Vivir en el exilio: radiografía de la violación de derechos humanos contra periodistas venezolanos

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Por Herly Alejandra Quiñónez Gómez

Luisa (nombre ficticio por razones de seguridad) decidió emigrar al darse cuenta que a diario era perseguida por una camioneta negra en la ciudad donde ejercía el periodismo, en Venezuela. Tras publicar un reportaje empezó a ser acosada en redes sociales desde cuentas anónimas que difundían sus datos personales.

Luisa es madre de dos hijos; sintió miedo y decidió salir del país. Desde ese momento se convirtió en una periodista en el exilio.

Los ataques a la prensa en Venezuela se volvieron evidentes desde 2009 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la Sentencia 195, que responsabiliza al Estado venezolano por incumplir su obligación de garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información, así como el derecho a la integridad personal, según el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ya desde 1999 el Comité para la Protección de Periodistas advertía sobre la posible restricción a la libertad de prensa con la aprobación de la nueva Constitución venezolana.

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Persecución a periodistas

Marco Antoima, ex jefe de información de un canal de televisión, fue detenido en junio de 2020 por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, tras la orden de un tribunal que lo acusó -junto con otra colega- de manejar cuentas anónimas en redes sociales, y por los delitos de difamación y extorsión. Fue liberado dos días después.

En agosto de 2020, Antoima fue indultado por el Ejecutivo y dos meses después, el tribunal que ordenó su arresto le otorgó la libertad plena

Antoima estuvo detenido en 2020.

Pero Antoima nos contó que las amenazas y persecución en su contra comenzaron desde 2009, cuando fue señalado de administrar una cuenta anónima de periodistas en una red social. En 2011 fue citado dos veces por las autoridades. Después, el periodista fue acosado en redes y en 2020 hubo una campaña de difamación en su contra hasta que fue detenido. Antoima nos aseguró que nunca estuvo relacionado con esa cuenta anónima.

En tanto, Luisa nos platicó que desde febrero de 2014, cuando hubo violentas manifestaciones a favor y en contra del gobierno venezolano, empezó a sentirse vulnerable. Ella conoce todos los sistemas de alertas de denuncia de agresiones a la prensa que coordinan varias organizaciones defensoras de las y los periodistas.

Una de esas agrupaciones es el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), que monitorea y denuncia las violaciones contra la libertad de expresión y el acceso a la información. En su informe de 2022, IPYS registró 257 casos que representan 373 violaciones a los derechos de las y los informadores.

Además, IPYS documentó que funcionarios venezolanos y simpatizantes del régimen agredieron en sus discursos y criminalizaron al gremio periodístico. Los impedimentos administrativos contra el ejercicio periodístico fueron los casos con mayor registro. En 2022, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones clausuró 107 emisoras. Hasta ahora, el número de emisoras silenciadas va en aumento.

Periodistas cumplen su labor en medio de restricciones a la libertad de expresión.


La pesadilla de la migración forzada

Luisa nos dijo que está en varios grupos de WhatsApp con periodistas de diversos países. Tras cuatro años de migración forzada, ella no ha vuelto a ejercer el periodismo debido a que en el país donde reside carece de permiso de trabajo y para colmo tiene dificultades con sus trámites migratorios.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó en su resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas, que esta población sufre rechazos en las fronteras, expulsiones o deportaciones colectivas, así como dificultades para obtener pasaportes u otros documentos para regularizarse o ingresar de forma legal, pagar solicitudes de visas y violaciones a sus derechos.

Por su parte, Antoima nos dijo que su migración forzada fue la única forma de evitar la persecución y el hostigamiento en su contra. Explicó que entre las situaciones más difíciles está el distanciamiento de la familia y amigos. “El exilio es la única medida efectiva para lograr la seguridad de los periodistas”, lamentó.

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Antoima agregó que mientras en Venezuela no haya verdadera justicia, no habrá seguridad para los periodistas, pues siempre estarán en riesgo de ser detenidos.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, una organización venezolana, hasta junio de 2023 emigraron cerca de siete millones y medio de connacionales. Colombia es el país con el mayor número de migrantes venezolanos. De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa, han emigrado cerca de 5,000 periodistas de Venezuela.

Luisa nos contó el caso de David Natera Febres, director del diario Correo del Caroní, en el estado de Bolívar, quien en 2016 fue condenado a cuatro años de prisión. Según el portal Poderopedia, la sentencia derivó de una demanda en 2013 por difamación e injuria contra Natera, tras publicar una investigación sobre corrupción en la empresa estatal CVG Ferrominera Orinoco.

Otro caso es el de Roland Carreño, detenido arbitrariamente en octubre de 2020. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Carreño fue falsamente acusado de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, conspiración criminal y tráfico ilegal de armas. Él está preso en una cárcel controlada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Por otro lado, el periodista alemán Billy Six fue juzgado por el delito de rebelión ante un tribunal militar en 2018, siendo excarcelado cuatro meses después. En diferentes momentos, mientras ejercían su labor periodística fueron detenidos y liberados Leandro Stolier (Brasil), Gonzalo Domínguez (España), Leandro Muñoz (Colombia), Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona (Chile).

Vulneración de los derechos humanos

En Venezuela, las y los periodistas enfrentan amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y ataques físicos por parte de autoridades y grupos armados, lo que dificulta su labor de informar sobre la situación política y social del país, además de provocar su migración forzada.

Espacio Público, otra organización defensora de los derechos humanos en el país sudamericano, contabilizó 217 violaciones a la libertad de expresión en el primer semestre de 2023. Igualmente, de 2018 a 2022 la agrupación documentó que se violentó más de 3,000 veces la libertad de expresión en Venezuela.

Espacio Público precisó que en 2020, durante la pandemia de COVID-19, hubo más intimidación hacia el ejercicio periodístico, seguido de actos de censura. La organización dijo que en los últimos dos años, el gobierno venezolano ha bloqueado portales de noticias y clausurado estaciones de radio.

Asimismo, la disminución de algunas agresiones contra la prensa se debe al estancamiento de la agenda política nacional y la desmovilización de partidos de oposición, aclaró Espacio Público.

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Mordaza a la prensa

Gabriel (nombre ficticio para proteger a la víctima) es otro periodista venezolano que emigró forzosamente tras recibir amenazas. Él advirtió que hay una mordaza jurídica que le impide hablar sobre su caso o las violaciones a los derechos de las y los profesionales de la información. Para Gabriel lo primordial es su seguridad y la de su familia.

En Venezuela, las instancias oficiales que supuestamente deben proteger las garantías humanitarias son la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos, adscrita al Ministerio Público, y la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, Luisa y Gabriel nos dijeron que esas instituciones no inspiran confianza para denunciar a los agresores debido a que temen represalias del gobierno, pues -según la ONU– los principales violentadores son los cuerpos policiacos.

“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir a la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, advirtió en 2020 Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación de la ONU.

La representante de Naciones Unidas concluyó que tales prácticas “deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”.

Reporteros Sin Fronteras publicó en 2023, por vez primera, un mapa sobre el exilio de periodistas en el que Venezuela aparece como uno de los países expulsores, siendo la inseguridad el principal motivo para salir del país. De las 363 ayudas económicas destinadas en 2022 a periodistas de 42 países, el 70% fue para comunicadores en el exilio.

Según IPYS, desde 2013 se intensificó el éxodo de periodistas venezolanos, ya que al menos 477 emigraron hacia 24 países. Luisa y Gabriel son parte de la estadística.

Reporteros Sin Fronteras publicó un mapa con el flujo del exilio de periodistas.

Preocupación internacional

Organizaciones como Amnistía Internacional y especialistas de la ONU han alertado sobre la situación de los defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela. La Relatoría de la Libertad de Expresión, de la Organización de Estado Americanos (OEA), sostiene que la labor periodística enfrenta obstáculos relacionados con el temor a la violencia, en un ambiente enmarcado por la estigmatización, hostigamiento y amenazas.

En una resolución de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en Venezuela al restringir la labor de propietarios, periodistas y trabajadores de la prensa de Radio Caracas Televisión, por lo que ordenó al Estado medidas de reparación.

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Un año después, en 2021, la representante de la ONU Marta Hurtado manifestó su preocupación por los constantes ataques contra grupos civiles, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela, y llamó al gobierno a terminar el acoso.

Por su parte, el Estado venezolano ha negado las violaciones a derechos humanos, y por el contrario ha revirado las sanciones económicas en su contra al señalar ante la ONU que se transgreden garantías de la población.

Sin embargo, en 2021 la Corte Penal Internacional abrió una investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad y en 2023, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que defensores de derechos humanos y periodistas sufren ataques y criminalización en el país sudamericano.

Por otra parte, la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA acusó el uso de la justicia penal para reprimir la difusión de información y opiniones críticas sobre el gobierno. Ejemplo de ello fue la orden de aprehensión girada en 2022 por el Fiscal General contra la periodista Carla Angola, radicada en Estados Unidos, por supuesta apología del delito de magnicidio.

Protección y reparación de los derechos humanos de periodistas

Luisa y Gabriel han buscado la protección de organismos internacionales desde los países donde viven. Gabriel espera regularizar su situación para mejorar su calidad de vida y la de su familia. En tanto, Antoima nos explicó que es necesario manifestar solidaridad y empatía con las y los periodistas venezolanos en el exilio. Resaltó la importancia de la denuncia, investigación y condena de quienes agreden a los informadores.

Los ataques a la prensa limitan el derecho a la libertad de expresión.

En su plan de acción sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, la ONU pide fortalecer la organización, colaboración entre instituciones, sensibilización, fomento de iniciativas de seguridad, así como medidas de seguimiento. Por su parte, en 2022 el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas recomendó al Estado venezolano extremar medidas para proteger a las y los periodistas durante su ejercicio profesional.

Sobre la reparación del daño a periodistas víctimas de violación a sus derechos humanos, Antoima nos dijo que la mejor forma es la investigación y condena de quienes agredieron, ya sean del gobierno o civiles. “Es la mejor justicia que se puede recibir”, expresó.

Vivir en el exilio ha sido una de las decisiones más difíciles para Luisa, Gabriel y Marco, quienes emigraron forzosamente para garantizar su seguridad personal, familiar y profesional. Ellos huyeron del país donde nacieron, crecieron, estudiaron y trabajaron debido a que fueron agredidos, hostigados y vulnerados al ejercer el periodismo en contextos violentos.

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