobre las estrategias de países que lograron acuerdos de pacificación con los grupos armados que vulneraban la seguridad nacional son territorialmente pequeños, pues en realidad una de las medidas más efectivas es atacar este problema de manera local.
Y esto lo hemos visto en nuestro país con las medidas que se han tomado incluso en alcaldías de la Ciudad de México como la Miguel Hidalgo y el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, que con acciones puntuales lograron una reducción importante de delitos como robo a casa habitación, robo de vehículo, robo en el transporte público y homicidios, nos dijo la especialista.
De todas maneras, en México y América Latina seguimos sufriendo por la inefectividad de los órganos de procuración de justicia que permiten que se reproduzcan prácticas corruptas que impiden la atención adecuada de los delitos, menoscabando nuestro acceso a la seguridad y protección que el Estado nos debe garantizar, nos explicó Arana.
Mientras no haya un cambio significativo y estructural que erradique la impunidad de nuestros sistemas, es una ilusión pensar que la pacificación de nuestro país se logrará solamente combatiendo el problema de los cárteles de la droga y los diferentes negocios de los grupos delincuenciales. ¿Algún día se darán cuenta de esto nuestras autoridades?
