Hoy, 8 de marzo de 2022, las mujeres, madres y familiares de víctimas de desaparición y feminicidio, comunidad trans, colectivas y redes feministas toman las calles del país para exigir justicia, un alto al feminicidio, a las violencias machistas y a la criminalización de la protesta feminista; por la legalización del aborto, el respeto de todos los derechos humanos y que ellas y sus demandas sean prioridad para los tres niveles de gobierno.
Las feministas organizadas en múltiples espacios convocaron a marchar en todos los estados del país por el Día Internacional de la Mujer. A dos años de la pandemia por la COVID-19, se prevé una amplia participación en estas movilizaciones pues este 8M, 31 de las 32 entidades están en semáforo epidemiológico verde y solo Querétaro está en amarillo.
Igual que en 2021, la policía de la Ciudad de México blindó el primer cuadro de la capital del país con vallas metálicas. Pero de la misma forma que el año pasado, feministas colocaron la leyenda “México feminicida” sobre el muro metálico que cubre Palacio Nacional y que recibirá a los diversos contingentes que se concentrarán ahí.
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“En lugar del diálogo, de buscar qué es lo que está pasando, hay esta valla simbólica que sigue dándonos el mensaje de que lo más importante son los monumentos, no la vida de las mujeres. Diario están desapareciendo a nueve niñas y mujeres y no pasa nada”, señaló Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios durante la conferencia de prensa realizada por la Alianza de Redes Feministas Nacionales, este lunes 7 de marzo.
La agenda feminista es muy grande y diversa, pero el reclamo más urgente es saber qué están haciendo los gobiernos para prevenir el feminicidio y la creciente violencia machista, en un país donde, según datos oficiales, el año pasado fueron asesinadas diariamente 10 mujeres.
Algunas de las convocatorias denuncian la precarización y la explotación laboral y que durante la pandemia se agravaron: la violencia, la pobreza y todas las condiciones de vida de mujeres y niñas. También coinciden en que ni el gobierno federal ni los gobiernos locales han atendido la gravedad de estas problemáticas con la urgencia que se requiere.
“En México, la violencia, los feminicidios y los crímenes de odio siguen en aumento. Contrario a lo que dice el discurso oficial, los feminicidios no han disminuido. Se incrementaron en el 2021. Esta situación se agrava con la reducción del presupuesto a programas que atienden la violencia”, destacaron feministas de la asamblea ampliada de la Coordinación 8M, que este año convocan a marchar del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.
La Alianza de Redes Feministas Nacionales llamó a sumar esfuerzos ante la situación de emergencia nacional exacerbada por la pandemia y por la “austeridad republicana que favoreció el desmantelamiento de políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género”.
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AMLO insiste en criminalizar al movimiento feminista
Sin embargo, el movimiento feminista en México lidia también con la respuesta de un gobierno federal que se dice feminista, pero que a través del discurso presidencial ha estigmatizado y criminalizado la protesta feminista durante los tres años que van del sexenio, como lo reportamos en esta nota.
Este 7 de marzo, durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno tiene “información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, esa es una postura conservadora, reaccionaria en contra nuestra”.
“Hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y que no se caiga en la provocación y en la violencia. Y también lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos”, dijo.
En la Ciudad de México este 8M participan diversos contingentes, que salen de distintos puntos y horarios, desde las separatistas en las que solo se permite la participación de mujeres y otras donde familias y organizaciones completas marchan. Por lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum dispuso 3,000 policías mujeres “para el resguardo de la seguridad de las diversas manifestaciones”.
Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que según su información “tenemos que esperar una marcha muy violenta” pues han identificado a 15 grupos que presuntamente se organizan para generar violencia durante las movilizaciones.
Sin embargo, activistas feministas y organizaciones de la sociedad civil consideraron que estas declaraciones gubernamentales forman parte de la política de estigmatización del movimiento.
“La política de todos estos funcionarios es meter miedo, meter desorganización, decir que mañana casi casi es un día de anarquía en la Ciudad de México y que mejor no salgan. Porque saben de la fuerza con que mañana cientos de mujeres vamos a salir a las calles conscientes de nuestra organización y de la capacidad que tenemos para transformar ”, indicó la activista Patricia, integrante del colectivo Libres y Combativas.
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Exigen a AMLO y a gobiernos locales respeten el derecho a la protesta
Diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos solicitaron al gobierno federal, a los gobiernos municipales y estatales respetar las marchas, movilizaciones y protestas feministas. Piden también no desinformar sobre las razones que tienen las mujeres para movilizarse este 8M.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social exigió a las autoridades “cumplir su deber y abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las personas manifestantes, garantizando el derecho a la protesta social”.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, nos comentó en entrevista que su organización también hizo un llamado para que las autoridades locales respeten el derecho de las mujeres a la libertad de reunión y de expresión.
Después de las declaraciones del mandatario federal de este 7 de marzo, Amnistía también pidió a través de sus redes sociales al presidente y a las autoridades abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestantes feministas, quienes ejercen su derecho humano y legítimo a la protesta.
Piden “reconocer la legitimidad de las manifestaciones de las mujeres y, en particular, las que son en contra de la violencia contra las mujeres” y “reconocer que pintar consignas o símbolos, así como modificar monumentos, no puede ser considerados como actos violentos que den lugar al uso de la fuerza durante manifestaciones o detenciones”.
Amnistía explica que “las manifestaciones se deben considerar pacíficas y solo se pueden considerar violentas cuando hay uso de fuerza que puedan provocar lesiones o muerte”.
Represión contra feministas durante sexenio de AMLO
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos también alertaron que les preocupa la seguridad e integridad de las mujeres y defensoras de derechos humanos que se estarán manifestando en los estados de Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Querétaro, Sonora, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Chiapas, Yucatán, Campeche, Nuevo León, Durango, Quintana Roo, Baja California, Jalisco, Colima, Ciudad de México y Michoacán.
Y es que de acuerdo con sus recientes registros, las manifestantes en el país han enfrentado investigaciones en su contra, detenciones arbitrarias, la ejecución de cateos en sus domicilios y la emisión de órdenes de presentación ante autoridades penales, entre otras.
Amnistía Internacional documentó en su informe titulado “La era de las Mujeres” por lo menos 10 movilizaciones feministas (en Quintana Roo, San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Baja California, Sonora, Veracruz y Ciudad de México) en las que las instituciones de seguridad pública locales respondieron con excesivo e indebido uso de la fuerza y violaron los derechos humanos de manifestantes en el año 2020.
Por todo esto, el 27 de octubre de 2021, Amnistía Internacional y otras organizaciones civiles denunciaron la criminalización y represión de la protesta feminista por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
