El irregular y sospechoso panorama de la reelección de Bukele

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Tras los comicios que se celebraron en El Salvador el 4 de febrero de 2024, el presidente Nayib Bukele salió a celebrar su reelección que, por cierto, está prohibida por la Constitución del país pero que fue autorizada tras una interpretación de la ley por los jueces de la Sala de lo Constitucional. 

Sin embargo, a varios días de las votaciones, continúan las controversias por los fallos en el recuento de votos, ya que el sitio del Tribunal Supremo Electoral salvadoreño muestra solamente el 70.25% de escrutinio para la elección presidencial y 5.06% de los votos para la Asamblea Legislativa.

Bukele se autoproclamó ganador de la contienda electoral con solo el 30% de los votos contabilizados el domingo de las elecciones, ya que los sufragios a su favor superaban por 10 veces los recibidos el contrincante en segundo lugar. 

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Para el partido del presidente Bukele se han contabilizado 1,662,313 votos. Para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) son 139,025; para el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) son 122,926; para Nuestro Tiempo 45,516, Fuerza Solidaria obtuvo 16,317 y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) tiene 13,432.

La oposición pide anular la elección no solamente por las irregularidades que se presentaron en el proceso, como la caída de la página del Tribunal Electoral durante varias horas del domingo y por la dificultad que tuvo la ciudadanía salvadoreña que radica en el extranjero para votar, sino porque los partidos políticos tuvieron importantes desventajas desde un principio.

Interpretar la ley a modo

Las condiciones inéditas en las que se llevó el proceso electoral en El Salvador han llamado la atención de organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), primero porque es la primera ocasión en que se elige a un presidente durante un estado de excepción como el que mantiene El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, que se decretó con el fin de acabar con las pandillas que dominaban el país.

Sin embargo, esta drástica medida con la que se ha detenido a más de 66,000 presuntos miembros de las “Maras” han sido criticadas por su arbitrariedad, violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, según acusa Amnistía Internacional.

Pero además, la reelección del presidente Bukele se pudo dar gracias a una interpretación de la ley que hicieron magistrados de la Sala de lo Constitucional designados por el mismo Bukele, luego de destituir a los que estaban vigentes, nos explicó la periodista salvadoreña Claudia Espinoza desde Panamá.

“Lo que hizo la Sala de lo Constitucional fue reinterpretar una demanda de inconstitucionalidad que puso un abogado que estaba pidiendo que se le quitaran los derechos a una ciudadana que señaló que Bukele tenía que reelegirse. Vino la Sala de lo Constitucional, impuesta por él, (…) y dijo que esa demanda de inconstitucionalidad se tenía que interpretar en el periodo inmediato -los próximos 5 años- él se podría reelegir”, detalló Espinoza.

La entrevistada se refiere a la demanda contra la ciudadana Nancy Marichel Díaz de Martínez quien en una entrevista para el medio El Mundo se pronunció a favor de la reelección de Bukele cuando la Constitución salvadoreña establece que perderán los derechos ciudadanos “los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.

Aunque la demanda fue admitida en 2021 por la Sala de lo Constitucional, este órgano, en una nueva revisión del caso, desestimó la demanda argumentando una errónea interpretación de la Constitución. Basado en este hecho es que, en una nueva interpretación, los magistrados resolvieron aceptar la inscripción del presidente Bukele para participar en los comicios de 2024 sin que cumpliera con los requisitos.

“Todo es una cuestión de interpretación”, añadió la entrevistada, aunque en realidad el presidente debía haber esperado 10 años para poder reelegirse debido al proceso legislativo que corresponde porque la Constitución sigue prohibiendo la reelección presidencial, acusó.

Además se hizo una modificación al Código Penal para agregar como delito ligado al fraude electoral, con sanciones “de 10 a 15 años, para quienes dificulten la inscripción de candidaturas que cumplan requisitos establecidos en las leyes” que fue interpretada como una presión adicional para el Tribunal Supremo Electoral para que permitiera la candidatura de Bukele.

La gran simpatía o piso disparejo

Sin duda alguna la aceptación de la ciudadanía al gobierno de Bukele es abrumadora, se estima que es de alrededor del 90%. La seguridad pública es uno de los mayores cambios que ha logrado el régimen de excepción al que sometió al país desde hace casi dos años, pero tiene sus consideraciones.

No puedo negar que me siento más segura, esto es así. A pesar de que soy periodista y he sacado muchos casos sobre violaciones a derechos humanos, yo me siento más segura. Eso no se puede negar, la seguridad en El Salvador ha mejorado”, nos dijo Claudia Espinoza. 

“No hay delincuencia como había hace dos años, antes de que comenzara el régimen de excepción (…) pero siendo periodista, antes teníamos miedo de las pandillas, hoy tenemos miedo o cierta incertidumbre con el gobierno porque el discurso que ha tenido Bukele ha sido de odio hacia los periodistas”,agregó.

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Sin embargo, la aceptación al régimen de Bukele no es la única variable en la abrumadora cantidad de votos que recibió el presidente salvadoreño en las pasadas elecciones. También existe una condición de piso disparejo para los partidos de oposición que contendieron en el proceso electoral que favoreció el aplastante triunfo de Bukele en las urnas.

Y esto tiene que ver, principalmente, con la disminución de los recursos que tuvieron los partidos que no son del oficialismo porque no recibieron del Ministerio de Hacienda la deuda política, es decir, el mecanismo de financiamiento público para el proceso electoral calculado con base en los votos recibidos en los comicios anteriores. 

Técnicamente los dejaron sin recursos para realizar sus campañas, incluso encuestas previas a la elección del 4 de febrero indican que entre el 65 y 85% de la población no conocía a los cinco candidatos que competían contra Bukele para la presidencia.

Parece que bajo estas condiciones Bukele iba a ganar la elección sí o sí: tiene a los poderes de su lado, la imagen del país que dio el ejemplo de cómo reducir a nada el crimen organizado y la maquinaria del gobierno a su favor. Entonces, ¿para qué realizar elecciones? Para legitimar su régimen. 

¿Hasta dónde llevará esta situación a El Salvador?

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