La persecución del gobierno de Estados Unidos contra Julian Assange, fundador de la plataforma WikiLeaks, por haber difundido información clasificada que revelaba violaciones a derechos humanos y abusos extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas de ese país, urge a la implementación en México de un esquema de “alertadores” sobre hechos ilegales al interior de instancias de gobierno y empresas.
Así nos lo manifestó Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC, organización civil dedicada a promover la tecnología digital y la información con fines sociales, quien aclaró que Assange no incurrió en prácticas de espionaje, sino que mediante su plataforma WikiLeaks, él recibía información desde fuentes anónimas y la publicaba.
El especialista nos explicó que el gobierno de EU busca la extradición de Assange -preso en Londres, Reino Unido, desde 2019, tras siete años refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica-, para no perder el apoyo de los grupos de militares y de inteligencia que son vitales en la política exterior norteamericana.
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“El hecho de que muchos de los secretos que incluyen violaciones a derechos humanos y acciones extrajudiciales hayan sido ventilados a través de WikiLeaks siempre ha sido un elemento de polémica y señalamiento contra las fuerzas armadas de EU, con todo lo que eso simboliza para las instituciones norteamericanas”, abundó.
Filtraciones y escándalo
Según su página web, WikiLeaks es una organización de medios multinacional y una biblioteca asociada, la cual fue fundada por su editor, Julian Assange, en 2006. “WikiLeaks se especializa en el análisis y publicación de grandes conjuntos de datos de materiales oficiales censurados o restringidos relacionados con la guerra, el espionaje y la corrupción. Hasta ahora ha publicado más de 10 millones de documentos y análisis asociados”, se explica en el sitio.
En 2010, WikiLeaks realizó una filtración masiva de material clasificado del ejército de EU sobre las guerras de Afganistán e Irak, que ocupó las portadas de los principales diarios a nivel mundial. Ese año, reveló un video de 2007 en el que se ve a soldados estadounidenses disparando desde un helicóptero en Bagdad y asesinando a más de 10 civiles, entre ellos un periodista de la agencia Reuters.
WikiLeaks también publicó más de 700,000 documentos diplomáticos de EU y cables de sus embajadas en distintos países, lo cual fue calificado por el Departamento de Justicia como “una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos”.
“WikiLeaks es un servicio público internacional; nos especializamos en permitir a periodistas o informantes que han sido censurados en presentar sus materiales al público”, dijo Assange a la BBC en 2010.
En esa entrevista, el australiano explicó el origen del nombre: “Wiki significa rápido en hawaiano”, así que WikiLeaks significa “filtraciones rápidas”, un nombre inspirado en Wikipedia, la famosa enciclopedia online.
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Extradición en puerta
De 2012 a 2019, la embajada de Ecuador en Londres le dio asilo a Assange para evitar que fuera aprehendido. Sin embargo, en abril de 2019 el país sudamericano le retiró el asilo, por lo que -sin esa protección diplomática- el periodista fue detenido y entregado a las autoridades británicas.
De acuerdo con Forbes, EU acusa a Assange de 18 cargos, entre ellos espionaje y conspiración al cometer una intrusión informática por haber aceptado robar una contraseña, para entrar en una computadora clasificada del gobierno estadounidense.
En tanto, según información publicada por la BBC, Assange conspiró en 2010 con la ex analista de inteligencia del ejército de EU Chelsea Manning, quien utilizó a WikiLeaks para publicar más de 700,000 documentos secretos, lo que le valió en 2013 una condena de 35 años de cárcel. No obstante, Manning fue indultada en 2017 por el presidente Barack Obama justo antes de abandonar la Casa Blanca.
Por su parte, el Departamento de Justicia norteamericano señaló en 2019 que Assange se enfrenta a una pena máxima de cinco años de cárcel por delitos informáticos. Sin embargo, activistas consideran que el fundador de WikiLeaks podría ser objeto de nuevas acusaciones una vez que sea extraditado a EU.
El pasado 17 de junio, el Ministerio del Interior del Reino Unido aprobó la extradición de Assange a petición del gobierno de EU, lo que a decir de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) es “un mensaje contundente para intimidar y provocar la autocensura de periodistas y de otras personas que alertan acciones y omisiones de los Estados que cometen violaciones a derechos humanos y actos de corrupción”.
La R3D advirtió también que de ser extraditado, el fundador de WikiLeaks enfrentaría cargos por haber infringido la ley de espionaje de 1917, que prohíbe filtrar información relacionada con la seguridad nacional, con el riesgo de ser sentenciado a hasta 175 años de prisión.
“Assange es un periodista y activista, no un criminal. El delito del que se le acusa es el de proteger la identidad de Chelsea Manning, la persona alertadora que filtró los documentos que evidencian crímenes de guerra y violaciones a derechos humanos. Con esto, se criminaliza una de las actividades más recurrentes y necesarias del periodismo de investigación: la protección de las fuentes”.
El pasado 1 de julio, el equipo legal de Assange apeló el fallo de extradición ante el Tribunal Superior de Londres, lo que podría retrasar varios meses el procedimiento legal.
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Mientras tanto en México…
“Quienes defendemos el libre acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas creemos que es importante que existan dentro y fuera de las instituciones mecanismos de alerta, espacios, buzones, donde se pueda filtrar información cuando se considere éticamente necesario”, nos explicó Juan Manuel Casanueva, especialista en tecnologías de la información y la comunicación.
El experto indicó que en México se trabaja en varios proyectos de “alertadores” o de difusión de información filtrada, en los que se busca que la persona que filtra o alerta pueda permanecer anónima y segura: “pensemos en MéxicoLeaks, el antecedente que ahorita no está muy activo, pero que mantiene un proyecto colaborativo entre medios y utiliza esa información filtrada para sustentar investigaciones periodísticas con una labor de verificación”.
Casanueva nos precisó que los modelos de alerta o filtración se basan en el principio de que una persona, sobre todo si es funcionaria, pueda -de manera segura y anónima- hacer llegar la información de algún hecho que va en contra de la ética, los derechos o lo establecido por las mismas instituciones y la sociedad.
El experto añadió que también empresas privadas están habilitando las figuras de “alertadores” para dar a conocer peligros, riesgos o situaciones que pudieran dañar a muchas personas o a la empresa misma: “ésa es la naturaleza de los ‘alertadores’ en general”.
El también fundador de Social TIC en 2012 nos detalló que en el ámbito gubernamental, la Secretaría de la Función Pública y organizaciones en defensa de la libertad de expresión, como Artículo 19, trabajan desde hace tres años en una iniciativa de ley sobre “alertadores”.
“En este momento se requieren más esfuerzos normativos para que podamos tener el sustento total y la garantía de anonimato y de que se tomen en cuenta las alertas, lo que puede ser institucionalizado y permeado en toda la administración pública, al menos federal”, concluyó.
