“El cártel de la sangre” no está conformado por narcos ni por sicarios, sino por empresarios y funcionarios que se coludieron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en un “pacto de no agresión”, para amañar las licitaciones de gobierno, fijar los precios en los servicios de laboratorios y bancos de sangre.
Así obtuvieron ganancias con sobreprecios por unos 1,200 millones de pesos, reveló la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Y siguen haciendo negocios con el gobierno.
Todo comenzó en 2008, advierte la Cofece, cuando las administraciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) abrieron licitaciones para contratar el servicios de gestión de sus bancos de sangre (que incluyen la obtención de datos de análisis clínicos que se necesitan para cirugías, tratamientos de enfermedades hematológicas, entre muchos otros).
En cuatro años distintos (2008, 2010, 2011 y 2015), 11 empresas se coludieron para ganar esos contratos y administrar los laboratorios clínicos y servicios de bancos de sangre con sobreprecios (hasta seis veces más caros en sus servicios al público), reveló la Cofece, el organismo autónomo que se encarga de vigilar que haya libre competencia en el mercado.
En 2016, la Cofece abrió el expediente DE-011-2016, para investigar al “cartel” por sus prácticas monopólicas en el sector salud. Cuatro años después, este 10 de agosto, logró imponerles una sanción a las 11 empresas y a 14 representantes legales de las mismas, por más de 626.4 millones de pesos.
Cártel sobrevive al gobierno de AMLO
Las investigaciones no impidieron que el “cártel de la sangre” siguiera acumulando contratos en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Desde el año pasado, cinco empresas del cártel han acumulado más de 4,500 millones de pesos (40% de los cuales fueron por adjudicación directa) en más de 770 contrataciones públicas en servicios de banco de sangre, medicamentos y pruebas de laboratorio, de acuerdo con Compranet, el portal de compras del gobierno.
Estos recursos equivalen, por ejemplo, a cuatro veces el monto de los bonos (1,100 millones de pesos) que han recibido 258 mil médicos, enfermeros y enfermeras del IMSS y el ISSSTE por enfrentar a la COVID-19, en los últimos cuatro meses.
Luego de la sanción anunciada por la Cofece, Zoé Robledo, director del IMSS, prometió que “se tomarán cartas en el asunto”; mientras, estas empresas ya acumulan 2,689 millones de pesos en dos años solo con dicha dependencia.
En total, más de 90% de estos 4,500 millones de pesos en contratos los asignaron cinco dependencias (tres federales y dos estatales):
El “cártel de la sangre” está conformado por las empresas Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración, Grupo Vitalmex, Vitalmex Soporte Técnico, Vitalmex Comercial (de Grupo Vitalmex), Instrumentos y Equipos Falcon, Centrum Promotora Internacional, Dicipa, Impromed, Hemoser, Selecciones Médicas (Seme) y Selecciones Médicas del Centro (Semece), de acuerdo con la Cofece.
Apoderados legales fueron funcionarios de gobierno
En 2010, Agustín Amaya Chávez, en ese entonces coordinador de Bienes y Contrataciones del IMSS, firmaba contratos que se asignaban a las empresas. Una década después, Amaya Chávez firmó otro contrato con el IMSS, pero ahora como representante legal de la empresa Instrumentos y Equipos Falcón, de las consideradas como parte del “cártel de la sangre”, por más de medio millón de pesos.
Otro exfuncionario del IMSS que fue enrolado por el “cártel de la sangre” es Ignacio Higareda Figueroa, quien ahora es apoderado legal de Hemoser. Por su participación en la colusión y asignación de contratos, Higareda Figueroa fue sancionado por la Cofece por un millón de pesos.
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¿Cómo operó el cártel de la sangre?
Todo comenzó en 2008, cuando los dueños y apoderados legales de Seme, Semece Centrum, Hemoser, Impromed, Falcón y Dicipa acordaron –a través de correos y llamadas– repartirse las licitaciones públicas para prestar los servicios de estudios de laboratorio en diversas delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAEs) del IMSS, de acuerdo con la investigación de la Cofece.
Días antes de las licitaciones, estas empresas se ponían de acuerdo para que una de ellas tuviera la ventaja con su propuesta económica y fuera ganadora de los contratos. Así, lograron coludirse para vender estos servicios al IMSS y al ISSSTE en siete licitaciones, en 2008, 2010, 2011 y 2015.
A este esquema de colusión se le conoce como “pacto de no agresión” y se refiere a que antes de la licitación, las empresas se ponen de acuerdo para armar las propuestas que van a presentar y así simular competir entre ellos. Este “pacto” les permite fijar los precios de sus productos/servicios que ofrecen al gobierno, nos explica Pablo Montes, coordinador del área de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Constituye una práctica monopólica absoluta, sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica, al ser arreglos e intercambios de información entre agentes económicos competidores entre sí, con el objeto y/o efecto de coordinar posturas en licitaciones públicas”, según explicó la Cofece.
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Corrupción crea carencias en la atención de la salud
Las conductas ilegales del cártel de la sangre eliminaron la posibilidad de que los institutos de salud pudieran ocupar dichos recursos para mejoras de sus unidades médicas, en la contratación o capacitación de su personal de salud, o en la operación cotidiana de los centros de salud, según resolvió la Cofece.
Además, estas prácticas de corrupción y colusión, ocasionan que el acceso a la salud de las personas se vea limitado, pues si el gobierno tenía, por ejemplo, 100 pesos para atender a 10 personas que se ven beneficiadas en estos servicios y los precios se encarecen, sólo puede atender a la mitad, nos explica Pablo Montes.
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¿Qué sigue?
La pelota está en la cancha de la Secretaría de Función Pública (SFP) para continuar con la indagatoria y, en su caso, aplicar las multas y sanciones correspondientes.
Pero la Fiscalía General de la República (FGR) también está investigando a las empresas y sus representantes legales y, de hallarse culpables por la colusión en las licitaciones, podrían ser sancionados con hasta 10% de sus ingresos anuales, de acuerdo con el artículo 127 de la Ley Federal de Competencia Económica y sus representantes legales podrían ir prisión con una pena de entre cinco y 10 años, de acuerdo con el artículo 254 bis del Código Penal Federal.
¿Las castigarán? Y sobre todo, ¿dejarán de darles contratos?
