La noche del viernes 28 de mayo de 2010 Anastasio Hernández Rojas, migrante mexicano de 42 años de edad, fue asesinado por integrantes del Centro de Detención y la Patrulla Fronteriza de Chula Vista, California, Estados Unidos. Doce años y medio después, el 4 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó su caso en una audiencia pública.
Este es el primer caso de este tipo en llegar a la CIDH en contra de los Estados Unidos por un asesinato extrajudicial y violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes fronterizos en contra de una persona migrante mexicana.
En la audiencia, la abogada Roxanna Altholz, representante legal de la familia de Anastacio Hernández Rojas, expuso que buscan una disculpa pública, que el gobierno estadounidense reabra la investigación del caso y que haya reformas en los protocolos y políticas al interior de la corporación policiaca por el uso de la fuerza.
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Ante las comisionadas y comisionados del organismo internacional, María Puga, esposa de Anastasio Hernández Rojas, exigió justicia, compartió el dolor que ella y sus hijos no han superado y su decisión de llevar el caso ante la CIDH.
Maria Puga también narró que después de sepultar a su esposo, el 8 de junio de 2010, escuchó un video en el que distinguió los gritos de dolor de Anastasio Hernández. Y que dos años después recibió un segundo video, donde vio cómo su esposo era golpeado por agentes de la patrulla fronteriza.
A más de 12 años del caso, los integrantes de la Patrulla Fronteriza no han enfrentado un juicio por el asesinato de Anastasio Hernández. Según detalla Alliance San Diego, organización comunitaria en Estados Unidos que representa legalmente a la familia de Anastasio, el gobierno estadounidense detuvo el caso, ha ocultado y manipulado pruebas, incluso mantuvo en secreto los nombres de los agentes involucrados.
Anastasio Hernández Rojas nació en San Luis Potosí en 1968. En 1983, llegó a San Diego California donde vivió 27 años, hasta que la Patrulla Fronteriza lo torturó y asesinó. Por más de una década, María Puga y toda su familia han luchado por acceder a la justicia.
Una audiencia “histórica” de la CIDH
La impunidad por el asesinato de Anastasio Hernández podría terminar a partir de que la CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos, aceptó analizar el caso y llevó a cabo la primera audiencia, el pasado viernes 4 de noviembre.
Ahí, las comisionadas y comisionados de la CIDH escucharon a detalle las pruebas de las abogadas de María Puga, Andrea Guerrero y Roxanna Altholz, de Alliance San Diego y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Berkley.
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Rafael Barriga, exempleado de la oficina de migración mexicana en el área de repatriación, relató que el 28 de mayo del 2010 alrededor de una docena de oficiales fronterizos golpearon y dispararon reiteradas descargas eléctricas contra Anastasio Hernández Rojas, sin que pudiera defenderse, porque estaba esposado e inmovilizado, como quedó grabado en los dos videos de celulares de dos testigos oculares.
“¿Cómo 17 integrantes de la agencia federal judicial más grande del país golpearon a un hombre hasta la muerte en público, frente a docenas de testigos, como quedó grabado en videos y no hay consecuencias?”, cuestionó la abogada Roxanna Altholz.
Después, los tres representantes del gobierno de Estados Unidos se negaron a responder a las preguntas de las abogadas de la familia de Anastasio Hernández y a los cuestionamientos de las comisionadas de la CIDH.
La representación del gobierno estadounidense se limitó a destacar las mejoras en las políticas de uso de la fuerza y en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (Customs and Border Protection, CBP por sus siglas en inglés) años después del asesinato de Anastasio Hernández, sin aceptar ninguna responsabilidad.
Por tanto, la CIDH dio al gobierno de Estados Unidos un plazo de 30 días para responder con argumentos y pruebas a la denuncia por el asesinato de Anastasio Hernández.
Al término de la audiencia, en conferencia de prensa, María Puga dijo: “es un gran día porque hoy se supo finalmente la verdad de lo que ocurrió con mi esposo Anastasio”. Señaló que es una vergüenza que el gobierno de Estados Unidos no haya respondido, “vamos a esperar la respuesta, sería una vergüenza, como ha sido durante 12 años, que no hayan respondido ni hayan castigado a esos oficiales”.
“Después de 12 años, aquí está la familia con la frente en alto luchando por mi esposo, por ese ser humano que no merecía eso que le hicieron. Porque ningún ser humano merece ser tratado de esa manera”, declaró María Puga.
Por su parte, la abogada Andrea Guerrero sostuvo que el caso de Anastasio Hernández “es el primero, pero no será el último que se presente” ante la CIDH, porque hay más de 250 casos similares. Y calificó como histórica la audiencia de la CIDH porque podría terminar con la impunidad que ha sufrido por tantos años la familia de Anastasio Hernández.
La organización Alliance San Diego ha señalado que la CIDH deberá determinar si los funcionarios estadounidenses utilizaron el poder del Estado para matar a Anastasio Hernández Rojas, encubrir el crimen y negar a su familia el acceso a la justicia.
“El caso podría sentar un precedente para la rendición de cuentas por parte de la fuerza policial más grande de los Estados Unidos, la cual en el último siglo nunca ha sancionado a ninguno de sus agentes fronterizos por asesinatos de migrantes, ciudadanos, viajeros, hombres, mujeres y niños”, explica la organización en esta nota.
Además que “el caso también puede abrir el camino para reformar las leyes para que protejan los derechos humanos de todas las personas que tengan encuentros con las fuerzas policiales”.
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Breve cronología
Hernández Rojas fue arrestado por la policía el 10 de mayo de 2010, aunque la policía no presentó cargos, fue entregado a la Patrulla Fronteriza por no tener documentación y fue repatriado a México.
El 28 de mayo de 2010, Anastasio intentó reunirse con su familia en San Diego e ingresó a los Estados Unidos, pero agentes de la Patrulla Fronteriza lo aprehendieron y lo transportaron a la estación de Chula Vista, donde un agente le lastimó la pierna. Anastasio Hernández pidió atención médica, pero se la negaron.
Luego, Anastasio Hernández fue transportado esposado al puerto de entrada de San Ysidro, donde los agentes fronterizos lo golpearon, lo electrocutaron y lo asfixiaron hasta que dejó de respirar. Fue revivido y permaneció con soporte vital. Dos días después murió. El médico forense del condado de San Diego declaró que la muerte de Anastasio Hernández fue un homicidio, según relata Alliance San Diego.
En 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a presentar cargos penales en contra del personal de Aduanas y Protección Fronteriza involucrado. En marzo de 2016, la familia de Anastasio Hernández y su representación legal hicieron la petición ante la CIDH para retomar el caso.
Dos años más tarde, en febrero de 2017, el gobierno de Estados Unidos resolvió la demanda civil con la familia Hernández. “La familia tomó la difícil decisión de llegar a un acuerdo sin un juicio de la corte civil porque temían que la administración Trump atacara a la familia y empeorara su sufrimiento”, puntualiza Alliance San Diego.
Finalmente, el 10 de mayo de 2017, la CIDH anunció que retomaría el caso. Este es el primer caso abierto por la CIDH en contra de Estados Unidos, en que se denuncia un homicidio ilegítimo cometido por las fuerzas policiacas de ese país.
