Cuando Eugenia fue trasladada al quirófano ya la esperaban agentes del Ministerio Público. El hospital en el que se atendía informó a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes porque llegó después de que una ginecóloga particular le indicara que tenía un aborto en evolución.
Eugenia es una de las mujeres a quienes el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) acompaña, igual que otros casos que entre abril y julio de 2021 fueron denunciadas y criminalizadas por aborto en Aguascalientes, donde instancias de salud discriminan, violentan y revictimizan a quienes abortan, como lo documentaron en este reportaje.
Después de la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 7 de septiembre de 2021, que declaró “inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta” y se pronunció por “garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”, casos como el de Eugenia tendrán que ser cerrados.
Ante el fallo de la Corte, distintas fiscalías, procuradurías y juzgados comenzaron a trabajar para liberar a las mujeres presas por abortar. El problema que enfrentan es encontrarlas, porque muchas de ellas no están formalmente acusadas de abortar.
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Adiós a la penalización del aborto
El 24 de septiembre pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció, sin dar una cifra, que han identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo o por haber sido partícipes en el proceso y que ya trabajan para su liberación.
“Este es un trabajo en conjunto de la Segob a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas, además del Sistema de Justicia Penal”, detalló en un comunicado.
Además, el 12 de septiembre, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Conavim, llamó a revisar las acusaciones abiertas por el delito de aborto en el país.
”Las autoridades locales y federales debemos asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales”, dijo la funcionaria.
La Conavim también señaló que existen 432 carpetas de investigación abiertas por aborto entre enero y julio de este año en 27 entidades federativas. Los estados que tienen el mayor número de investigaciones son el Estado de México, con 93 casos; Nuevo León, 67, y la Ciudad de México con 52 casos.
El 8 de septiembre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brindará asesoría, representación y defensa “a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto”.
Para Verónica Cruz Sánchez, fundadora de la organización civil Centro Las Libres, las instancias de procuración de justicia de todo el país deberían estar buscando, liberando y cerrando carpetas de todas las mujeres criminalizadas por abortar.
Así lo explicó en la mesa redonda virtual “El fallo unánime e histórico de la SCJN en México. Diferencias fundamentales entre despenalización y la legalización del aborto”, organizada por la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En Guanajuato, dijo que “después de la decisión de la Corte, el Fiscal General del estado cerró las 24 carpetas que estaban abiertas por el delito de aborto, porque no tiene sentido que sigan abiertas, porque el delito está declarado inconstitucional”.
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Falta identificar a todas las sentenciadas por otros delitos relacionados con el aborto
Aunque estos casos no son los únicos. En el país hay más mujeres presas por otros delitos relacionados con el aborto, que son acusadas de infanticidio u homicidio calificado en razón de parentesco.
Pero “las autoridades ni siquiera saben dónde están, por lo que entre todas tenemos que buscarlas y hacer presión para liberarlas”, señaló Verónica Cruz.
Consideró que “el problema más serio que tenemos es con las mujeres que tuvieron abortos espontáneos, partos prematuros o emergencias obstétricas. Ninguno de estos tres eventos son delitos, sin embargo, sí están sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, por filicidio, por infanticidio, por omisión de cuidados, con sentencias de uno hasta 50 años de prisión”, como fue el caso de Eugenia.
De acuerdo con la investigación de GIRE, Maternidad o castigo La criminalización del aborto en México, “autoridades locales reportaron no sistematizar la información relacionada con el delito de homicidio en razón de parentesco por edad de la víctima”, por lo que “la ausencia de esta información imposibilita vislumbrar realmente cuántos casos de aborto o partos fortuitos son procesados como homicidios calificados”.
En abril de 2020, el gobierno federal promulgó la Ley de Amnistía con el objetivo de liberar a alrededor de 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
Sin embargo, la Ley de Amnistía ha operado con discrecionalidad, falta de criterios y presupuesto. La Comisión de Amnistía, a cargo de la Segob, ha sido negligente y no ha hecho su trabajo, como lo mostramos en esta nota.
De igual forma, el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado reveló, en agosto de este año, que el gobierno mexicano sólo ha liberado a cinco personas tras más de un año de aplicación de esta ley.
Cruz comentó que Las Libres están acompañando legalmente el caso de una menor de edad que está criminalizada por homicidio en razón de parentesco, en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado, en Yucatán. “Tenemos que hacer el amparo adecuado y pedir la reclasificación del delito a aborto” con el fin de liberarla.
De acuerdo con Verónica Cruz, el Instituto Federal de Defensoría Pública aprobó el 24 de septiembre pasado retomar los casos de mujeres que abortaron pero que tienen sentencias por estos delitos graves.
“Tenemos que hacer presión, pero también necesitamos voluntad política para que las fiscalías cierren todas las carpetas”, dijo.
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Criminalización y estigmatización del aborto, problema a erradicar
Como lo han documentado organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, como Las Libres y GIRE, existe un problema en México que tomará más tiempo erradicar: la estigmatización de quien aborta o decide interrumpir su embarazo.
Porque las mujeres que llegan a hospitales públicos con abortos en evolución se encuentran con trabajadores de la salud que llaman a los ministerios públicos y les abren carpetas de investigación, expuso Verónica durante la mesa redonda organizada por la UNAM.
Con las sentencias que resolvió la Corte en semanas pasadas, ya no hay obstáculos para acceder al derecho, “dejen de abrir carpetas, dejen de juzgar y sentenciar a mujeres que ni siquiera decidieron o quisieron abortar, sino que a consecuencia de su propio contexto de pobreza, de marginalidad, de violencia, están en las cárceles por abortar”, dijo Verónica Cruz.
“Se necesita una gran campaña, como la de COVID-19, donde todas las personas, especialmente las mujeres, las niñas y las personas gestantes se enteren de este derecho y de que ya no es un delito, que ya está declarado inconstitucional”, señaló a Cuestione.
Marea Verde exige liberar a todas las mujeres presas y derogar delito de aborto en todo el país
Este 28 de septiembre, Día de Accción Goblal por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, las diversas redes, colectivas y mareas verdes de varias ciudades del país se manifestaron para exigir que el aborto sea legal, seguro y gratuito en todo el país y la libertad de todas las mujeres presas por interrumpir un embarazo.
Además, diversas organizaciones feministas destacaron que los fallos de la SCJN, así como las despenalización del aborto en Hidalgo y Veracruz son victorias del movimiento de mujeres que ha luchado por este derecho durante décadas.
En 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.
Desde entonces este día se reivindica el derecho a acceder a abortos seguros, además de visibilizar los graves problemas salud y la mortalidad femenina a causa del aborto inseguro en la agenda pública.
