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Daniel Ortega busca disolver el “poder social” de la Iglesia católica en Nicaragua

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, intenta desarticular el “poder social que tiene la Iglesia católica” en el país centroamericano, pues se ha vuelto la voz de la disidencia ante las violaciones a los derechos humanos y falta de libertades civiles en la “dictadura” que él encabeza, afirmó la internacionalista Arlene Ramírez.

A Ortega “le preocupa mucho que líderes de la Iglesia hagan movimientos o aseveraciones constantes contra la evidente dictadura (en Nicaragua). Hay una postura de confrontación desde el oficialismo que lastima los intereses y derechos de la población, pero también de los miembros de la Iglesia”, nos explicó Ramírez, quien también es maestra en Diplomacia con especialidad en Terrorismo por la Universidad de Norwich.

Lo anterior, luego de que el 27 de mayo de 2023 se informó que el gobierno nicaragüense cerró las cuentas bancarias de varias diócesis en la nación centroamericana por supuesta malversación de fondos, como parte de una presunta red de lavado de dinero.

Se suma que este 30 de mayo se reportó que el régimen sandinista se apropió de un colegio de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac, y ordenó la expulsión de las tres monjas que lo administraban. El hecho fue denunciado por la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, autora del estudio Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?

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Estas acciones forman parte de la más reciente confrontación, que inició al menos desde 2018, entre Daniel Ortega y líderes de la Iglesia católica. En abril de ese año, sacerdotes católicos apoyaron las protestas contra la reforma del seguro social, que aumentaba la cuota patronal y laboral, y creaba una nueva cotización para las personas jubiladas. 

La represión del Estado no se hizo esperar y se reportaron hasta 650 muertos, según grupos de la sociedad civil. Además, hubo unos 2,000 heridos y se encarceló a 1,600 personas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El cardenal Leopoldo Brenes, máximo jerarca católico en Nicaragua, se volvió un mediador del fallido diálogo entre las partes, y denunció la persecución de Ortega contra la Iglesia, lo que lo puso en la mira de las autoridades. En tanto, el presidente endureció sus ataques verbales contra los sacerdotes, a quienes llamó “golpistas” o “terroristas”.

Desde ese momento, para el mandatario nicaragüense la Iglesia católica se volvió el enemigo a vencer, y ejemplo de ese enfrentamiento fue el arresto domiciliario el 19 de agosto de 2022 del obispo Rolando Álvarez, quien fue acusado por la Policía Nacional de “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población… con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.

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Sin embargo, Álvarez era conocido por denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Ortega. En tanto, otro obispo crítico del gobierno, Silvio Báez, tuvo que exiliarse en 2019 tras recibir amenazas de muerte.

Críticas al autoritarismo

En ese contexto, la doctora en Relaciones Internacionales Arlene Ramírez nos señaló que la Iglesia católica ha jugado en años recientes un papel muy importante para denunciar la falta de libertades y el exceso de poder en el gobierno de aquel país: “son señalamientos que la Iglesia no puede dejar de hacer, sobre todo porque se está interfiriendo en la libertad religiosa y se está imponiendo un régimen de castigo a muchos grupos de la población”.

La también académica de la Universidad Iberoamericana precisó que desde el presidencia nicaragüense se ataca de manera directa a la Iglesia, incluso al Vaticano: “eso es muy notorio y mucho más grave en estos momentos en que la agenda global tiende ir mucho más hacia el respeto a la diversidad y los derechos de las personas, y eso no está en la agenda social del actual presidente”.

La experta abundó que el gobierno de Daniel Ortegaexlíder guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional y quien lleva cinco mandatos presidenciales, el cuarto consecutivo– está limitando la participación de las empresas, así como la libre vinculación de los actores privados y de la sociedad con la Iglesia.

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Discurso populista y contradicciones

Ramírez nos indicó que como “buen populista radical”, lo que ha hecho Ortega a lo largo de sus mandatos es “hablarle a la gente que le conviene para tenerla de su lado”. Ejemplo de ello, precisó, es la ilegalidad total del aborto: “es un tema que el presidente ha abrazado porque sabe que en Nicaragua al menos 45% de la población profesa la religión católica”.

Finalmente, sobre el congelamiento de cuentas de las diócesis nicaragüenses, la también articulista de la revista Forbes nos explicó que el proceso administrativo de la Iglesia católica “difícilmente permitiría el lavado de dinero”. “Si esto fuera real, el canal adecuado para denunciar sería el derecho internacional, y a través del Vaticano se podrían hacer los procesos legales, incluso judiciales, que hubiera lugar”, abundó la internacionalista. 

Arlene Ramírez concluyó que ese congelamiento de cuentas “es un tema totalmente político y un pretexto más (de Daniel Ortega)”, para desarticular el despliegue, incluso ideológico, que hace la Iglesia a través de los grupos de participación ciudadana “para despertar la conciencia y criticar a un régimen que atropella claramente los derechos de los ciudadanos”.

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