34 mil víctimas de la delincuencia, a la deriva por crisis en la Comisión para atenderlas

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“Regreso en 15 minutos”, fueron las últimas palabras que Isabel Ortiz Ortega dijo a sus hijas, Pamela e Isabel, antes de desaparecer el 21 de julio de 2014. 

Pamela, entonces de tan sólo 20 años, se hizo cargo de su hermana de 15 y de buscar a su madre desaparecida. Hoy, reconoce que de no haber sido por la ayuda de la  Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV), no hubiera podido realizar todas las diligencias requeridas que hoy tiene a los dos presuntos responsables detenidos. 

“Cuando debía ir a ver cuerpos y dentaduras, para ver si no coinciden con los rasgos de mi madre, la psicóloga de la CEAV siempre estuvo conmigo”, dice Pamela en entrevista con Cuestione

La CEAV fue creada en 2014, como sucesora de la Procuraduría Social de Víctimas (2011-2013), mejor conocida como Províctima. En respuesta a la reforma constitucional de 2011, una de las más importantes en derechos humanos en los últimos años, pues reconoce los derechos de las víctimas, como  recibir atención jurídica, médica y psicológica, participar en la investigación junto con el ministerio público y a la reparación del daño. 

La CEAV reconoce y atiende tanto a víctimas directas del delito (quienes son afectadas directamente por la comisión del delito) como a víctimas indirectas (familiares que sufren las consecuencias del delito. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, los hijos quedan en la orfandad y los cónyuges tienen que salir adelante en la crianza sin su pareja), conforme a la Ley General de Víctimas.

Ahora, con el decreto presidencial del 23 de abril pasado, por el que se establecen las medidas de austeridad para enfrentar la crisis por COVID-19, la operatividad de la CEAV está en riesgo, pues a pesar que los derechos humanos fue una de las supuestas excepciones del decreto, este organismo sufrirá –como muchos más– un recorte de 75% del presupuesto en su gasto corriente, el cual asciende a 139.4 millones de pesos

Sin embargo, tan solo los gastos básicos de renta, agua, teléfono y luz ascienden a 121.9 millones de pesos, de acuerdo con el comunicado de la misma Comisión

Las 34,215 víctimas que atiende la CEAV serán quienes terminen sufriendo las consecuencias, pues este recorte obligará a la CEAV a despedir al 30% de los asesores jurídicos –contratados con plazas irregulares y de outsourcing–. Como consecuencia de esto no se emitirán y habrá retrasos en la emisión de  resoluciones legales, análisis técnicos en derechos humanos para indemnizar a las víctimas, lo que llevará a que las víctimas sean revictimizadas, pues no tendrán acceso a la compensación, de acuerdo con el mismo comunicado

Además, los 32 Centros de Atención Integral de la CEAV, en donde son atendidas 7,200 víctimas mensualmente podrían cerrar, ya que no podrán pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet, y con ello la ayuda psicológica, social, médica y jurídica que recibían.

En medio de esta crisis, Mara Gómez renunció a la presidencia de la CEAV, a tan solo seis meses de haber sido seleccionada por el Senado para ocupar el cargo, tras haber sido propuesta a través de una terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también confirmó su salida, durante la conferencia mañanera del 19 de junio.

El CEAV, al igual que otros órganos, son productos de una demanda social. El recorte resulta preocupante porque esto deja sin operación cotidiana a la institución y ésta apenas tenía dinero para cubrir lo básico ¿Cómo se va a dar cumplimiento a la ley?”, explica Ana Joaquina Ruiz Guerra, experta en políticas públicas de la UNAM.

“No es una medida bien pensada. El trabajo que hacen las familias (para buscar justicia o a sus desaparecidos), muchas veces los pone en riesgo y el no contar con estos apoyos los vulnera aún más. El mensaje que el presidente da es que las víctimas están en segundo lugar en prioridades en su gobierno”, nos aseguró la defensora de Derechos Humanos, Miriam Pascual. 

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Viacrucis de una búsqueda

Isabel vivía con sus hijas en el Puerto de Veracruz. Su exmarido y padre de sus hijas residía en la Ciudad de México, desde que se separaron en 2012. Esa tarde de julio de 2014 que desapareció, Isabel salió de su casa para ir a ver un cliente que le debía dinero “a unas cuadras”, dijo sin dar más detalle. 

Cuando Pamela y su hermana notaron que su madre no regresaba, comenzaron a mandarle mensajes, llamarle, pero no respondió. Tres horas después de haber salido de su casa, una última señal prendió las alertas: la imagen de su perfil de Whatsapp había cambiado por la foto de un bebé desconocido. 

Esa misma noche, Pamela fue al Ministerio Público para denunciar la desaparición de Isabel, pero le pidieron que esperara 72 horas para iniciar la búsqueda. Lo único que hicieron fue mandar oficios a los hospitales y servicios médicos forenses, pasó una semana para que la búsqueda realmente comenzara. 

Una semana después, Pamela asistió con la foto de su madre en una manta a la marcha por desaparecidos en el Puerto de Veracruz. Ahí, uno de los familiares de las 61,637 personas desaparecidas en México le sugirió que fuera a la CEAV. “No van a buscar a tu mamá, pero te van a brindar acompañamiento y asesoría legal”, le dijeron.

Así fue. Funcionarios de la CEAV acompañaron a Pamela para levantar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad de México –hoy Fiscalía General de la República– y así, su madre pudiera ser incluída en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).  “La CEAV nos apoyó con todos los pasajes, comidas, hospedaje. Imagina gastar en todo eso, mientras buscas a tu mamá a los 20 años”, dijo a Cuestione.

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Presidentes efímeros y quejas, también presentes en la CEAV

Aunque cada presidente de la CEAV es elegido para un término de cinco años, ninguno ha llegado a término. El primero fue Jaime Rochín, quien se encargó de transformar a Províctima en la CEAV, después fue elegido Julio Hernández Barros (quien tras renunciar a la CEAV regresó al derecho litigante y defendió brevemente a Rosario Robles). Regresó Rochín en 2017, quien renunció al cargo en junio de 2019, tras lo cual fue propuesta y seleccionada Mara Gómez, quien ahora también renuncia.  

Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas acumuló más de 700 quejas o juicios de amparo en su contra, entre 2014 y 2019, relacionados con las diversas fallas de sus funcionarios, como imcumplir leyes, así como descuidar el cumplimiento de sus obligaciones y actos de opacidad, de acuerdo con un estudio de la organización de litigio estratégico en derechos humanos Idheas

Víctimas aseguraron haber sido revictimizadas en la institución, tener que realizar trámites demasiado extensos. Incluso, tuvieron que litigar contra la institución para ejercer sus derechos, aseguró Jorge González Hernández, integrante de Idheas, a La Jornada.

Pero ahogarla con un recorte presupuestal tan fuerte, “tampoco es la solución al problema”, dice Miriam Pascual. “Hay muchas cosas que mejorar, por ejemplo, que los asesores jurídicos contratados tengan experiencia en atención a víctimas, sepan de derechos humanos, que se generen mecanismos adecuados para que los recursos sí lleguen a las víctimas, entre otras cosas”.

Para muchas víctimas, como Pamela, la CEAV se convirtió en la única tabla que les permitió permanecer a flote en la búsqueda de justicia. Sin embargo, los efectos del recorte ya comienzan a reflejarse. Pamela asegura que la psicóloga de la CEAV que le ayuda a superar el trauma y ansiedad por la desaparición de su madre, no sabe si podrán continuar con la terapia. “Me ha dicho que no sabe qué va a pasar, incluso, ya sacó cosas de su oficina porque ella y sus compañeros tienen miedo de que un día lleguen, los despidan y ya no los dejen entrar. No sé cuando vaya a ser la última terapia”. 

Sigue la búsqueda por Isabel

Para buscar a su madre, Pamela tuvo que ir a decenas de lugares, tanto en Veracruz como en la Ciudad de México, desde ministerios públicos, juzgados, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta lugares alejados a desenterrar cuerpos. “Sin la CEAV, no hubiera sido posible”, reconoce.

Finalmente, la FGR detuvo a dos presuntos implicados en la desaparición de Isabel –un hombre y una mujer–, quienes niegan estar relacionados, pero que tenían en su poder el teléfono celular de Isabel, el cual aseguran haberlo encontrado tirado en la calle. Sin embargo, la geolocalización del celular confirma que ambas personas habrían estado cerca del lugar en donde se encontró el carro de Isabel. 

“Lo único que sé es que mi mamá le vendía maquillaje a la mujer y vivían cerca de mi casa”, narra Pamela. 

El caso no está cerrado. Errores en la integración de la carpeta de investigación podrían devolver la libertad a los dos únicos sospechosos y probables responsables. Pamela teme que los presuntos responsables queden libres y que, quizá peor aún, ahora sin el apoyo de la CEAV, no tenga los recursos para buscar justicia. 

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