El programa de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, para retornar a 30,000 personas provenientes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela a México cada mes y entregar visas a otras 30,000 personas es similar a lo que pasó en octubre de 2022 con personas de Venezuela, pero demostró falta de medidas de protección para migrantes en México, nos explicaron especialistas.
“En octubre pasado ya nos dieron un ejemplo de esta política migratoria cuando se aplicó el mismo procedimiento de admisión o expulsión para la población venezolana que intenta llegar a Estados Unidos”, indicó Miriam González Sánchez, integrante del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
Se trata de un proceso que permite a la población venezolana hacer una solicitud por internet para viajar solo por avión a los Estados Unidos y quedarse por dos años. Las y los venezolanos que intentaran ingresar “sin permiso” serían retornados a México, como informó el gobierno estadounidense.
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Estas medidas incrementaron los riesgos para la población migrante en general, así como los obstáculos y las detenciones de población venezolana en su recorrido por México hacia los EU, nos dijo en entrevista la especialista en migración y derechos humanos.
“¿Qué vimos con las personas venezolanas? Pues que el Estado mexicano las ha dejado a su suerte. La sociedad civil y los albergues son quiénes están sosteniendo las necesidades de esta población”, puntualizó Miriam González.
El gobierno mexicano no ha presentado “la ruta para garantizar” que las personas migrantes de los cuatro países tengan condiciones dignas de estancia y la forma en que se les informará sobre sus opciones de regularización migratoria o de solicitud de asilo en México.
Las organizaciones civiles dedicadas a atender a las y los migrantes han denunciado los problemas que viven las personas migrantes después de ser expulsadas a la frontera con México. Las autoridades de migración envían a las y los migrantes a diferentes estados del país o “las van a dejar afuera de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de la Ciudad de México y ahí migración se desentiende”, nos relató Miriam González.
Y añadió, ahí “prácticamente, las personas están en situación de calle, porque los albergues en la Ciudad de México como en muchos otros estados están saturados”.
Resolución a un amparo por “Quédate en México”
Miriam González destacó que en octubre pasado el IMUMI ganó un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el programa “Quédate en México”.
Una de las cosas que resolvieron las y los ministros es que “México debe publicar la ruta o los procedimientos cuando se den este tipo de políticas. Hay un precedente de la SCJN, sin embargo, hoy nuevamente México vuelve a colaborar con las políticas migratorias de EU sin hacer públicos estos procesos”.
El 26 de octubre de 2022, la Primera Sala de la SCJN analizó el amparo 302/2020 y resolvió que las autoridades mexicanas deben de publicar en el Diario Oficial de la Federación la política migratoria que se implemente para la recepción de las personas extranjeras a través del programa “Quédate en México”.
“Deben establecerse los lineamientos necesarios que contemplen estándares mínimos de protección”, señala la Suprema Corte.
Además, la SCJN encontró que ante la falta de publicación de los lineamientos para la atención de las personas migrantes, que se encuentran temporalmente en México en espera de la resolución de asilo en los Estados Unidos, las autoridades mexicanas incurrieron “en omisiones administrativas”, en su deber de proteger los derechos de las personas migrantes, en especial de los niños, niñas y mujeres.
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El asilo debe ser accesible a todas las personas
Ante los nuevos acuerdos de México con EU en materia migratoria, las organizaciones de la sociedad civil llamaron a los gobiernos de ambos países a fortalecer los sistemas de asilo en las fronteras y a que no se retornen a las personas ni se les expulse en virtud del Título 42, ni se les prohíba la oportunidad de solicitar protección internacional.
Así como “adherirse a los acuerdos nacionales e internacionales vigentes respetando el principio de no devolución y el acceso al territorio (…) El asilo debe ser accesible a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, raza, situación jurídica o modo de entrada”, señalaron 94 organizaciones en esta carta.
Sin embargo, nos dijo Miriam González, con la serie de medidas migratorias que los gobiernos de México y EU han tomado “creemos que están apostando al desgaste de las personas migrantes, para que decidan regresar a su país o las orillan a tener que recurrir a los traficantes” para llegar a la frontera con Estados Unidos y cruzarla.
“El hecho de que la población de Venezuela no pueda comprar un boleto de autobús en México, porque tiene que mostrar una identificación”, es una disposición que obstaculiza su trayecto hacia los EU, les coloca en condiciones de vulnerabilidad y les “orillan a tener que recurrir a los traficantes”, reiteró la defensora de derechos humanos.
Para Miriam González el reto es que los gobierno transiten de una política migratoria de contención a una política migratoria humanitaria, ya que “las personas van a seguir buscando las formas de salir de sus países, porque lo que les está obligando a salir no se ha resuelto, continúa y en algunos países se ha recrudecido”.
Nuevo acuerdo migratorio México-EU es insuficiente
Durante la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizó del 9 al 11 de enero pasado, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron dar continuidad al pacto migratorio establecido en la “Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”, que firmaron en junio de 2022.
Según nos explicó el doctor en Ciencia Política José María Ramos García, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), en la Cumbre los tres dirigentes reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para promover una migración segura, ordenada y humana. Y específicamente dar seguimiento a las cinco propuestas que se plantearon bajo dicho pacto migratorio.
Días antes de la cumbre de líderes, el 5 de enero, Joe Biden dio a conocer que extendería a la población de Haití, Cuba, Nicaragua, las medidas que ya había establecido para la población de Venezuela para solicitar una visa humanitaria y el acceso a los EU.
José María Ramos nos explicó que si bien con este acuerdo se genera una alternativa para tratar de ordenar los flujos, es una medida insuficiente “si se toma en cuenta la magnitud de los flujos”.
De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (Customs and Border Protection), el año fiscal pasado, que va de octubre del 2021 a septiembre del 2022, hubo en total 2,200,000 migrantes detenidos en Estados Unidos en la frontera sur con México, de los cuales casi el 45% provienen de estos cuatro países, refirió el investigador.
Esta nueva política se orienta a las personas provenientes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití “que concentran cerca del 55% de las deportaciones del gobierno estadounidense en los últimos cuatro meses”, añadió el profesor del Colef.
Según el análisis de José María Ramos este nuevo acuerdo migratorio, con más opciones de refugio y asilo, es importante porque refleja una respuesta a la compleja movilidad laboral migratoria que se está dando, en parte, debido al contexto de post pandemia.
Sin embargo, insistió, es insuficiente dada la magnitud de los “éxodos humanitarios que no se habían visto en la historia de las relaciones fronterizas México – Estados Unidos”. En los próximos meses de 2023, dijo, “veremos si con este nuevo programa se logra reducir el éxodo humanitario”.
Con el nuevo acuerdo migratorio, José María Ramos no descarta que se den procesos de acumulación o de concentraciones de migrantes, sobre todo en ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez, pero estos serán de manera coyuntural y de muy corto plazo.
En caso de darse, indicó, será un tema complejo, porque las ciudades fronterizas de México tienen limitaciones de espacios y de recursos.
Pero la experiencia indica que hay “una cierta flexibilidad a la política de contención sobre todo de México para que los migrantes lleguen a Estados Unidos”, nos expuso.
Esto, porque la población migrante que ha sido regresada en años y meses pasados al territorio mexicano busca regresar a los EU en varias ocasiones hasta lograrlo. Por esto, el especialista prevé concentraciones importantes a partir del nuevo acuerdo, pero “coyunturales y de muy corto plazo”.
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Coyuntura electoral
Un elemento que destaca José María Ramos del discurso que dio Joe Biden el 5 de enero pasado, cuando informó del nuevo programa dirigido a migrantes de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, es que tomó dicha decisión porque los republicanos no quieren llegar a un consenso para plantear una reforma integral migratoria.
“Por primera vez de manera explícita, volvió a plantear el tema de la reforma migratoria”. Esto indica que el tema de la migración ha regresado con bastante énfasis y es más prioritario en la agenda político – electoral estadounidense que el tema de las drogas, dijo.
Para el investigador el nuevo acuerdo migratorio es una acción coyuntural que trata de atender el problema, pero también tiene una connotación política, porque está dirigido a tres de los países con los cuales Estados Unidos históricamente ha tenido diferencias.
“Veo ahí una cierta coyuntura de presión política de los EU para llegar a acuerdos con estos países”, ya que llegar a un acuerdo en beneficio de los y las cubanas migrantes también beneficia a las relaciones políticas y electorales con esa comunidad que vive en EU, ejemplificó.
Por otra parte, señaló que los países implicados en la movilización migratoria están asumiendo los beneficios de estos éxodos, pero han dejado de lado el tema de la corresponsabilidad regional.
Es decir, “¿cuál es el compromiso que tienen los países expulsores?” cuando están expulsando a poblaciones muy vulnerables, debido a limitaciones político electorales, de inseguridad o de violencia, cuestionó.
Finalmente, señaló que el gran desafío es generar un modelo de una gestión y una gobernanza migratoria integral en donde cada país asuma sus responsabilidades, sobre todo, cuando grupos muy vulnerables de la sociedad están siendo afectados en estas dinámicas migratorias transnacionales.
