A los trece años algunos niños ven El Hombre Araña, juegan fútbol en las calles de sus colonias o estudian la secundaria; pero El Michoacano no. “Yo a los trece comencé a trabajar con el cártel de la Familia Michoacana en Morelia, Michoacán”, dice en una entrevista que ofreció el adolescente en el año 2011, donde estuvo en la celda número dos en la que fuera la Comunidad Especializada de Atención para Adolescentes, más conocida como El Tribilín en la Ciudad de México.
El muchacho que tiene por apodo el gentilicio del estado que lo vio nacer, se tapaba todas las noches en la cárcel para adolescentes de la capital mexicana con un edredón que tiene en el centro el dibujo del carro rojo protagónico de Cars, la película animada de Disney. Ahí detrás de los barrotes y una cobija que hace juego con su edad, El Michoacano durmió durante cuatros años o 1,460 noches, hasta que terminó su condena por delitos contra la salud “por traficar cocaína de Morelia hasta la Ciudad de México”.
“Comencé a trabajar con el cártel de la Familia Michoacana y nunca me habían agarrado en un jale hasta que cumplí los diecisiete”, relata el adolescente en entrevista y recuerda haber estado sentado en la cama y a espaldas de un altar que le hizo a la Santa Muerte, patrona de los delincuentes.
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Era el año 2011 y El Michoacano llevaba cuatro kilos de cocaína en la motocicleta que sus jefes le obsequiaron para trabajar entregando encargos del polvo blanco kilo a kilo en papel para envolver bolillos. “Entre cuatro y seis kilos a la semana”, era la medida en la que debía trasladar la mercancía ilícita desde Michoacán hasta la capital mexicana, cuenta el muchacho.
Esa mañana al mediodía a El Michoacano se le hacía tarde para cumplir la meta semanal. Conducía con prisa por Barranca del Muerto en la Ciudad de México y ya había entregado otro medio kilo de cocaína en el sur de la ciudad, cuando la policía capitalina comenzó a seguirlo desde una patrulla. Al segundo ya eran dos patrullas más y le pidieron desde un megáfono que se orillara para una revisión.
“Sentí la adrenalina de la persecución y aceleré más. Saqué mi pistola magnum 357 doble cañón y la aventé en el aire, no sé por qué me dio por eso pero al tirarla, ya las patrullas me tenían cercado y de un frenazo paré la moto”, detalla el adolescente en entrevista. Al revisar la moto y hacerle una requisa, las autoridades hallaron cuatro kilos de cocaína pero jamás el arma. Con ella, el menor de edad se había defendido de varios tiroteos en Michoacán. ¿Mataste alguno? se le preguntó. “Pues quién sabe” responde entre risas y explica que “cuando estás en un tiroteo sólo disparas y disparas, nunca sabes si le diste por ahí a alguno”.
La sentencia de un juez capitalino determinó que El Michoacano debía pagar una condena de cuatro años en un tutelar de menores infractores en la Ciudad de México donde se le detuvo por una sentencia por posesión de narcóticos. Y aunque hubieran encontrado la pistola que aventó y nunca se localizó, la Ley de Justicia para Adolescentes señala que no podrá otorgarle más de cinco años por ningún delito grave, incluso aunque le sumaran un segundo delito por posesión ilegal de armas.
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¿Cuánto te pagaba la Familia Michoacana por transportar cocaína?
“Entre 12 y 14 mil pesos”, contestó sin titubeos el menor de edad en una entrevista realizada en el año 2011.
¿Al mes?
“No”, se carcajea el muchacho y agrega: “por cada viaje”.
En un mes, El Michoacano ganó trabajando para el narcotráfico un promedio de 48,000 y 56,000 pesos mexicanos. En contraste, el 80% de los empleados formales en México, ganan hoy en día menos de 20,000 pesos. Así lo señala la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
30,000 niños reclutados por el crimen organizado
La Familia Michoacana reclutó a El Michoacano en el 2007 en Morelia, la capital de Michoacán. Y lo hicieron utilizando a Dios como una manera de adoctrinamiento desde la fe, a través de pensamientos que decían “es preferible buscar a Dios, el que le sirve a Dios siempre será servido, esta es la regla”. El niño tuvo en sus manos varios pensamientos sobre la cercanía con Dios en hojas de papel que alguien dejaba debajo de la puerta de su casa.
Después llegaron de la misma manera, libros hechos de forma rupestre que promovía entre los michoacanos cursos de superación personal y el patrocinio de albergues de rehabilitación para drogadictos. Con los meses se supo que el dueño de los mensajes religiosos y los cursos de autoayuda, era Nazario Moreno alias El Loco.
En el 2007 Nazario Moreno era el líder espiritual de muchas familias en Michoacán, entre ellas la de El Michoacano que tenía problemas con el consumo de marihuana. El método de reclutamiento de menores de edad a las filas delictivas de la Familia Michoacana comenzó similar al de otras organizaciones extremistas como Al Qaeda en Medio Oriente, creando fuertes bases de seguidores desde la fe.
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Ya para el 2008 se sabía que La Familia Michoacana nacía de la ruptura con el cártel del Golfo y se especializó en la producción y contrabando de metanfetaminas y marihuana. Con el dinero obtenido de la venta de drogas, Nazario Moreno en compañía de José Méndez El Chango, Enrique Gómez Plancarte El Kike y Servando Gómez La Tuta, crearon una red social para su grupo criminal y en ella estaba El Michoacano.
“Al principio me abrí camino en el mundo de la extorsión y cobro de piso como si fuera un profesional, me pagaban dos mil pesos a la semana y con eso comencé a llevar dinero a mi casa” recuerda el menor. “Me dijeron que extorsionar no estaba bien visto por los policías pero que si un día se enteraban, lo peor que podía pasarme era ir a la cárcel por pocos años pero ellos seguirían dándole a mi familia los dos mil pesos semanales como si siguiera trabajando desde la cárcel y eso me dio mucha tranquilidad y me prometí que jamás que agarrarían”.
Para el año 2021, una década después de la detención de El Michoacano, se estima que 30,000 niños fueron reclutados por el crimen organizado durante los últimos veinte años en México. Así lo alertó Reinserta, una Organización no Gubernamental que trabaja con la reinserción social de menores infractores.
En una entrevista con 89 jóvenes presos en el año 2021, Reinserta documentó que 67 se consideraban miembros del crimen organizado en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.
Entre rejas, El Michoacano -además de contar su historia en el 2011 en entrevista-, era bueno en clases de actuación y terminó en cautiverio la secundaria. Todas las tardes, a la hora de la comida, el muchacho le guardó el postre a la Santa Muerte, como si el adoctrinamiento católico que tuvo por años por parte del cártel de La Familia Michoacana, se hubiera quedado allá.
Dentro del Centro de Menores Infractores, como se le conocía en el 2011, no se llaman celdas a las celdas sino estancias. Tampoco se habla de la cárcel o la prisión sino que están en la comunidad y dentro de este esquema, los custodios o policías son guías.
Estudios de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores en el Distrito Federal a los que se tuvo acceso en el 2011, señalan que de los 3,843 menores infractores que estuvieron recluidos con El Michoacano, el 40% cometió un ilícito porque quería conseguir ropa de marca; un 38% porque quería saber qué se sentía; 33% porque creía que no le pasaría nada; 28% porque así se acostumbra en el barrio; 27% por curiosidad y un 25% porque no tenía nada mejor que hacer.
El Michoacano salió del Centro de Menores Infractores más conocido como El Tribilín, a mediados del 2015. Varios custodios tenían fe en que el muchacho se iba inclinar por la actuación o haría lo propio para ingresar a la Marina porque fue el sueño que dijo que quería cumplir. Pero al quedar en libertad, a El Michoacano lo recibieron en casa con una moto nueva y con ella se accidentó y falleció dos meses más tarde.
Menores de edad; “mano de obra barata y eficaz para el narcotráfico”
Italy Ciani Sotomayor es abogada penalista y en entrevista para Cuestione, asegura que “sí hay un incremento a nivel delincuencial de adolescentes en delitos de alto impacto porque para la delincuencia organizada es muy redituable, justamente porque las penas son cortas”.
Si el narcotráfico contrata a un halcón para hacer labores de vigilancia y es mayor de edad, si es detenido, procesado y sentenciado, “la pena no va a bajar de 20 años”, explica la también académica del INAPICE. En cambio si el halcón es un chico de 16 años, lo máximo que le puede caer de pena son cinco años de prisión.
Si un menor de edad está más o menos afianzado al grupo delictivo como lo estuvo El Michoacano con el cártel de la Familia Michoacana en el 2007, “el grupo de delincuencia organizada le va proveer protección para su familia y sustento y entonces cuando salga del Centro de Internamiento para Adolescentes, ese chavo va tener un vínculo que si ya lo tenía se vuelve irrompible, ese grupo de delincuencia organizada se vuelve en su familia, entonces es una especie de inversión para que después ese adolescente pague con lealtad y siga trabajando para ellos”, clarifica Ciani Sotomayor.
Pero hay más, la defensa jurídica para un menor infractor es más económica que para un mayor de edad y en términos de tiempo el proceso es mucho más corto y barato.
El 30% de las estructuras de la delincuencia organizada, son adolescentes menores de edad, asegura Italy Ciani. Esto lleva a un panorama grave de delincuencia juvenil que trae como consecuencia “mano de obra barata, eficaz y una inversión a mediano plazo para el narcotráfico”, agrega la penalista.
Una problemática relacionada con los vacíos que genera el gobierno, dice citando al abogado mexicano Edgardo Buscaglia en su libro Vacíos de poder, es que esos espacios los llena la delincuencia organizada. “¿El gobierno no provee hoy empleo? La delincuencia organizada sí. ¿El gobierno no pone una preparatoria más cerca de la casa? La delincuencia organizada sí. ¿El gobierno no pavimenta las calles? La delincuencia organizada sí se las pavimenta”.
En el 2011 cuando El Michoacano fue sentenciado a cuatro años de prisión, el sistema de justicia para adolescentes era muy distinto en México y para Italy Ciani Sotomayor, abogada penalista y académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), es importante entender cómo funciona ahora la justicia para los menores infractores y a partir de ahí reflexionar sobre la mano de obra juvenil que reclutan los grupos criminales.
Antes del 2005, explica Ciani Sotomayor, en México y en distintos países del mundo había un sistema de menores infractores para los menores de 18 años, que en términos generales era a partir de la visualización del sistema tutelar. El Estado asumió una actitud paternal “y casi de pobrecitos los menores infractores, no saben lo que hacen”.
Pero a partir de la Convención de los Derechos del Niño y de las Niñas y de acuerdos con organismos internacionales y especialistas, describe la abogada, cambia este concepto paternalista porque adolescente viene del latín crechere y se traducía como “el que adolece de” entonces a un menor de edad se le veía como el que le falta algo y no es así. Y crechere no significa “el que adolece de” sino el que crece y esto etimológicamente hizo un cambio.
“Un adolescente es una persona que está creciendo, en un proceso de formación y tiene necesidades específicas porque está viviendo procesos culturales, educativos, sociales, etc, pero a partir de los 12 años, dijeron los científicos a nivel mundial, ellos sí tienen la capacidad de comprender lo que está bien y lo que está mal y pueden entender también qué consecuencias puede traer su conducta”, clarifica Sotomayor .
Vino entonces una reforma a nivel mundial que en México se adoptó en el año 2005 en la Constitución y lo que se creó fue un Sistema de Justicia Penal especializado para adolescentes que en términos generales es muy parecido al Sistema Acusatorio Ordinario de adultos, tiene los mismos principios, pero el sistema para adolescentes tiene algunos más: “como el principio de apoyo al menor, el principio de flexibilidad que implica que el Juez tiene la facultad de ser un poco más abierto y lo que lo distingue es que tiene un proceso más ágil, muy dinámico”, comenta la abogada.
Un ejemplo del dinamismo entre el sistema penal para adultos y el sistema penal para adolescentes, es que cuando vinculan a un adulto a proceso, el plazo máximo para abordar la investigación son seis meses y para adolescentes es un mes.
La Ley General del Sistema para Adolescentes aplica para personas que tengan entre doce y 18 años incumplidos en tres grupos: El primer grupo es de 12 a 14 y por ningún motivo pueden ser internados, ni vía medida cautelar: su sanción no puede ser prisión. La pena prevé varias modalidades; desde tratamiento de adicciones, centros de reintegración juvenil, terapia sicológica, trabajo comunitario, que regresen a la escuela.
Después viene el segundo grupo de 14 y 18 años en donde sí pueden ser recluidos pero para quienes tienen de 14 a 16, la pena máxima son tres años de prisión y para adolescentes entre 16 y 18 que vienen siendo el tercer grupo, la pena máxima es de cinco años de cárcel.
Por ejemplo, una menor de edad como la agresora de Norma Lizbeth que terminó por matarla después de golpearla en repetidas ocasiones con una piedra en la cabeza, lo máximo que alcanzará será una pena de tres años en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Quinta del Bosque en el Estado de México, porque tiene catorce años cumplidos.
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¿En términos de justicia, es justo que una persona joven cometa un delito grave y pague entre tres y cinco años en un Centro de Internamiento para Adolescentes? Ciani Sotomayor entiende que una historia como la de Norma Lizbeth y la de El Michoacano, tienen dos formas de mirarse, desde las víctimas y desde el victimario.
“Si lo vemos desde la perspectiva de las familias, de las víctimas, pues no es justo. No hay nada que devuelva por ejemplo a Norma Lizbeth a su familia y cuando la madre escuche una sentencia condenatoria de tres años -que seguro así va ser- pues esa expectativa de justicia se llena con cien años de prisión, desde esa perspectiva la justicia no es justa”, comenta la abogada.
Pero desde una perspectiva más realista, insiste Ciani Sotomayor, en el caso particular de Norma Lizbeth y El Michoacano “de ambos lados tenemos un conflicto que forma parte de un mismo problema pero con caras distintas y la prisión no lo va resolver porque el sistema penal nunca es ni ha sido la respuesta a ninguna de las problemáticas sociales”.
