México, cementerio de activistas: van al menos 30 asesinados en el gobierno de AMLO

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Jaime Jiménez Ruiz era parte de un movimiento de defensa del Río Verde, en Oaxaca, el cual se oponía a la construcción de presas y proyectos hidroeléctricos impulsados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El 28 de marzo de 2021 lo asesinaron a balazos, mientras se trasladaba a una comunidad. Hasta el 1 de abril no se ha abierto ninguna carpeta de investigación sobre su homicidio.

El caso de Jiménez Ruiz, se suma a los de otros 30 activistas que también han sido asesinados en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 18 de ellos en 2020, de acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Fidel Heras, defensor comunitario de la misma localidad en Oaxaca, también fue asesinado el 23 de enero de 2021, las autoridades reportaron que días antes había recibido una amenaza de muerte. 

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“Con este nuevo crimen contra un ciudadano de Paso de la Reyna, se sigue aumentando la inseguridad en la comunidad de apenas 500 habitantes”, advierte en su comunicado el organismo Servicios para la Educación Alternativa (Educa). 

México es el tercer país más peligroso del mundo para ser activista o defensor de derechos humanos, después de Colombia y Brasil de acuerdo con el informe de la relatoría especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los defensores de derechos humanos. 

Y la amenaza para ellos, en muchos casos, se encuentra dentro del gobierno, pues nueve de cada 10 agresiones registradas contra activistas se cometen por parte de autoridades estatales, reveló el Informe del Comité Cerezo México

¿En qué les ha fallado el Estado? 

Cuando una persona defensora de derechos humanos o periodista es asesinada, es un claro ejemplo que el Estado le falló en todo, nos dice Itzia Miravete Veraza, coordinadora de documentación y seguimiento de casos de la organización Artículo 19. Pero ¿en qué debería estar trabajando el gobierno antes de llegar a esto? 

“El primer fallo se encuentra en la falta de prevención, es decir, el Estado no está generando condiciones para que las personas periodistas y activistas puedan realizar su labor de forma segura”, explica Miravete Veraza.

El segundo error es la falta de protección a estas personas, pues una vez que ya estaba en riesgo tuvo que haber hecho algo para protegerla y evitar que la agresión directa ocurriera, de acuerdo con la especialista.

Y la tercera falta tiene que ver con el combate a la corrupción, ya que si no se investiga correctamente el asesinato de una persona periodista o defensora de derechos humanos el mensaje que se envía al agresor es “tú puedes seguir agrediendo, nada te va a pasar”, ahí se inicia un ciclo de violencia. 

Por último, la reparación del daño tiene que ser integral, contar con medidas de no repetición y lo que se tendría que buscar es revertir las condiciones, concluye Miravete Veraza.

Además el mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (un instrumento que debe garantizar la protección de activistas y periodistas que sufren agresiones por su labor) tuvo un recorte de alrededor de 167 millones para completar el año fiscal, debido a la política de austeridad del gobierno implementada desde el año pasado, de acuerdo con Red TDT

Esto ha ocasionado que el mecanismo se debilite y esto se vea reflejado en la falta de actuación, es decir, no reportan acciones realizadas dentro de los planes de protección y no tienen información sobre el avance de las investigaciones o del proceso penal, de las instituciones que conforman y participan en la Junta de Gobierno, como es el caso de la FGR, la CNDH y la CEAV. 

Incluso se identificaron obstáculos en la implementación de algunas medidas específicas como rondines de seguridad, pues no hay personal suficiente y se desconocen las medidas sanitarias adoptadas por el personal de escoltas, de acuerdo con Red TDT

A continuación te contamos algunas historias de activistas asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: 

Para saber más: Isabel Cabanillas, la 21 activista asesinada en el sexenio de AMLO

Ambientalistas dan su vida por los territorios

Carlos Marqués Oyarzábal, defensor de los bosques y comisario del poblado de Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero, fue asesinado el domingo 4 de abril de 2021 por un grupo delictivo. 

El activista formó una policía comunitaria para defender la madera de los bosques de su comunidad, en esta labor llevaba 20 años, de acuerdo con Observatorio por la Paz y el Desarrollo de la Sierra del estado

Los familiares de Marqués Oyarzábal, entre ellos menores de edad, solicitaron la intervención del gobierno pues recibieron amenazas por parte de los grupos delictivos que operan en esa zona. 

El 6 de abril denunciaron que aunque pidieron ayuda cuando se llevaron a Marqués Oyarzábal nadie los escuchó, también mencionaron que debido a las amenazas en su contra ya no pueden salir de la casa en la que están refugiados y la comida se les está terminando.

En 2020, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Morelos, Veracruz y San Luis Potosí fueron los estados en donde asesinaron a activistas cuya lucha tenía que ver con el medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades de la que eran parte, como documentó el diario Milenio

En la mayoría de los casos se observa que los activistas desaparecieron o fueron secuestrados unos días antes de su asesinato, como le sucedió a Homero Gómez, defensor del Santuario de la Mariposa Monarca, quien desapareció el 14 de enero de 2020. Dos semanas después encontraron su cuerpo. A más de un año de este suceso aún no se sabe quién cometió el crimen. 

El 27 de enero de 2019, Raúl Hernández Romero se dirigía a su trabajo en el Santuario de la Mariposa Monarca, también en Michoacán y ya no se supo más de él. Días después encontraron su cuerpo en el predio Las Balsitas, en la cima del santuario El Campanario, ejido El Rosario, municipio de Ocampo. 

Se cree que los asesinatos de Homero Gómez y Raúl Hernández se debieron a la tala ilegal del bosque

Samir Flores fue asesinado fuera de su casa el 20 de febrero de 2019, dos días antes de la consulta popular sobre el proyecto de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, al que él se oponía desde 2011, pero su lucha se intensificó durante los últimos meses de su vida. 

Un tercio de los ataques contra activistas están vinculados a la oposición a proyectos de energía (hidráulica y eólica), de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, 2019. En este estudio se registraron cerca de 500 ataques contra ambientalistas entre 2012 y 2019. 

Días antes de la muerte de Samir Flores, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “radicales de izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, del cual Samir era miembro. 

La estigmatización es un factor que puede vulnerar aún más a las y los activistas, además “es utilizada de forma habitual para deslegitimar y menoscabar la defensa de los derechos humanos”, de acuerdo con el mismo informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).  

Para saber más: Pleito de AMLO con periodistas abre la puerta a más agresiones desde otros frentes

Odio contra activistas transexuales 

El año pasado se registraron siete asesinatos de activistas transexuales. De estos, al menos seis fueron considerados crímenes de odio. 

“Estos (crímenes de odio) son motivados por intolerancia a otro grupo social, basado en la raza, sexualidad o género. Se cometen con extrema violencia, hay una intención que anima a la persona que odia a lastimar y hacer sufrir con extrema violencia a quien está siendo víctima. Se ensaña en contra del cuerpo de la víctima incluso ya muerta”, explica Medina Trejo

En el caso de los ataques a personas LGBTI podrían deberse al “gran machismo que se ve violentado por la homosexualidad o el amaneramiento; o por la forma de ser o vestir, por el odio hacia la comunidad LGBTI”, dice el activista.

Jeanine Huerta fue asesinada el 27 de agosto de 2020 en su casa, era conocida por su activismo y defensa de los derechos de las personas transgénero, travestis, trabajadoras sexuales y personas con VIH en Baja California.

En septiembre, Leslie Rocha fue encontrada sin vida, envuelta en una sábana con múltiples huellas de violencia, al interior de su departamento en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un mes después, Itzel Durán, joven transexual de 19 años, fue asesinada en su casa en Comitán, Chiapas, por dos hombres que la apuñalaron. 

En el informe de la relatoría especial se registraron 1,323 asesinatos de defensores de derechos humanos entre 2015 y 2019 en América Latina, de los cuales 45 casos eran personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales.

En México defender el territorio y luchar por tus derechos puede ser muy peligroso, pues el Estado no nos garantiza condiciones en las que podamos levantar la voz contra las injusticias. 

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