Hasta ahora, la interrupción del embarazo está permitida por las leyes en Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Baja California y Colima para todas las mujeres que acudan a las clínicas de aborto legales, en donde se los pueden practicar de manera libre y sin tener que decir la causa que les lleva a tomar esa decisión hasta la semana doce de embarazo. En Sinaloa es hasta las trece semanas de gestación.
Dependiendo de la entidad, existen ciertas circunstancias -llamadas causales de no punibilidad-, por las que cada Código Penal no lo penaliza o considera un delito. En caso de violación, interrumpir un embarazo está garantizado a través de la Norma Oficial Mexicana 046.
Sin embargo, cada estado considera otras causales vigentes para interrumpir legalmente un embarazo. Entre esas causas están el aborto imprudencial o culposo (en 28 estados), peligro de muerte para la madre (26), riesgos para su salud (12), alteraciones graves en el producto (14) e inseminación artificial no consentida (11).
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Criminalización del aborto
En septiembre del año pasado, la Suprema Corte de México, tras una decisión histórica votada por unanimidad de los ministros en pleno, por medio de un fallo anuló la cárcel con la que se castiga la interrupción voluntaria del embarazo en algunos Estados del país.
Sin embargo, este fallo de la Corte es interpretado como una ‘semi-despenalización’. Lo que dice realmente es que es anticonstitucional o ilegal penalizar el aborto, pero eso no necesariamente quiere decir que el aborto es legal.
Es decir, el aborto no se va a quitar de los Códigos Penales estatales, simplemente las mujeres se pueden amparar para no ser encarceladas.
En 2018, la organización no gubernamental Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) documentó que entre 2007 y 2016, se hicieron más de 4,000 denuncias por el delito de aborto en todo el país, lo que equivale a una denuncia diaria.
Según el informe de esta organización, basado en solicitudes de información en todos los estados, 228 de esas denuncias terminaron en sentencia y 136 en condena de prisión.
Actualmente, en 24 estados se contemplan penas de cárcel que van de quince días hasta ocho años, por abortar antes de la semana doce de embarazo. Incluso en la Ciudad de México, se castiga con tres a seis meses la interrupción del embarazo si es después de la semana doce y en Sinaloa a partir de la semana trece.
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Derecho a la salud
Según la organización internacional Amnistía Internacional, casi todas las muertes por abortos inseguros podían haberse prevenido.
Los países con tasas menores de aborto son aquellos donde las personas, incluidas las adolescentes, tienen información sobre métodos anticonceptivos modernos y pueden acceder a ellos, y donde hay educación sexual integral disponible y acceso al aborto seguro y legal en términos generales.
Prohibir el derecho al aborto restringe un derecho básico a la salud para millones de niñas y mujeres que necesitan o quieren terminar con un embarazo.
Según la Organización Mundial de la salud, se estima que al año ocurren 25,000,000 de abortos clandestinos en países en desarrollo. A diferencia de un aborto legal realizado por un proveedor médico capacitado, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales.
Tan es así que los abortos inseguros son la tercera causa principal de muertes maternas en todo el mundo y provocan otros 5,000,000 de discapacidades en gran medida prevenibles, según la OMS.
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La vida y libertad de las mujeres en manos del poder judicial
La falta de legislación en México sobre este tema y esta restricción de derechos, ha obligado a que las mujeres busquen defenderse, amparo tras amparo, en los juzgados de sus estados.
Apenas el 23 de marzo, el juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió un amparo a una mujer para abortar sin ser criminalizada en Jalisco, donde aún es delito el aborto y no se ha actualizado la ley estatal con lo dictado por la Suprema Corte.
Este amparo se suma a otros obtenidos en el mismo sentido en Yucatán, Nuevo León y Quintana Roo, otros estados cuyos congresos locales no han armonizado sus leyes con la orden de la SCJN.
Abortar en México es al mismo tiempo un derecho y un delito que se regula a nivel estatal. Las personas que buscan abortar quedan en manos de los jueces que revisan los casos de mujeres criminalizadas por abortar en todo el país.
