Adopción, el tema olvidado que deja en el abandono a las niñas y niños de México

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El teléfono sonó por fin el 2 de abril. Erika y Edgar esperaron esa llamada por más de un año. “Vengan a entrevista el lunes, para explicarles el proceso”, dijo la voz al otro lado del auricular. 

La llamada venía del Centro de Estancia Transitoria de Niñas y Niños de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). “Había dos niños listos para adoptar”, nos dice Erika en entrevista. “Fuimos muy nerviosos, pero sobre todo, emocionados. Hace más de un año habíamos ido a pedir informes, porque deseamos con todo el corazón convertirnos en padres, pero por la vía biológica no ha sido posible”. 

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A este centro llegan niñas y niños que a sus cortas edades han conocido el infierno: violencia, explotación –en todas sus formas– y abandono. Cuando finalmente son “rescatados” e ingresados a una institución ese infierno no termina, pues se encuentran en incertidumbre jurídica, pues sus familiares biológicos aún tienen su patria potestad, hasta que un juez no dicte lo contrario, lo que puede dejarlos años en una institución. 

“Es como si estuvieran en un limbo. Se quedan en una caja negra hasta que cumplen 18 años y los echan”, nos dice Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), una de las organizaciones más respetadas en cuanto a la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.

Erika y Edgar acudieron puntuales a su cita. Ahí, durante casi dos horas, les explicaron los pasos del proceso de adopción y les solicitaron una treintena de documentos, que debían reunir en tres días. “¡Nos pidieron hasta el Buró de Crédito! Nos pareció un poco ridículo, pero comenzamos a juntar todos los papeles sin chistar porque estábamos contra reloj”, relata Erika. 

Un día después de esa reunión, la misma funcionaria que los atendió, Penélope Trueba, les pidió que volvieran a ir. Cuando llegaron, la directora general del albergue, Eva Trinidad Almeida Alarcón, les dejó caer un balde agua fría con una sola frase: “Hemos decidido que no son aptos para ser padres adoptivos porque aún no superan el duelo de no tener hijos… Les estamos haciendo un favor al no recibirles los papeles porque van a sentir más feo después”.  

Así, sin pruebas psicológicas de por medio y solo tras una plática informal que la pareja sostuvo con Trueba García –funcionaria que, de acuerdo con el Registro Público de Cédulas Profesionales, es pedagoga y no psicóloga– rechazaron a una pareja que buscaba sacar del abandono a un niño o niña.

“Esto, a todas luces, es una acto de discriminación”, nos dice la abogada experta en adopciones Verónica Palestino Leal, al consultar su opinión sobre el caso. Martín Pérez concuerda: “Les negaron un servicio de una manera discriminatoria y discrecional”. 

Solicitamos a la FGJ-CDMX su posición al respecto, sin que al momento de la publicación hubiesen dado respuesta.

Lamentablemente, este tipo de actos y decisiones discrecionales no son la excepción sino la norma. 

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Irregularidades y corrupción abren el camino al mercado ilegal de adopciones

Ninguna autoridad en México sabe cuántos niños y niñas hay en centros de asistencia y albergues en el país, ni cuál es su situación jurídica, coinciden García Pérez y Palestino Leal.

Esto a pesar de que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –aprobada en 2014, después del escándalo de Mamá Rosa, quien lucró con los donativos que conseguía para su albergue en Michoacán– establece que el Sistema Nacional DIF (SNDIF) debe contar con un “registro, permanentemente actualizado, que incluya niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción”. 

Sin embargo, al preguntarle al SNDIF, vía transparencia, por las estadísticas de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia, éste dio cuenta únicamente de los menores que están bajo su cuidado directo en los seis centros que maneja, que para 2020 sumaban 185; una cifra alejada de los 26,000 menores de 15 años que el INEGI contabilizó en casas hogar en el Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015. 

“Esto es una omisión dolosa, por el dolo de no hacerlo. Hemos estado insistiendo recurrentemente, pero aún no se hace”, advierte Martín Pérez.

En todo 2020, en México se concluyeron solo 23 adopciones de menores de edad ante el SNIF. Para darnos una idea de la cifra, en la capital argentina de Buenos Aires (con 16.6 millones de personas) se realizaron en el mismo año 107 adopciones. Y en Estados Unidos (con 328 millones de habitantes) en 2019 fueron 66,000, de acuerdo con sus datos oficiales.

Los obstáculos administrativos para que se realicen adopciones provocan el estancamiento en los juicios. Los niños llegan recién nacidos y para cuando tienen cinco años no han sido adoptados”, dice Palestino Leal. 

Esto representa una omisión a una ley nacional, sino una violación a los Derechos de la Niñez, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas desde 1959, entre los que se encuentra el derecho a vivir en familia. 

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Corrupción y la urgencia de una ley nacional de adopciones

Erika y Edgar intentaron reportar las irregularidades que vivieron ante la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, encabezada por Laura Borbolla, pero la respuesta fue: “deje sus datos, nosotros nos comunicamos”. No han vuelto a saber de ella. 

“El sabor que me deja todo esto es que hay corrupción. Me parece muy raro que un día me hablen y al día siguiente de repente ya no soy apta, por una opinión ridícula. Quizá esperaban que les ofreciera dinero y como no lo hice, por eso me rechazaron”, dice Erika. 

Los trámites de adopción están rodeados de mucha corrupción y discrecionalidad, advierten Pérez García y Palestino Leal. 

Los ejemplos sobran: Mamá Rosa en Michoacán, en donde fomento la adopción ilegal de niñas y niños, que muchas veces nacían de madres adolescentes dentro de su propio albergue; la red de tráfico de niñas y niños desde el DIF de Sonora, descubierta en 2017, tras la que se desconoce el destino final de 682 menores, faltan documentos en 110 procesos de adopción y por la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación; en Baja California, en 2015, también se reportaron adopciones ilegales. 

Las personas expertas consultadas coincidieron en que las condiciones actuales de los procesos permiten que se creen redes de corrupción. “Es la cultura del mercado del niño”, dice Martín Pérez. “Esta absoluta discrecionalidad hace que los procesos de adopción ilegales sean más atractivos”. 

Para combatir estas redes urge una ley nacional de adopciones que facilite la adopción de los niños y niñas para que éstos puedan vivir en familia y pasen el menor tiempo posible institucionalizados, pero también para homologar los procesos en todo el país; que exista un padrón de niños y niñas en instituciones; y se transparente cuántos de ellos son susceptibles de ser adoptados.

“Al no tener una ley nacional, cada entidad federativa tiene una forma muy discrecional de operarlo”, advierte Pérez García. 

Sin embargo, legislar respecto a las adopciones parece no tener urgencia en la agenda legislativa, “como los niños y niñas no dan votos ni dinero”, dice Palestino. 

Niñas y niños esperan de 3-5 años para ser adoptados

Los procesos para adoptar toman años. Esto implica que un niño o niña que llega al sistema a edad temprana (digamos a los tres años de edad) probablemente pase toda su primera infancia (hasta los seis años de edad) institucionalizado, en detrimento de su desarrollo emocional e incluso físico, coinciden las personas expertas consultadas. 

“El tiempo de vida de la niñez pasa y ya no se recupera, esto afecta a su desarrollo cognitivo, metabólico y con su proyecto a futuro. No es lo mismo pensar en el futuro desde un albergue, que hacerlo en el seno de una familia”, advierte Martín Pérez.

Cuando un niño llega a una institución, un juez civil debe determinar su situación jurídica, para ello, primero buscan a sus padres biológicos, luego a sus familiares cercanos. Y hasta que fracasan estos intentos se puede resolver la pérdida de la patria potestad del menor.

“Ahí lo que se privilegia es el derecho de los padres a ser padres, no el derecho del menor a vivir en familia, con una familia que los adopte y les dé amor, protección y cuidados”, dice Palestino Leal. “En 15 años que tengo de práctica en procesos de adopción, ni una sola vez he visto que los padres o la familia biológica recoja al niño”.

Mientras tanto, los niños y niñas esperan en instituciones entre tres y hasta cinco años, en promedio, para poder ser adoptados. 

Junto a una ley de adopciones, también se necesitan jueces especializados en el tema, que privilegien los derechos de los niños y no los de los adultos. “En México lo que sobran son parejas que desean adoptar, lo que falta es una ley que lo permita”, dice Palestino.

Enfrentarse a este sistema de adopciones para las miles de parejas que desean adoptar, como Erika y Edgar, puede llegar a representar un reto emocional. “Que me cerraran la puerta a la adopción fue como tener otro aborto. Me deshizo. Si no puedo ser madre biológica y una funcionaria cree que no puedo ser madre adoptiva, ¿qué hago con todo el amor que tengo para un hijo o hija?”. 

Entonces Edgar, quien se había mantenido en silencio la mayor parte de la entrevista, abraza a Erika y dice: “Yo tampoco estoy bien, pero no me puedo quebrar por ella. Para los dos ha sido un golpe muy fuerte”.  

Tus derechos

Si estás pensando en adoptar debes saber esto:

  • Recuerda que el interés del menor está por encima de cualquier otro interés. 
  • Ármate con paciencia para un trámite largo y tortuoso.
  • Cualquier trámite es gratuito. 
  • Puedes acudir tanto a centros de asistencia públicos como de asistencia privada.
  • No te pueden discriminar para ser madre o padre adoptivo por ninguno de los siguientes motivos:
    • Por no ser rico.
    • Por ser soltero.
    • Por tener una pareja de tu mismo sexo.
    • Por tener otros hijos (biológicos o no).
    • Ni por tu edad, religión o raza.

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