Por Scarlett Lindero y Raquel Prior
Mientras que en Argentina el Senado aprobó en un hecho histórico el aborto legal –hasta las 14 semanas–, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que para hacerlo en nuestro país hay que consultarlo con “el pueblo”.
Y es que el camino para que se despenalice el aborto aún es largo en nuestro país. Hasta ahora, solo dos de los 32 estados (Oaxaca y Ciudad de México) han reformado sus leyes a nivel local para legalizarlo, hasta la semana 12 de gestación.
Fuera de estas dos entidades, las mujeres que interrumpen su embarazo pueden ir a la cárcel hasta por seis años, según los códigos penales de cada entidad, como documentó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización que se dedica a defender la interrupción legal del embarazo, en el informe Maternidad o Castigo.
De enero de 2015 a noviembre de 2020, se abrieron 3,557 carpetas de investigación por el delito de aborto en todo el país, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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El peso y poder de la Iglesia Católica –en un país donde nueve de cada 10 personas practican esta religión, según el INEGI–, junto a la falta de voluntad política, son algunos de los obstáculos para que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito sea una realidad en México, de acuerdo con las expertas consultadas para esta nota.
Iniciativas congeladas
Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también vino la esperanza de la despenalización del aborto, pues Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, prometió desde 2018 que hacerlo sería parte de la estrategia de pacificación del país. Pero a dos años en el gobierno no ha enviado ninguna iniciativa al Congreso, en donde Morena tiene la mayoría.
Desde septiembre de 2018 se han presentado al menos 21 iniciativas en el Congreso para reformar distintas leyes para la no criminalización del aborto y su despenalización.
La mitad han salido de las bancadas de Morena (el partido que tiene la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados), de acuerdo con el Sistema de información Legislativa (SIL). Sin embargo, ninguna ha llegado a ser votada. Terminan desechadas o simplemente están congeladas en las comisiones legislativas.
Las iniciativas presentan distintas modificaciones: desde reformar el Código Penal Federal, la Ley General de Salud, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta la Constitución Política.
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El problema es que no hay voluntad política para que estas reformas avancen o se elabore un proyecto de ley único, pues no es prioridad en la agenda legislativa de este gobierno, nos dice Esperanza Arias, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser).
El propio López Obrador no ha expresado públicamente su postura y tampoco parece estar entre sus prioridades –como la construcción del Tren Maya o el nuevo aeropuerto–, nos dice Arias.
“Tenemos legisladores que sólo están viendo por sus propios intereses, entonces la agenda de las mujeres, y en particular el tema del derecho a decidir, no ha sido un tema de agenda electoral, todavía”, coincide la abogada Verónica Cruz, representante de la organización civil Las Libres, la cual defiende legalmente a las mujeres que enfrentan denuncias por aborto.
Creencias sociales y religiosas
“¡Si quieres paz, defiende la vida!”, es la consigna del Comité Nacional Pro Vida, una de las organizaciones que están en contra del aborto porque aseguran que protegen la vida desde la concepción del embarazo.
Estas organizaciones están conformadas por “grupos evangélicos y católicos. Y justamente la religión y las creencias morales juegan un papel importante en la educación sexual y cómo se ve el aborto en nuestro país. Sin embargo, éste es un tema de salud pública”, nos explica la socióloga Karina Leyva.
El aborto se considera un problema de salud pública, pues al no reconocer ni garantizar estos derechos, el Estado propicia que las mujeres aborten de forma clandestina, en condiciones insalubres que ponen en riesgo su vida. Además, hay niñas y adolescentes que son obligadas a continuar con un embarazo no deseado que por su edad representa un alto riesgo, de acuerdo con la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
El aborto, ¿un tema a consulta?
En distintas ocasiones López Obrador se había negado a opinar sobre el aborto. En el primer año de su gobierno, cuando le preguntaron en una conferencia mañanera sobre su postura, su respuesta fue: “tengo bastantes asuntos que atender… jeje”.
Y hace unos días propuso someter a una consulta popular la despenalización del aborto en el país por tratatarse de un tema “muy polémico”.
Si bien su gobierno ya ha hecho consultas para que el “pueblo” vote por la construcción de un aeropuerto, para saber si está o no de acuerdo con enjuiciar a expresidentes, no puede hacerlo con el aborto, pues es un derecho humano y los derechos no se ponen a consulta. El Estado los tiene que garantizar, como dijo la diputada Martha Tagle.
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¿Cuáles son los caminos legales para despenalizar el aborto?
El aborto es un tema controversial en todo el mundo, pero en casi 60 países –entre ellos Rusia, Estados Unidos, China, Cuba y ahora Argentina– las mujeres tienen acceso a la interrupción del embarazo legal y seguro, de acuerdo con el de acuerdo con el Centro por los Derechos Reproductivos, organización civil estadounidense.
En países como Brasil, Paraguay, Guatemala, Venezuela o Chile, entre otros, la interrupción del embarazo sólo puede realizarse si la vida de la mujer corre peligro. México está dentro de este grupo, pero en algunos de sus estados está permitido por otras causas como la violación, de acuerdo con la organización civil.
El Estado mexicano tiene la facultad de despenalizar el aborto desde hace 13 años, cuando la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) le hizo la recomendación de armonizar al estandar de la CDMX a todo el país, es decir, de legalizarlo como sucedió en la capital. Pero lo ha ignorado, nos explica Verónica Cruz.
El camino para que las mujeres puedan acceder a la interrupción legal del embarazo en México es distinto a otros países. Aquí la iniciativa debe presentarse en cada uno de los 32 congresos estatales y hay diferentes vías para hacerlo posible, comenta Cruz.
El problema federalista
En la primer vía se plantea la despenalización del aborto, es decir, eliminar el delito de aborto de los 33 codigos penales (incluyendo al federal). Pero debe vigilarse que no sólo se realice en este último, ya que cuando se procesa a una persona por aborto, no se utiliza el federal, sino el código penal de su estado, explica Veronica Cruz: “sólo va a servir como bandera para decir que ya lo despenalizaron en el federal, pero a las mujeres no les va a servir para nada, porque el delito se define en cada estado”.
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Otra opción sería presentar la iniciativa y legislar estado por estado, aunque puede ser aún más tardado. “Entre la despenalización del aborto en CDMX y Oaxaca pasaron casi 11 años; si nos atenemos a eso, imaginemos que cada 10 años podríamos esperar que un congreso local elimine o legalice el aborto, en unos 100 años más o menos podríamos cubrir todo el país”, comenta Veronica Cruz.
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¿Entonces qué hacer?
La otra alternativa es que el López Obrador presente una iniciativa para reformar la Constitución Política del país y legalizar la interrupción del embarazo a nivel nacional, pero, como explica Veronica Cruz, “eso pasa por la voluntad política del presidente (además es necesario que 17 de los 32 estados lo aprueben), y no sé que se vea más lejano, si la voluntad política del presidente o que se legisle estado por estado”.
Es urgente despenalizar el aborto pues las mujeres que son procesadas por este delito frecuentemente son pobres o están en situación de marginalidad, viven en zonas rurales o indigenas, nos explicó Cruz.
Además no se castiga sólo por abortar, sino también por delitos relacionados con éste como como homicidio, infanticidio y omisión de cuidado, es decir, si las mujeres tienen partos prematuros, emergencias obstreticas o abortos espontaneos corren el riesgo de ser doblemente juzgadas y sentenciadas, lo que es muy grave porque las sentencias aumentan y en lugar de ser seis años en prisión, se convierten en 30 o 40, nos dice la abogada.
Aún hay muchas barreras legales, sociales y políticas para que las mujeres puedan acceder a un aborto sin ser criminalizadas y señaladas, el problema es que para el gobierno no es prioridad que esté en riesgo su vida o que sean encarceladas.
