La historia es añeja, como añejos son los vínculos de los políticos mexicanos con los narcotraficantes. Varios han sido encarcelados tras ser comprobados sus nexos criminales, pero no siempre fue así. En los años 70 del siglo pasado -para no ir tan lejos- hubo gobernadores que ayudaron a sembrar la semilla de lo que hoy es la hiedra venenosa de los cárteles que trafican drogas hacia Estados Unidos, y cuya raíz es tan difícil de arrancar.
Fue el gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968), quien facilitó que su escolta personal, Miguel Ángel Félix Gallardo -antes de que se convirtiera en el temible Jefe de Jefes-, se aliara con otros mandatarios estatales y le permitieran el paso de la droga hacia el país vecino.
Pero Sánchez Celis nunca pisó la cárcel. En cambio, solo fue acusado varias veces ante el entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, por el procurador de la República, Antonio Rocha, quien veía con desagrado la relación del gobernador con Félix Gallardo.
En 1968, cuando terminó la gestión del mandatario estatal, Díaz Ordaz exilió a Sánchez Celis, quien luego fue rescatado por el gobernador mexiquense Carlos Hank González (1969-1975), al llevarlo como su colaborador en la administración local.
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Otro gobernador sinaloense que protegió a Félix Gallardo -y que tampoco cayó preso- fue Alfredo Toledo Corro (1981-1986), cuyo mandato estuvo en la mira incluso de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por sus presuntos vínculos con otros jefes del narcotráfico, como Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix.
Irrupción de cárteles y caída de primeros narcopolíticos
Según especialistas en temas de seguridad, desde inicios de los años 80 hubo un arreglo implícito entre narcotraficantes y gobiernos locales y estatales, para permitir el trasiego de droga desde Sudamérica a EU por rutas fronterizas definidas, principalmente por tierra, a cambio de sobornos.
Además, se toleraba la producción de cultivos ilegales de marihuana y amapola principalmente en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Veracruz.
Desde 1987, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) tenía información para sospechar que el entonces candidato presidencial del PRI, Carlos Salinas de Gortari, y su hermano Raúl tenían vínculos con narcotraficantes, en particular con el Cártel del Golfo y su líder, Juan García Ábrego. Sin embargo, nunca se actuó contra ellos -al menos no por esos motivos-.
Uno de los primeros escándalos de la narcopolítica a fines del siglo pasado lo protagonizó Jesús Gutiérrez Rebollo, quien en 1989, como comandante de la Novena Zona Militar, detuvo a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Rebollo fue ascendido a general y se convirtió en director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, es decir, en zar antidrogas. Pero en el sexenio de Ernesto Zedillo fue acusado de vínculos con el narcotraficante al que había detenido. En 1997 fue condenado a 31 años de prisión.
De 1993 a 1999, el priista Mario Villanueva gobernó Quintana Roo y fue investigado por nexos con el Cártel de Juárez, que era encabezado por Carrillo Fuentes. Según la entonces PGR, Villanueva recibió entre $400,000 y $500,000 dólares por permitir el libre tránsito de estupefacientes en el estado. Fue detenido el 24 de mayo de 2001, extraditado a EU en 2013 y deportado a México en 2016 por su delicado estado de salud.
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El cáncer continúa…
En un fragmento de su libro El Licenciado -publicado en 2020 y que aborda las corruptelas del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la presunta complicidad del ex presidente Felipe Calderón con el narco-, el periodista J. Jesús Lemus enumera los juicios contra los ex gobernadores Jorge Torres (Coahuila), Eugenio Hernández y Tomás Yarrington (Tamaulipas), y Jesús Reyna (Michoacán), “todos acusados de permitir la operación de cárteles en sus estados durante sus gobiernos”.
Hasta ese momento –escribió Lemus– “la sociedad mexicana tampoco terminó por convencerse del grado de infiltración del crimen organizado, pese a las sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que llevaron al encarcelamiento a una larga lista de otros ex gobernadores, señalados de alta corrupción”.
En esa lista, precisó el periodista, están Roberto Borge (Quintana Roo), Javier Duarte y Flavino Ríos (ambos de Veracruz), Guillermo Padrés (Sonora), Andrés Granier (Tabasco), y Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes). Lemus también agregó los procesos contra Roberto Sandoval (Nayarit), César Duarte (Chihuahua), Rodrigo Medina (Nuevo León), Fidel Herrera (Veracruz), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), y Fausto Vallejo (Michoacán).
Otro ex gobernador que no viene en la lista de J. Jesús Lemus, pero que estuvo preso poco más de una semana por presuntos vínculos con el narcotráfico es Humberto Moreira (Coahuila), quien en enero de 2016 fue detenido en Madrid por la Policía Nacional de España.
Y es que la Fiscalía Anticorrupción de ese país lo investigaba por lavado de dinero y por sus posibles nexos con el cártel de Los Zetas, acusaciones que el ex mandatario estatal y ex dirigente nacional del PRI siempre negó y nunca se comprobaron.
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“Hasta entonces se suponía que el cáncer de la corrupción únicamente había tocado las estructuras de los gobiernos estatales y locales. Al menos así lo referían las detenciones de 16 alcaldes ocurridas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los cuales fueron encarcelados por la presunción de sus nexos con células del crimen organizado y de los cárteles de las drogas”, añadió el autor de El Licenciado.
De esos alcaldes presos, el caso más sonado durante el sexenio pasado fue el de José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, Guerrero, quien fue arrestado por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Se le acusó de complicidad con el cártel Guerreros Unidos para evitar una protesta contra su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien también fue detenida.
La “cereza del pastel” -hasta ahora- es Genaro García Luna, quien el 21 de febrero de 2023 fue declarado culpable de narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones por la justicia estadounidense. La protección que brindó el ex funcionario federal al Cártel de Sinaloa y su líder, Joaquín El Chapo Guzmán, a cambio de millonarios sobornos es una trama que aún no concluye, pues podrían verse implicados el propio ex presidente Calderón y otros ex funcionarios o ex gobernadores.
“El narco se extiende y subsiste gracias al poder político”
El investigador en temas de seguridad nacional Javier Oliva y el politólogo Jorge Márquez coincidieron en que los cárteles del narcotráfico necesitan de los gobernantes y funcionarios de seguridad pública, para afianzar sus dominios y extender sus zonas de control.
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“Según los Protocolos de Palermo del año 2000 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional), una de las características para que pueda desarrollarse el crimen organizado es la connivencia, convivencia, complicidad o miedo del poder político local. No necesariamente puede haber complicidad o colusión, puede haber miedo, desinterés o lo que tú quieras, pero es indispensable la concurrencia del poder político local (y no me refiero al gobierno federal)”, nos explicó Oliva.
“Una de las reglas básicas de la economía del crimen tiene que ver con la protección, la seguridad y ésa solo la puede dar el poder político; es un tipo de economía en la que se gasta mucho dinero en seguridad, y el único que puede proveerla porque es el que maneja a las policías y los aparatos de inteligencia, pues es el poder político”, nos señaló por su lado el académico de la UNAM Jorge Márquez.
El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales agregó que ante la presión de EU -ahora por el tráfico de fentanilo-, probablemente se va a tener que encarcelar a más gobernadores o ex gobernadores que estén o hayan estado coludidos con el narcotráfico.
Márquez nos mencionó el reciente caso de los hermanos Carmona (Sergio y Julio), empresarios tamaulipecos -el primero asesinado en 2021- investigados en EU por sus presuntos vínculos con el huachicol, y que además –según reportes periodísticos– financiaron campañas electorales de Morena en varios estados, y tuvieron relación cercana con Mario Delgado, dirigente de ese partido. “A lo mejor es percepción, pero parece que a Morena se le pasó la mano en el uso del dinero del narcotráfico”, concluyó el investigador.
