Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el país dio un giro en su política internacional y ahora mira hacia Latinoamérica.
Pero en esta nueva posición no todo ha sido fluido. El ejemplo es que este 27 de diciembre, representantes de países de América se reunieron para discutir sobre la situación política en Nicaragua, pero de parte de México sólo hubo silencio. ¿Por qué?
El silencio no sólo es un tema de México, 20 de 35 naciones, callaron respecto a la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua, ese país que ahora atraviesa la crisis política más fuerte de su historia reciente y que hace tan sólo 39 años dio fin al régimen de la familia Somoza con la revolución sandinista.
Ernesto Carmona Gómez, profesor del Centro Universitario Incarnate Word, dijo en entrevista para Cuestione, que el nuevo Gobierno federal podría haber dejado de intervenir en las decisiones de otros países, para que evitar futuras intromisiones del extranjero en los asuntos de México.
La decisión nacional tiene sentido en el escenario político actual, en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado un discurso agresivo contra México, y enviado tropas a la frontera con la justificación de detener a la ola de migrantes.
En este sentido, López Obrador “no puede darse el lujo de criticar a Nicaragua”, ni a otros países con posturas autoritarias como Venezuela o Brasil, subrayó Carmona.
“Me parece que la estrategia es no dar una opinión. Tratando de recuperar una posición que le permita tener la legitimidad suficiente para ser un árbitro. En caso de ser necesario, México podría participar legítimamente como un mediador, entre las diferentes políticas de Nicaragua, o de Venezuela”, explicó Carmona Gómez, quien también es asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
Nicaragua, cada vez más solo
Parece que el gobierno del presidente Daniel Ortega se queda cada vez más solo, pues Venezuela fue el único país que manifestó su apoyo al actual mandatario centroamericano en la sede de la organización en Washington D.C., en medio de acusaciones de tiranía.
El secretario General de la organización Luis Almagro encabezó las críticas contra Daniel Ortega, leyendo en el pleno de la sesión extraordinaria (una reunión especial) una respuesta a la carta del gobierno del mandatario nicaragüense.
“Es una pena que uno de los últimos revolucionarios históricos vivos en América Latina, que hasta hace un año todavía representaba la posibilidad de una izquierda revolucionaria democrática en nuestro continente, haya elegido el camino del autoritarismo, del abuso de los derechos humanos, y de las formas represivas y opresivas de mantenimiento en el poder”, leyó Almagro.
¿Por qué la crisis en Nicaragua?
Desde que cayó el dictador Anastasio Somoza en 1979, Nicaragua no atravesaba por una crisis como la del último año.
Las protestas estallaron el 18 de abril de 2018, cuando manifestantes en contra de la reforma al seguro social fueron atacados por activistas del gobierno.
Un día después, la policía contuvo otra manifestación con violencia. Tres personas fueron asesinadas por disparos. Las protestas terminarían con 325 muertos y 500 presos, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a que Daniel Ortega echó para atrás la intención de la reforma, el descontento social hizo que las manifestaciones se extendieran por todo el país.
Teniendo entre los principales opositores del gobierno a los estudiantes universitarios, quienes propusieron un Diálogo Nacional.
La CIDH visitó el país el 16 de mayo —con el permiso de Ortega— y determinó enviar a un equipo de funcionarios, llamado Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, para monitorear los derechos humanos y velar porque las vidas que corrían un grave riesgo.
Del mismo modo en que un Grupo Multidisciplinario de Expertos (GIEI), de la CIDH, llegó a México para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa durante la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, un acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y la OEA dio vida al GIEI, que se encargaría de verificar los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril en Nicaragua.
Finalmente, Ortega expulsó a la CIDH del país el 19 de diciembre, un día antes de que publicaran un informe final sobre sus trabajos, que confirmaron que hubo crímenes de lesa humanidad- los cuales no pueden ser perdonados por leyes que busquen evitar juicios- en Nicaragua.
¿Qué sigue?
El 28 de diciembre, Almagro solicitó al Consejo Permanente de la OEA convocar a una nueva sesión extraordinaria para analizar la situación de Nicaragua. En la última, realizada el 27 de diciembre, se acordó que se aplicaría el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana que abre la puerta para que se inicien gestiones diplomáticas para normalizar la situación en Nicaragua.
De continuar la inestabilidad, la OEA podría suspender a Nicaragua de la organización. Esto implicaría un “golpe económico”, agregó Carmona, porque significaría no tener derecho a créditos del Fondo Monetario Internacional y obligaría al país centroamericano a buscar relaciones fuera de la región.
Ante un panorama tan turbio donde existen muertes y represión, ¿las autoridades mexicanas seguirán calladas?
