Periodistas mexicanos, abandonados por el Estado ante la violencia del crimen organizado

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Por Alejandro Peña

Amenazas, advertencias, agresiones y persecuciones interminables: así se resume el día a día de un periodista crítico en México. Denunciar a las autoridades corruptas conlleva dictar tu sentencia de muerte, y exponer los negocios turbios del crimen organizado es peor porque supone “rebelarse” ante el verdadero patrón, que castiga sin miramientos. 

La censura es la ley dominante en el periodismo mexicano. Pero también es una forma de supervivencia; ser mudo testigo de injusticias, actos ilícitos, corrupción, violencia, inseguridad e impunidad es para muchos la única manera de seguir ejerciendo la profesión sin correr el riesgo de que te desaparezcan o de que seas asesinado. 

En marzo de 2023, la organización Artículo 19, que lleva un registro de la violencia contra el gremio periodístico en México, expuso en su informe Voces contra la indiferencia que en 2022 cada 13 horas se agredió a un periodista, lo que se traduce en casi 700 ataques directos solo por informar. Esta violencia, según la investigación, proviene en su mayoría de las autoridades

Este panorama convirtió al 2022, hasta ahora, en el año más violento desde que Artículo 19 comenzó a registrar estos hechos en 2007. Las cinco entidades con más casos fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz

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Cynthia Valdez: la pared que resiste los embates 

Cynthia Valdez es una periodista nacida en Culiacán, Sinaloa. Comenzó su labor periodística en la sección de espectáculos del diario El Debate, en 2009. Allí se forjó en la redacción de artículos. Desde el principio le llamó la atención la “nota roja”.

Años después fundó un portal de noticias, ya que la línea editorial de los medios para los que trabajaba le impedía compartir toda la información que recopilaba. Al ser Sinaloa uno de los estados con los índices más altos de narcoviolencia, donde actúan con total impunidad peligrosos cárteles, Cynthia siempre estuvo atenta a las acciones del crimen organizado.

Así es como en 2013 nace La Pared Noticias. Junto a sus compañeros, Cynthia había decidido imprimir cada 15 días un periódico sobre temas de seguridad. Cuando capturaron a El Chapo Guzmán por tercera y última vez en enero de 2016, en Los Mochis, el ambiente se enturbió radicalmente. Sus hijos, conocidos como Los Chapitos, junto con otros líderes, comenzaron a reorganizar las estructuras del Cártel de Sinaloa, iniciando una guerra interna.

En septiembre de 2016, La Pared publicó en portada el artículo Se tambalea la dinastía Guzmán, e inmediatamente recibió el primer “llamado de atención”. A través de otro periodista, les llegó la orden de sacar de circulación al periódico.

Días después, se les informó que líderes del crimen organizado deseaban reunirse con ellos. Cynthia y su socio declinaron la invitación, pero suponían que planeaban ofrecerles dinero para dejar de publicar temas “comprometedores”. 

Los emisarios 

En febrero de 2017, un líder del narcotráfico sinaloense -Dámaso López Núñez, El Licenciado– envió un emisario a La Pared para solicitar una entrevista, pues estaba interesado en contestar una carta que Los Chapitos habían mandado al periodista Ciro Gómez Leyva, en la que acusaban al criminal de querer asesinarlos a ellos y a El Mayo Zambada.

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No tuvieron otra opción que acceder, así que entregaron al emisario las preguntas y de la misma forma recibieron las respuestas. El miércoles siguiente, cuando el socio de Cynthia fue a la imprenta a recoger las ediciones de La Pared para distribuirlas, se comunicó con ella para avisarle que unos jóvenes le habían dicho que no repartiera el quincenario como de costumbre, porque ellos comprarían todos los ejemplares.

Cynthia entró en pánico. No se atrevía siquiera a ir a su casa por temor a que la siguieran. Llamó a su socio para encontrarse con él en un centro comercial, y allí tomaron la dolorosa decisión de no imprimir más el periódico.  

Sin embargo, La Pared se siguió publicando solo en la web, pero constantemente recibían instrucciones por parte de criminales sobre cómo debía ser contenido, hasta que Cynthia acordó con su socio interrumpir por completo su labor.

Pero el acoso telefónico persistía, así que la única salida que les quedó fue desaparecer del ojo público por un tiempo. En febrero de 2017, Cynthia se alejó de su profesión, llena de incertidumbre y frenando de tajo su labor periodística.

El desplazamiento 

En esos días, un colega de Cynthia de la Ciudad de México le dijo que se fuera inmediatamente para allá. Antes de ir a la capital, el director del Comité para la Protección de  Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) le había dicho que debía salir del país. Ella habló con su socio y ambos estuvieron de acuerdo, pero poco después el CPJ les informó que no había recursos para su traslado, una incongruencia que desesperó a Cynthia.   

Ya en la CDMX, Valdez se acercó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero se dio cuenta que la instancia no está preparada para recibir a periodistas desplazados junto con sus familias. Además, en su opinión, el Mecanismo no comprendía su situación como mujer, madre y esposa. 

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Y es que Cynthia no recibió ayuda para conseguir escuela para sus hijos, algo que tuvo que resolver por su cuenta. Ella ni siquiera tenía un comprobante de domicilio, un requisito indispensable para muchos trámites al estar en un refugio de seguridad. El Mecanismo no le dio algún documento que explicara su situación.

Hasta ahora, Cynthia lleva seis años sin estar en un lugar fijo y ha cambiado constantemente de escuela a sus hijos. En 2019, carcomida por la angustia, solicitó su regreso a Sinaloa, pues no estaba trabajando debido a la falta de oportunidades y la mala organización del Mecanismo.

Increíblemente, Milenio -diario del que era corresponsal- prescindió de sus servicios tras llegar a la CDMX. A pesar de que vivía en un refugio con una despensa mensual, su vida estaba desmoronada. Cuando Cynthia solicitó el plan de retorno, a fines de 2019, la filial en Madrid de Reporteros Sin Fronteras (RSF) se comunicó con ella para informarle que por la gravedad de su caso, podría obtener refugio en España.

No lo pensó dos veces. Aunque no pudo llevarse a sus hijos, ella decidió irse en enero de 2020. Estuvo dos meses en España hasta que la pandemia de COVID-19 se apoderó del planeta. Durante ese tiempo, Cynthia se sintió viva nuevamente. Pudo respirar y caminar libremente por las calles, sin el miedo de que le arrebataran la vida repentinamente. 

Ella tomó un curso en el diario El País y conoció a periodistas de diferentes partes del mundo. Cuando llegó el momento de regresar a México, se suponía que el Mecanismo debía tener preparado un plan de retorno. Fue llevada a Culiacán, en espera de una reunión con autoridades de Sinaloa, el Mecanismo federal y la Secretaría de Gobernación para definir los pasos a seguir, pero aún sigue esperando. 

El Mecanismo lo hizo de nuevo… 

Tres meses después de su regreso a México, Cynthia se quedó sin protección, por lo que decidió recluirse en su casa nuevamente. Pasó los dos años de la pandemia inactiva profesionalmente, fatigada y desamparada.  

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En 2022, Cynthia se trasladó otra vez a la CDMX y presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el abandono del Mecanismo. La CNDH le brindó medidas cautelares y luego se presentó en las oficinas del Mecanismo para aclarar su situación. Funcionarios le indicaron que ella seguía dentro de la instancia, pero que los contratiempos para su atención se debían por la creación de la Guardia Nacional (GN), que pasó a encargarse de la seguridad pública en estados y municipios.

Al conocer la “excusa” del Mecanismo, Cynthia decidió volver a Sinaloa para rehacer su vida. En mayo de 2022, la página web de La Pared estaba otra vez activa, pero ahora con temas cotidianos e “inofensivos”.

Un día de ese mes de mayo, a la periodista se le atravesó una camioneta mientras manejaba a la escuela de sus hijos, y notó que le tomaron fotos. Inmediatamente se comunicó con la GN para reportar lo que acababa de suceder. Los efectivos le dijeron que llegarían lo más pronto posible. En el colegio, Cynthia recogió apresuradamente a sus hijos, pero al arrancar su auto otra camioneta le dio un golpe. Ella decidió no detenerse y huir. 

Finalmente, Cynthia volvió a la CDMX y en esta ocasión recibió apoyo, pero del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México

Gildo Garza: las tablas podridas del crimen 

La segunda historia es la del periodista Gildo Garza, originario de McAllen, Texas, pero con gran parte de su vida en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En el año 2000, Gildo empezó a trabajar en una oficina de redacción, como parte del equipo de diseño y maquetación, hasta que tuvo la oportunidad de escribir reportajes especiales, adentrándose en la investigación de temas de seguridad pública, personas desaparecidas, política local y asuntos judiciales.

Al paso del tiempo, Gildo se involucró más y más en temas de seguridad y corrupción, sobre todo al darse cuenta de que nadie los abordaba, a pesar de su importancia para la ciudadanía. En 2013, fundó un medio llamado El Ciudadano junto con otros colegas, entre quienes estaba Mario Ricardo Chávez, que en junio de ese año fue “levantado” al salir del cine en Ciudad Victoria. Dos semanas después, su cuerpo fue encontrado semienterrado en un ejido de Reynosa, junto al cadáver decapitado de una mujer.  

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Luego de esta tragedia, Gildo y sus compañeros rebautizaron a su medio como Cambio y se especializaron en periodismo de investigación, en temas de corrupción, inseguridad y narcopolítica. En ese tiempo, el crimen organizado y diversos actores políticos de Tamaulipas ejercieron agresiones más directas contra la prensa.

Tres levantamientos 

En 2013, cuando Gildo laboraba en Ciudad Mante, al sur de Tamaulipas, en el periódico El 5inco, fue “levantado” en tres ocasiones. Las amenazas en su contra llegaban con poco tiempo de anticipación a través de “voceros”; uno de ellos era un compañero de trabajo que cubría la fuente policiaca, de apellido Coronado y quien actualmente está preso por delincuencia organizada y secuestro. Se descubrió que pertenecía al cártel de Los Zetas.

En el segundo secuestro estuvo presuntamente involucrado uno de los regidores del ayuntamiento de Mante, quien organizaba juegos de azar de manera clandestina. Gildo publicó la nota del supuesto fraude cometido por este funcionario contra un jubilado, lo que derivó en la desaparición de la víctima y que al periodista lo levantaran y golpearan.

La tercera privación de su libertad se dio luego de que reportó un presunto desvío de recursos por parte del alcalde priísta de ese entonces, Héctor López González, quien ahora está en las filas de Morena. Gildo fue retenido y torturado durante siete días, por lo que quedó con lesiones en sus piernas, columna y ciática. Además, tiene secuelas psicológicas. 

Tras las agresiones, Gildo se mudó a Ciudad Victoria y participó en la fundación del medio El  Ciudadano, que luego se convertiría en Cambio. La labor con el primer medio duró solo tres meses, tiempo suficiente para incomodar a las autoridades locales por la información sobre casos de supuesta corrupción.

El hostigamiento contra el medio no se hizo esperar: personas armadas pasaban en camionetas mientras se imprimía el periódico en horas de la madrugada. Asimismo, Gildo recibía constantemente llamadas en la noche con amenazas de muerte y mensajes intimidatorios en sus redes sociales. Los hechos se denunciaron en la entonces Procuraduría General de la República, pero sin resultados. El acoso se mantuvo hasta 2017.

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Con el siguiente gobierno estatal, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, las amenazas  persistieron. El 7 de junio de 2017 apareció una publicación en redes sociales con una advertencia de Los Zetas, según la cual hasta al perro de Gildo sería asesinado si no se iba de Tamaulipas en 24 horas.

Llegó la hora de partir 

Gildo y su familia se fueron en su propio automóvil con rumbo a la CDMX en busca de ayuda. Cuando llegó a la capital, en 2017, el periodista acudió ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), donde le dieron un documento para ingresar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que le brindó medidas de protección a él y su familia. 

De esta manera, Gildo pasó tres meses viviendo en hoteles y refugios de seguridad temporales, hasta que fue instalado en una casa junto con su familia, además de contar con manutención y despensa mensual. Las autoridades le aconsejaron no ejercer el periodismo a fin de mantener un bajo perfil. 

Posteriormente, junto con otros colegas, Gildo fundó el Colectivo de Periodistas Desplazados de México, el cual se consolidó como organización con su registro ante la Secretaría de Gobernación en 2018. Sin embargo, Gildó nos contó que personas “infiltradas” sabotearon la labor del grupo para obtener beneficios económicos.

Las batallas que no cesan

Al inicio del actual gobierno morenista, en 2018, varios funcionarios como Alejandro Encinas, ahora ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; la ministra de la Suprema Corte Loretta Ortiz; y el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, buscaron a Gildo y a otros periodistas desplazados para invitarlos a participar en foros de víctimas, con el supuesto objetivo de reorganizar las políticas públicas.

Al final, Gildo nos contó que solo los utilizaron para posar en las fotos y mediar con otras víctimas, ya que en 2019 fue perseguido por la actual administración tras solicitar, mediante Transparencia, los estados de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, durante una de sus conferencias mañaneras, el mandatario expuso la solicitud de información de Gildo y lo señaló como uno de sus “opositores”.  López Obrador mencionó tres veces más a Gildo en las conferencias matutinas, reafirmando públicamente su rechazo a la labor del periodista.

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