El nuevo Código Penal aprobado el domingo 15 de mayo por el Parlamento cubano “es represivo y abona al clima adverso para los Derechos Humanos”, dijo la politóloga y colaboradora de Articulo 19 -organismo que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información-, Claudia Ordoñez, al denuciar el martes 17 de mayo la muerte de 100 presos en La Habana y la tortura a la que fueron sometidos manifestantes que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021.
El periodista independiente Juan Ramiro, quien busca salir de la isla ante el hostigamiento que ha sufrido por parte de las autoridades, nos señala que el nuevo Código Penal “es una ley mordaza contra la oposición” y “protege al régimen”.
Ramiro advierte que la ley, que entrará en vigor en los próximos días, penaliza “las protestas populares, el activismo, el ejercicio de la prensa independiente”. En Cuba, afirma, “no existe la libertad de expresión”. Los que alzan la voz, como en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, “son reprimidos, torturados y condenados”.
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¿Qué tan preocupante es?
“Estamos ante un Estado represor”, asegura Ramiro. La ONG española Prisoners Defenders documentó en mayo la existencia de 1,015 presos políticos en Cuba y “alrededor de 874 están encarcelados a raíz de las protestas pacíficas del 11 de julio, manifestaciones que exigían cambios”.
Para el periodista independiente, esta situación es preocupante porque “entre los presos se encuentran niños de hasta 13 y 15 años de edad”, que fueron condenados a penas “altísimas” de privación de libertad por el delito de sedición -con el que se castiga a grupos o personas que perturben el orden público.
Cubalex, la ONG que evidencia las violaciones a los derechos humanos en la isla, documentó 14 métodos de tortura contra los opositores al gobierno de Miguel Díaz-Canel, que van desde “golpizas en los centros de detención”, hasta el “uso de gas pimienta”, durante los interrogatorios.
Ley exhibe los miedos del oficialismo
El nuevo Código Penal cubano “es un compendio detallado de los principales miedos del oficialismo”, precisó la directora del diario digital 14ymedio, Yoani Sánchez, en su columna en DW, filial de la cadena alemana Deutsche Welle.
“Este es, en realidad, un glosario de los terrores del castrismo y de sus intentos desesperados por frenar lo que de todas formas llegará”, puntualizó la periodista. “El Código Penal pensado para atarnos a todos apunta a que lo ha redactado un sistema hundido en la desconfianza hacia la sociedad y en el pavor al futuro”.
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Se incluye la pena de muerte
En el nuevo Código Penal se incluye la pena de muerte. Esto no es nuevo, en las primeras décadas de la revolución cubana, “el paredón” -como se le llamaba- tenía como pena capital el fusilamiento, el cual se aplicaba frecuentemente.
Sin embargo, desde el 2000 se aplicó una moratoria, que se rompió en abril de 2003, con la ejecución de tres secuestradores de un bote con 50 pasajeros en la bahía de La Habana, que intentaron emigrar.
El periodista independiente y escritor Reinaldo Escobar publicó en el medio digital independiente 14ymedio que “la pena de muerte, por fusilamiento, aparece como una las sanciones aplicables en 28 artículos del nuevo Código Penal”.
Según la normatividad, está contemplada esta penalidad para aquellos “delitos contra la seguridad del Estado, terrorismo, tráfico internacional de drogas y asesinato”.
Bajo los nuevos estatutos, la propaganda y difusión de noticias falsas equivale a una “sentencia de muerte” para el periodismo independiente, consideró el Comité para la Protección de los Periodistas. En Cuba “los medios privados son ilegales y los periodistas no tienen la posibilidad de obtener financiamiento local”, precisó Reinaldo Escobar.
¿Cuáles son los argumentos de las autoridades?
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, señaló el domingo pasado al presentar el proyecto de ley al plenario del Parlamento, que refuerza el rigor de las sanciones relacionadas con la corrupción.
El nuevo Código Penal “protege el sistema político y estatal socialista, del conjunto de acciones y actividades que se cometen contra el orden constitucional y con el propósito de crear un clima de inestabilidad social y un estado de ingobernabilidad”, señala Remigio Ferro.
