México, el más contaminante de América Latina
La Cuarta Transformación apostó por la rehabilitación de las refinerías para la producción de combustibles; esto, en detrimento de invertir en las energías renovables, que son las menos contaminantes.
De entrada, ¿qué son las energías renovables?
Son aquellas que se crean de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados. Estas energías no liberan emisiones contaminantes (gases de efecto invernadero) y se renuevan a sí mismas, como la que se produce a partir del viento, del agua o de la luz del sol en los parques eólicos, las hidro y las termosolares, respectivamente.
Al nuevo gobierno pareció no interesarle saber que en el año 2015, el Estado mexicano firmó el Acuerdo de París (un pacto mundial para erradicar el cambio climático) y se comprometió a que en 2024 tendría una capacidad instalada para la producción de estas energías del 35%.
Al cierre del primer semestre de 2018 la generación por fuentes limpias alcanzó 24.12 % (40,499.01 GWh), menos de un punto porcentual para cumplir la meta del 25 % de generación de energía limpia establecida por México en la Ley de Transición Energética.
¿Qué energías quiere la 4ta Transformación?
Lejos de continuar en el cumplimiento de estas metas, el tipo de energía a la que le apuesta López Obrador proviene de los combustibles fósiles (como el carbón y el petróleo), y es una de las mayores fuentes de contaminación del planeta.
El dióxido de carbono es uno de los principales gases contaminantes del medio ambiente; en 2015, el 64% de estas emisiones provino del consumo de combustibles fósiles. Y, lamentablemente, México ocupó el lugar número uno en América Latina en la emisión de gases de efecto invernadero; y el 9 a nivel mundial.
Vaya acción gubernamental de López Obrador: en lugar de disminuir estas emisiones, la nueva administración quitó presupuesto a la generación de energía renovable y sumó dinero a los hidrocarburos.
Del gasto público en energía, 57% se destina a hidrocarburos; esto es, a impulsar la exploración, producción y refinación del petróleo, según el informe Implicaciones del Paquete Económico 2019. En concreto, el plan de esta administración es incrementar la producción y explotación petrolera, rehabilitar seis refinerías y construir una nueva, y modernizar las termoeléctricas.
No así con las energías de otro tipo; por ejemplo, este año la Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló la licitación de una superautopista de corriente de alto voltaje para transportar energía de las centrales eólicas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hacia el centro del país.
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De acuerdo con declaraciones del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, las energías renovables son una farsa. “Se hace toda una campaña de que las energías limpias son las más baratas y es mentira (…)”, declaró en conferencia de prensa el pasado 28 de marzo.
Respetar los derechos humanos, el otro gran reto
Sin embargo, no bastaría con que el gobierno desarrollara este tipo de proyectos de inversión. El reto de la nueva administración federal es no repetir el error de las administraciones pasadas: lograr la inversión y las energías limpias sin violar los derechos humanos de las personas que habitan los lugares donde se instalarán los proyectos.
Y es que en menos de cuatro meses, López Obrador ya dio pistas de cómo sería la instalación de los mismos:
Ahí está el caso de la termoeléctrica en Morelos, para la cual hizo una consulta popular (y no indígena, como marca la ley) que se llevó a cabo en febrero pasado, horas después en el asesinato del activista Samir Flores, quien se oponía a la construcción del complejo.
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Y ahora, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, -la zona con el mayor potencial de energía eólica en el país- la Secretaría de Energía reinició el proceso de consulta indígena para la instalación de un parque eólico.
Sin embargo, la población ha argumentado que ésta no puede llevarse a cabo porque continúan en la reconstrucción de sus comunidades tras los sismos de septiembre de 2017, y a que varios de los permisos para este proyecto se otorgaron en condiciones irregulares (antes de consultar e informar a la población afectada).
¿Qué sigue?
De acuerdo con Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., (CEMDA), el plan de la actual administración es aumentar la capacidad instalada del Sistema Nacional de Refinación en 300 mil barriles diarios de refinados y llegar a un total de 1 millón 600 mil barriles diarios de refinados.
Para ello se propuso la construcción de la refinería en Dos Bocas, que es un proyecto que fue denunciado ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por no tener la Manifestación de Impacto Ambiental y porque el desmonte del terreno se dio sin los permisos de cambio de uso de suelo.
En lugar de corregir los errores de las administraciones pasadas, ¿la nueva administración propone una política energética más contaminante y más irregular?
