La madrugada del domingo 2 de julio de 2017, Diana Velázquez Florencio fue desaparecida al salir de su casa en Chimalhuacán, Estado de México. La madre, el padre y la hermana de Diana comenzaron a buscarla esa madrugada, pero no la encontraron.
A las siete de la mañana de ese día, trataron de poner una denuncia por la desaparición de Diana en la procuraduría de ese municipio, pero las autoridades les ignoraron porque “todavía no habían pasado 72 horas”, recordó Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana, durante la jornada virtual “Violencia extrema contra las mujeres: de la desaparición al feminicidio”, organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (Unigénero UAM-I), el pasado 23 de noviembre.
Después de la negativa, la familia tuvo que seguir en la búsqueda sin las autoridades. Ésta fue la primera de las omisiones que cometieron los funcionarios públicos en el caso de Diana Velázquez.
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Debido a la gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas, Chimalhuacán cuenta con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde julio de 2015. Y una segunda AVGM enfocada a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, vigente desde septiembre de 2019.
La Alerta es un mecanismo que establece medidas de emergencia para erradicar la violencia en un municipio o alcaldía e incluye que el gobierno federal destine recursos extraordinarios para ayudar en la investigación, prevención y búsqueda. Una de estas medidas gubernamentales es la obligación de buscar de manera urgente a una mujer durante las primeras 48 horas a partir de que conozcan de su desaparición.
Esta violencia va en aumento y ha cobrado la vida de 2,326 mujeres por homicidio doloso (asesinatos intencionales) y 809 por feminicidio, de enero a octubre de 2021 en México, según cifras oficiales.
Además, en 2019, los niveles de impunidad alcanzaron 89% para homicidios dolosos y 51% para feminicidios. Pero este último porcentaje debe tomarse con reserva por el subregistro de víctimas de feminicidio, de acuerdo con la organización civil Impunidad Cero.
A Diana solo la buscó su familia
Alrededor de las 5 de la mañana del domingo en que Diana fue desaparecida, la policía municipal recibió la llamada de un vecino que denunciaba que había una persona sin vida en la vía pública, a unas cuadras de la casa de la familia Velázquez Florencio.
Era Diana, pero los agentes policiales identificaron su cuerpo como el de una “persona del sexo masculino”, según detalla este informe de Amnistía Internacional. Lo cual se sumó a la lista de negligencias.
Después de cuatro días de búsqueda, el 6 de julio de 2017, la hermana de Diana reconoció su cuerpo en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) del municipio de Nezahualcóyotl. La encontró en el suelo junto a otros cuerpos.
Amnistía Internacional constató más deficiencias en la investigación del feminicidio de Diana. La ropa que llevaba la joven nunca se analizó, no se resguardó y ahora no se sabe dónde está. Además, las autoridades tardaron más de un año en regresar al lugar de los hechos para buscar la ropa, entre otros errores que se describen en el documento.
Desde el primer momento “la indiferencia de las autoridades nos llenó de coraje y de indignación, llegamos con ansias de que nos hicieran caso y de que se unieran en la búsqueda que ya estábamos haciendo, pero vimos que a ellos no les interesaba”, afirmó Lidia Florencio.
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Justicia pospuesta
Durante tres años y pese a múltiples manifestaciones y protestas de exigencia de justicia para Diana encabezadas por Lidia Florencio, la Fiscalía Especializada de Feminicidios del Estado de México mantuvo archivado el caso.
Hasta que el 27 de julio de 2020, tras 22 días de un plantón que realizó Lidia Florencio junto a otras madres de víctimas de feminicidio, frente al Palacio Nacional y en medio de la contingencia por la COVID-19, la ex-secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, les informó de la aprehensión de Jesús Alejandro “N” por ser el “probable responsable del feminicidio” de Diana.
Luego de cuatro meses de juicio, se esperaba que el juez Martín Alvarado Arriaga dictara un veredicto el 9 de noviembre pasado, pero el abogado de Jesús no se presentó y la audiencia fue pospuesta para el 23 de noviembre, según expuso Lidia Florencio. Sin embargo, esta última audiencia también fue suspendida porque el abogado del presunto feminicida metió una apelación.
Autoridades no investigan con perspectiva de género
María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), afirmó en entrevista que el problema se encuentra en que las personas operadoras de la justicia y los peritos siguen teniendo “prejuicios” a pesar de haber recibido capacitación sobre la perspectiva de género.
Por tanto, no aplican “la debida diligencia ni la perspectiva de género en las investigaciones, lo que ocasiona que los hechos queden en total impunidad” y que “los asesinos estén libres”.
Esto a pesar que desde hace nueve años el Código Penal Federal estableció el delito de feminicidio y definió los criterios para investigarlo. Y desde 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoció la violencia feminicida.
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¿Pero qué significa la debida diligencia y la perspectiva de género?
Como en el caso de Diana Velázquez, las autoridades no resguardaron las evidencias del feminicidio, lo que es fundamental para demostrar científicamente las razones de género del asesinato; es decir, si la víctima presenta signos de violencia sexual, si tiene mutilaciones, si tuvo una relación sentimental con el violentador, si fue incomunicada o si el cuerpo fue expuesto en un lugar público, nos explicó la coordinadora del Observatorio.
En los casos donde se perdió el material probatorio y difícilmente se logrará saber qué pasó “las familias piden sanciones para las autoridades que impidieron saber quién asesinó a sus hijas”, nos comentó María de la Luz Estrada.
Por otro lado, señaló, “tenemos a un Poder Judicial que sigue solapando la violencia institucional que se genera cuando hay procesos de dilación” por los que no se emiten las sentencias.
Esto sucede en el caso de Diana Velázquez, pero también en el caso emblemático de Mariana Lima Buendía, por quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró una sentencia, en 2015, que obligó a las autoridades del Edomex a investigar con perspectiva de género su asesinato (cometido el 28 de junio de 2010 por su ex-pareja, Julio “N”), sostuvo en entrevista para Cuestione la abogada Patricia Olamendi Torres, ex-representante de ONU Mujeres.
El asesino de Mariana tampoco tiene una sentencia, aunque está preso desde 2017, como lo denuncia reiteradamente Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana y defensora de derechos humanos.
“Es ridículo que un caso juzgado por la Corte no lo resuelva un tribunal local (…) Un país que se llama democrático no puede tener los niveles de impunidad que tiene México”, nos dijo Olamendi.
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Piden Alerta de Violencia de Género en todo el país
Para Olamendi Torres el problema es mayor porque a la mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el “Programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” y el “Programa nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas” no han sido publicados.
Lo anterior es muy grave, ya que la ausencia de los dos programas significa que no hay política pública para combatir dichos delitos a nivel nacional y esto “atenta contra los derechos humanos”, explicó la activista feminista Yndira Sandoval en conferencia de prensa.
Frente al aumento “exacerbado” de la violencia y las omisiones de las autoridades, la red feminista Nosotras Tenemos Otros Datos exigió al Secretario de Gobernación la publicación de dichos programas y le presentó la solicitud formal para que emita la Declaración de Alerta de Género en todo el territorio nacional, el 24 de noviembre.
Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hubo movilizaciones por todo el país para exigir un alto a esta emergencia nacional. Veremos si el gobierno federal está dispuesto a escuchar y atender estas demandas.
